La investigación del caso Febres seguirá hacia arriba, hacia los más altos mandos de la Prefectura. Es que los increíbles privilegios de los que gozaba el represor no podrían emanar de una orden de un subalterno, sino de las jerarquías más altas. La jueza Sandra Arroyo, al dictar los procesamientos por homicidio, menciona una circunstancia que superaría todos los límites conocidos. La magistrada deja asentado en su escrito que está investigando si Febres, aún detenido, viajó al exterior, más precisamente a España. Es que cuando allanó el lugar de detención del represor encontró una multa por infracción de tránsito realizada el 21 de septiembre de 2005 por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Para esa fecha, Febres llevaba ya varios años de detención. La multa figura a nombre de Alfredo Febres Méndez, pero lo curioso es que el número de documento es el que corresponde a Héctor Febres, 8.674.928, y el domicilio al que llegó la notificación es el de Angel Carranza 1551, Capital Federal, el domicilio en el que vivían Febres y su esposa. O alguien usurpó el documento y la identidad del represor o éste salió del país por alguna vía.

“Un punto que plantea otro interrogante –dice la jueza– resulta ser la multa expedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, España, que se secuestrara del propio camarote que ocupara Héctor Febres en Zona Delta. La misma sanciona a Alfredo Febres Méndez, con domicilio en la calle Angel Carranza 1551 de Buenos Aires, Argentina, una infracción a normas de tráfico y seguridad vial cometida en la ciudad de Toledo, España”. Se infiere que el auto estaba matriculado en Canarias y fue usado en Toledo.

El propio Febres pidió a su defensor oficial que averiguara por Internet sobre la multa, pero la jueza dejó asentado lo siguiente en su escrito: “En verdad, podría resultar impensable que Febres, detenido, pueda haber viajado a dicha ciudad cuando no obran constancias de haber sido trasladado a España sin previa autorización de las judicaturas a cuya disposición se encontraba. Sin embargo, el estado embrionario de la pesquisa impone que dicha cuestión quede, al menos por el momento, en estado de incógnita”.

Arroyo libró exhorto a España para conseguir más precisiones y a la Dirección Nacional de Migraciones para que se le informe si existen registros de salida del país de Héctor Febres. Este diario pudo averiguar que sólo el hijo de Febres, Héctor Ariel, registra salidas del país. Ninguna en 2005; una en 2003 hacia Bogotá y otras tres hacia países limítrofes.

Por el escrito de Arroyo, se ve que la magistrada no descarta nada. Es que si Febres tenía chofer, mozo, dos líneas telefónicas fijas, un celular, su esposa se quedaba a dormir, sus amigos jugaban con él a las cartas hasta la madrugada sin que quedara registrado su ingreso al Destacamento; si tenía las llaves de su propio lugar de detención, si lo llevaron tres veces de vacaciones a una base naval de Azul, no puede dejar de investigar una prueba que evidenciaría una salida clandestina de la Argentina.

Peor aun en caso de que alguien hubiera usurpado el documento del represor, queda flotando en el ambiente que ese alguien podría ser del área de Inteligencia de Prefectura o la Armada, lo que también corroboraría que las más altas jerarquías movieron los hilos en todo momento.

Los interrogantes que deben afrontar en los próximos tiempos la jueza Arroyo y el fiscal Gentili son los siguientes:

¿Quién envenenó a Febres con cianuro?

La jueza dice que, por los privilegios y el descontrol total en el que vivía Febres, le resulta imposible determinar quién le dio el veneno. Arroyo y también la familia de Febres están convencidos de que fue asesinado, porque no hay un solo mensaje de despedida ni una explicación de un eventual suicidio. En su escrito, y sobre la base de los informes de forenses y toxicólogos, Arroyo determina que el cianuro fue ingerido entre las doce de la noche y las dos de la mañana. A esa hora el prefecto Angel Volpi estaba en el Destacamento y era el único que tenía la llave del camarote de Febres. El Gordo, como le dicen a Volpi, aparece en la mira como el más probable envenenador, pero la jueza no lo puede probar. Al menos por ahora.

¿Cuál era la relación de Volpi con Febres?

Los distintos testigos dicen que tenían una relación muy estrecha, que Volpi estaba casi siempre con Febres. Es más, había prefectos que se mofaban del Gordo por ser “solterón” y escuchas en las que se habla de que “se ponían en pedo juntos” y que “tal vez el Gordo le puso el cianuro”. Además, como se sabe, está pendiente un análisis de ADN de muestras de semen encontradas en el recto de Febres. Lo único concreto es que la relación era, como mínimo, extraña. Y la clave es saber para quién jugaba Volpi. Algunos sugieren que fue puesto por los altos mandos de la Prefectura, pero no faltan quienes mencionan que podría estar relacionado con la Armada. O sea que la relación, si no era personal, era de control y espionaje sobre todo para vigilar si Febres iba a contar o no los datos que conocía de la ESMA.

¿Quién abrió el Messenger?

El cianuro fue suministrado entre las doce y las dos de la mañana, en la noche que fue del nueve al diez de diciembre. Algo después de la una, desde la computadora de Febres se abrió el Messenger con la identificación de patofe, la usada por el represor. No queda claro si el propio Febres abrió el Messenger o si estaba con alguien, el homicida.

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¿Qué papel jugaron los altos mandos?

Parece seguro que Arroyo llamará a declarar a quien fuera la más alta autoridad de la Prefectura, el prefecto nacional Carlos Fernández, ya desplazado por el caso Febres. Es que tamaña cantidad de privilegios no podía emanar de las órdenes de un cuadro medio de la Prefectura. El ejemplo más palmario, citado por Página/12 en su edición de ayer, es que en la cena del 197º aniversario de la Prefectura, en la mesa principal, la número uno, se sentaron el jefe del Destacamento Delta, Rubén Iglesias, junto a su señora, y Febres, con su esposa. “Tamaño privilegio sólo puede venir de instrucciones de arriba”, sugiere un prefecto en su testimonio. Pero en paralelo con los privilegios y hasta el eventual viaje a España, había una operación de espionaje para saber si Febres iba a hablar o no. Y lo que la jueza sugiere en su resolución es que alguien de jerarquía, al menos en la parte de Inteligencia de Prefectura o Marina, pudo concluir que el represor estaba a punto de contar “nombres y circunstancias”, como él mismo anotó. A partir de ese punto –da a entender la magistrada–, se puso en marcha la operación cianuro.