EL PAíS › MORALES ACUSO AL GOBIERNO DE PROSCRIBIR A LA UCR

Los radicales L denuncian

“Pueden proscribir al radicalismo”, sentenció el senador y presidente de la UCR Gerardo Morales, quien debe esperar que la jueza María Servini de Cubría defina la nulidad o no de la adhesión firmada por la Convención Nacional a la fórmula que comparte con Roberto Lavagna. El futuro de la Concertación por Una Nación Avanzada (UNA) deberá resolverse antes del 28 de agosto, día en que cierra la presentación de alianzas. Si la Justicia no dictamina o no se le da curso al pedido de apelación presentado ante la Cámara, los “radicales L” podrían quedarse afuera en las elecciones de octubre. “Le pedimos al Gobierno que deje de obstaculizarnos con esos jueces amigos del poder”, reclamó ayer Morales con la urgencia del caso.

La “gota que rebalsó el vaso” fue la medida tomada por Servini de Cubría que “habilitó la feria judicial, resolvió suspender la intervención de la UCR correntina y lo notificó a las 17.50, sin la posibilidad de apelar la medida ese mismo día”, explicó Morales. El motivo de esta resolución, aseguran, es la convención convocada para el domingo pasado por el gobernador radical kirchnerista Arturo Colombi, que no se habría podido llevar a cabo sin mediar la orden judicial. “Se trata de una operación directa del Gobierno” y responde a un intento de “destruir los partidos políticos”, analizan desde la cúpula radical, luego del rechazo judicial a acciones tomadas en Mendoza y Río Negro.

La alianza Lavagna-Morales había sido oficializada en marzo de este año en un encuentro en Avellaneda, sin embargo, desde el sector de Margarita Stolbizer apelaron su validez ante la jueza Servini. “No creemos que la Justicia se tenga que meter, pero no nos escapamos de ella”, aseguraron voces del radicalismo y remarcaron como ejemplo de buena predisposición la presentación a declarar del presidente de la convención nacional radical, Adolfo Stubrin, ante la justicia.

Se elevará una denuncia a la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América latina (Coppal) y a la Internacional Socialista, por “todas las irregularidades que resienten la independencia del Poder Judicial, vulneran la división de poderes y la esencia del sistema republicano y democrático”.

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