EL PAIS › POLEMICA ABSOLUCION DE CUATRO POLICIAS EN UN CASO POR TORTURAS Y HOMICIDIO

Más que un fallo, un fallido de la Justicia

Un tribunal absolvió a cuatro acusados por el “beneficio de la duda” y condenó a prisión perpetua a una mujer policía, por el delito de “torturas seguidas de muerte”. Indignación de los familiares ante el fallo. Piden investigar por el hecho a dos policías que no fueron acusados.

 Por Carlos Rodríguez

El fallo por el asesinato de Andrea Viera, de 25 años, ocurrido en la comisaría 1ª de Florencio Varela, produjo una conmoción que dividió al público que llenó la sala del Tribunal Oral 3 de Quilmes. Primero hubo un festejo alocado, de ganador de la Copa del Mundo y sin que el Tribunal llamara a silencio –como es habitual–, de los familiares de los policías David Gutiérrez, Carlos Maidana, Oscar Farías y Diego Herrera. Los tres primeros estaban acusados por “torturas seguida de muerte” y Herrera por haber omitido denunciar los tormentos que presenció la noche del 10 de mayo de 2002. Fueron absueltos por el “beneficio de la duda”. Según los jueces, si bien está probado que los tres primeros estaban en el lugar de los hechos, no hay prueba rotunda de que hayan golpeado a la víctima. De Herrera se dijo que no hay pruebas de que haya estado presente. La cuarta absolución consecutiva hizo estallar a los familiares y amigos de Viera, que eran mayoría. Todos rompieron en gritos e insultos contra jueces y policías. Ellos sí fueron desalojados por la fuerza y no escucharon lo único a favor de su postura que tuvo el fallo: la cabo primero Marta Jorgelina Oviedo fue condenada a prisión perpetua como “coautora” del homicidio. Oviedo, que seguirá libre hasta que la condena quede firme, es la primera mujer condenada en Argentina por torturas seguidas de muerte.

La calificación de “coautora” obedece a que los jueces, aunque absolvieron a los coimputados que llegaron al juicio oral, consideraron que hay al menos otros dos policías que deberían ser investigados por su posible participación en las torturas y que no estuvieron en el banquillo. Esos dos policías son el oficial Marcelo Aquino y Emilio José Ortega, conocido como “Mamacha”, quienes fueron acusados por varios testigos de haber participado en forma activa en los tormentos a los que fue sometida la víctima. En el fallo, los jueces Alicia Anache, Armando Topalián y Alejandro Fortunato criticaron con dureza al fiscal de instrucción Claudio Penayo. Dijeron que en la acusación elevada a juicio “imputó por torturas sin pruebas suficientes” y “absolvió a personas que tendrían que haber sido juzgadas”, en alusión a los policías Aquino y Ortega. Los familiares de Viera extienden los cargos a Erica Parra, una policía que habría estado en la oficina de expedientes donde fue golpeada Andrea Viera.

El tribunal le dio total credibilidad a los dichos de Gustavo Cardozo, el esposo de Viera, quien fue detenido junto con ella a las 20.30 del 10 de mayo de 2002, pero en su caso no pudo determinar quiénes fueron los que lo sometieron a tormentos. Cardozo recibió golpes de puño y puntapiés, además de la tortura psicológica de haber escuchado, durante cerca de media hora, los lamentos de su mujer, a la que habían encerrado en un lugar cercano al sitio en el que estaba encerrado él. Uno de los presos que estaba en la comisaría la noche de los hechos declaró que vio a Cardozo “lloroso despeinado y con las ropas rotas”, mientras que otro testigo sostuvo que tenía “la cara hinchada” por los golpes recibidos.

Un informe pericial, citado en el fallo, precisó que Cardozo tiene los síntomas del Protocolo de Estambul, que define el cuadro psicológico de las personas que han pasado por “situaciones de maltrato y violencia”. Se dijo que Cardozo, luego de la muerte de su mujer, padece del síndrome denominado “duelo patológico”. Esto lo mantiene en una profunda depresión, que en los momentos más duros “lo llevó a situaciones de embriaguez, de abandono del trabajo” y a un virtual “estado vegetativo”. Aunque ahora está algo mejor, el problema que padece lo obliga a estar en tratamiento psicológico y psiquiátrico permanentes.

