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La Justicia anuló los indultos que beneficiaron a militares uruguayos

El juez Guillermo Montenegro consideró “abstracto” el efecto de los indultos porque las desapariciones son delitos permanentes que siguen sucediendo después de dictado el perdón por Carlos Menem en 1989.

El juez federal Guillermo Montenegro resolvió anular los indultos, otorgados por el ex presidente Carlos Menem, a los militares uruguayos que, en el marco del Plan Cóndor, colaboraron en el centro clandestino que funcionaba en Automotores Orletti, en el barrio de Flores. Para Montenegro, que en agosto del año pasado dictó prisión preventiva a 18 represores argentinos, la cuestión ahora resulta abstracta tal como fue planteada inicialmente porque el indulto de un delito permanente, como la desaparición forzada de personas, no produce su efecto respecto del indultado si, luego de la fecha del decreto del indulto, el delito se sigue cometiendo porque las víctimas no aparecen.

Mientras se espera una respuesta de la Justicia uruguaya, en Montevideo permanecen detenidos por el caso Gelman los oficiales retirados Ernesto Rama, José H. Gavazzo, Jorge Silveira, el ex capitán del Ejército José Ricardo Arab y el ex policía Ricardo Medina. Todos ellos fueron trasladados recientemente a centros penitenciarios más vigilados, luego de que otro militar imputado, Gilberto Vázquez, se fugara de un hospital y fuera capturado nuevamente, disfrazado de mendigo en las calles de Montevideo. Los represores no fueron juzgados en su país por estar amparados por la Ley de Caducidad. El año pasado el juez federal Norberto Oyarbide había exhortado a sus pares en Uruguay para que se los extradite. En 2001, otro juez argentino, Rodolfo Canicoba Corral había hecho la misma solicitud que fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia de Uruguay.

Los cruces entre las justicias rioplatenses referidos al accionar de las dictaduras en ambos países se remontan hasta el año 1985. Fue el juez argentino Néstor Blondi el primero en pedir la extradición de algunos militares uruguayos, su pedido fue cajoneado en Montevideo por un año, hasta que en el ’86 se votó una ley para invalidar las acciones penales, simultánea a la ley de Punto Final. Diez años después, en septiembre de 1996, el capitán de navío Jorge Tróccoli admitía haber participado como delegado de inteligencia uruguaya en la ESMA. “La guerrilla, en esos años, pasó a ser un enemigo común (con Argentina) –había dicho Tróccoli– entonces, ambas fuerzas armadas también teníamos que coordinar las acciones.” Los represores, al parecer, han tenido menos problemas para actuar conjuntamente que los jueces. No es un dato menor que de los 164 uruguayos desaparecidos, 127 de ellos estaban en Argentina.

Preocupado por esta situación, el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti había pedido a su colega Menem que incluyera en los indultos a los militares investigados por el asesinato de dos refugiados uruguayos: Zelmar Michelini, senador por el Frente Amplio, y Héctor Gutiérrez Ruiz, presidente de la Cámara de Diputados. Gavazzo, Silveira, Manuel Cordero y el fallecido comisario Hugo Campos Hermida fueron indultados el 6 de octubre de 1989. Todos ellos habían participado del Plan Cóndor, nombre que recibió la coordinación entre las dictaduras que en las décadas del ’70 y el ’80 “gobernaron” en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay.

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El centro clandestino de Automotores Orletti fue uno de los destinos del Plan Cóndor.
 
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