Ayer, luego de escuchar la sentencia, sin manifestar ninguna de las expresiones de rechazo al fallo del resto de los familiares y amigos de Andrea Viera, su viudo saludó al fiscal del juicio, José María Gutiérrez, y dialogó en forma breve con Página/12. “Creo que se hizo justicia, hay una persona condenada. Hubo otros policías, pero se hizo justicia. Veremos qué pasa después”, dijo Cardozo en voz muy baja, con la mirada perdida. En el juicio había contado el calvario de su mujer y el suyo propio: “De rodillas, contra una pared, esposado (con las manos en la espalda), me daban trompadas, rodillazos y patadas. Me decían ‘dale rata, hacete cargo. ¿Dónde está el arma?’”. Cardozo pasó la noche en la comisaría y al otro día se enteró de que su mujer estaba internada, en coma, en el hospital Mi Pueblo de Florencio Varela. Ella murió el 22 de mayo. El matrimonio fue detenido y acusado de participar en un robo donde fue herido un policía.

En el juicio, el comerciante Manuel Florentín confirmó que él había descripto a las personas que participaron en ese hecho delictivo, durante una charla que tuvo, el día de los hechos, con el oficial Pedro Juan Mensi. “Yo les dije que la mujer que estaba en el robo vestía jeans y campera de color blanco”, sostuvo el testigo. En el fallo se recordó ayer que Andrea Viera “estaba vestida con un joging de color rojo”. No había posibilidad de equivocación alguna, pero igual la detuvieron. Quedó probado que la cabo Oviedo comenzó a golpear a la mujer no bien la obligó a subir, tomándola de los cabellos, al móvil policial.

Uno de los datos más contundentes contra Oviedo fue aportado por el preso Jorge Galván Plaza. El testigo aseguró que la cabo le comentó, días después del episodio en la seccional, que ella “sólo le había pegado seis patadas (a la detenida)” y que a los otros policías “se les había ido la mano”. Los jueces consideraron que la violencia con la que actuaron los policías fue una reacción frente a las personas que ellos creían que habían herido a su colega de uniforme. “A esta hija de puta la tuvimos que traer porque mató (el policía sólo fue herido) a uno de nuestros compañeros”, les dijo Oviedo a los médicos del hospital Mi Pueblo que asistieron a Andrea Viera.

En los fundamentos de la sentencia, los jueces dieron por ciertas las declaraciones que hicieron las personas que estaban detenidas en la comisaría la noche de los hechos. “Todos los testimonios de los presos fueron coherentes y concordantes, mientras que la mayoría de los policías que declararon en el juicio, como testigos, fueron reticentes o dijeron haber olvidado detalles muy importantes que tienen que ver con la función de investigación que ellos deben cumplir.” En el mismo punto, expresaron sus críticas a Roberto Montenegro, defensor del policía Gutiérrez, quien pidió que no se tomaran en cuenta los dichos de los presos, porque siempre “están en contra de los policías”.

El mismo Montenegro llegó a decir que Cardozo, el viudo de Andrea Viera, había llegado al juicio oral “con un solo fin: el económico”, aludiendo a la supuesta intención de cobrar una indemnización en un futuro juicio civil contra el Estado. Ayer, indignada por la sentencia, Eugenia Vázquez, hermana de Viera, se acercó a Montenegro y le gritó: “¡Viejo batracio! ¿Qué va a decir ahora que condenaron a uno de los policías por el crimen de mi hermana y que dieron por cierto todo lo que dijo mi cuñado?”. La mujer (ver aparte) aseguró que los miembros del Tribunal 3 “son amigos de la gente de cuello azul”, en alusión a los policías.

En el juicio, los presos también acusaron con dureza al oficial Marcelo Aquino. El detenido Jorge Galván Plaza sostuvo que escuchó al policía gritar en la oficina donde era golpeada Andrea Viera. “Aquino le decía a los gritos: ‘Callate hija de puta que te voy a matar’”. El mismo testigo sostuvo que, días después, el oficial Aquino lo visitó en su celda para amenazarlo cuando estaba con otros presos: “A ustedes les gusta abrir la boca. Ahora se la van a tener que bancar”. Varios de los testigos dijeron haber sido amenazados de muerte después de haber declarado en la causa. En el fallo, los jueces ordenaron abrir varias causas contra policías por delitos que podrían ser configurados como torturas seguidas de muerte u omisión de denuncia, que tienen penas de tres a diez años de prisión.

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Los familiares reaccionaron con indignación pues esperaban una condena a los cinco imputados.
 
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