EL PAíS › SATISFACCIóN DE LOS AMBIENTALISTAS POR LA PLENA VIGENCIA DE LA LEY

Con beneficio de inventario

Dirigentes políticos y organizaciones ecologistas celebraron el fallo de la Corte y reclamaron la rápida realización del inventario de glaciares en San Juan, para saber si los emprendimientos mineros en esa provincia afectan las reservas de agua.

 Por Eduardo Videla

El fallo era la resolución que esperaban las organizaciones ambientalistas y los vecinos que cuestionan la actividad minera. “Celebramos la decisión de la Corte Suprema de Justicia de revocar las medidas cautelares que había dictado la Justicia Federal de San Juan”, de manera que “la Ley de Protección de los Glaciares queda plenamente vigente”, destacaron en forma conjunta la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace Argentina, la Asociación de Abogados ambientalistas y Diálogo por el Ambiente. La empresa Barrick Gold, por un lado, y el gobierno de San Juan, por otro, autores ambos de la demanda que paralizó la aplicación de la ley en la provincia, aseguraron que el fallo no afectará los dos principales proyectos mineros de la provincia (ver aparte), ya que “no están emplazados sobre glaciares”. La aclaración no explica por qué, entonces, hicieron la presentación judicial que frenó la vigencia de la ley en la provincia.

“La presentación de la empresa y de la provincia era una autoincriminación”, replica Eugenia Testa, directora política de Greenpeace Argentina. Los pedidos de medidas cautelares habían sido solicitados a la Justicia Federal de San Juan por las empresas Barrick Exploraciones Argentina SA y Exploraciones Mineras Argentinas SA, a las que se sumó la Asociación Obrera Minera Argentina y el gobierno de la provincia de San Juan. Pedían la suspensión de seis artículos de la ley. Uno de ellos porque, según decían, definía en forma ambigua lo que es un glaciar y una zona periglaciar. Por otro lado, la provincia cuestionó la ley por inconstitucional ya que, según la Constitución de 1994, son las provincias las que deben regular la explotación de su suelo.

Los glaciares son la principal reserva de agua dulce del planeta. La ley que los protege no habla sólo de minería, sino de actividades humanas potencialmente contaminantes, como pueden serlo también la explotación de hidrocarburos o de un complejo turístico. Pero la actividad minera es la mayor amenaza potencial para esas reservas, ya que la utilización de sustancias químicas puede contaminar las aguas que serán utilizadas para consumo humano, animal y para riego. De ahí la necesidad de su protección y la resistencia de las empresas y los gobiernos de provincias mineras a la ley que establece esa tutela. En San Juan, la Barrick Gold impulsa dos grandes proyectos. Veladero, que explota oro y plata desde 2005, y el emprendimiento binacional Pascua Lama, en proceso de construcción, que estaría en condiciones de extraer oro, plata y cobre en la segunda mitad de 2013, según la empresa.

“Si se suspende la ley, no se puede hacer el inventario de glaciares, que marca la propia ley, y por lo tanto no se pueden definir cuáles son las zonas glaciares y periglaciares”, dijo a Página/12 el senador Daniel Filmus, autor del proyecto sancionado en 2010. Por eso, la Corte entendió que la medida cautelar del juez federal de San Juan era contradictoria.

Respecto del pedido de inconstitucionalidad, la Corte aún no se pronunció. “El tribunal se expide sobre la medida cautelar, que es la que se adopta cuando hay un peligro inminente. La inconstitucionalidad forma parte de la resolución de fondo, y sobre eso no hay urgencia”, aclaró a este diario el abogado Andrés Nápoli, de la FARN.

Sobre ese tema, sin embargo, Filmus opinó que la Constitución “establece el derecho de un ambiente sustentable para todos y ese derecho debe ser garantizado por la Nación, a través de leyes de presupuestos mínimos, como la de Protección de Bosques, de Incendios de Campos o la de Glaciares, porque se trata de actividades que no afectan a una sola provincia, sino a varias: si se contamina un glaciar, se van a contaminar los ríos de toda la cuenca”, puso como ejemplo el senador.

Una de las primeras acciones que establece la ley es el inventario de glaciares. Esa tarea está a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), dependiente del Conicet, que ya recibió el presupuesto para llevar a cabo esa tarea. “En un año, el inventario debería estar terminado”, estimó Filmus.

Sin embargo, para Eugenia Testa, de Greenpeace, “el punto clave es la falta de reglamentación de las áreas prioritarias para hacer el inventario: en primer lugar deberían ser evaluadas las zonas donde hay proyectos mineros”, afirmó. Eso lo debe determinar la Secretaría de Ambiente de la Nación, autoridad de aplicación de la ley, ya que el Ianigla no tiene capacidad de decisión política para resolverlo”.

Según explicó Nápoli, la ley establece que “no puede haber proyectos mineros que impliquen liberación de productos contaminantes en áreas críticas, como las zonas glaciares y periglaciares”. Es decir que si los proyectos de Veladero o Pascua Lama están emplazados sobre glaciares, deberían cerrar y trasladarse a otros lugares. Y si el proceso de producción tiene algún impacto, deberían someterse a procesos de auditoría ambiental.

“La confección de un Inventario Nacional de Glaciares resulta clave para avanzar en el conocimiento de la presencia de glaciares y ambiente periglaciar en nuestro territorio”, declara el documento suscripto por cuatro organizaciones ambientalistas.

La Corte Suprema tiene pendientes otras causas sobre la minería en San Juan. Una presentación de ciudadanos de esa provincia, respaldada por organizaciones ambientalistas, reclama la suspensión de los proyectos mineros hasta tanto se determine, mediante la implementación del inventario, si están emplazados sobre glaciares o zonas periglaciares.

El fuerte apoyo de gobiernos provinciales a la explotación minera –además de San Juan, La Rioja y Catamarca– y el veto del Poder Ejecutivo Nacional a la primera ley de Glaciares, en 2008, hizo pensar a las organizaciones ambientalista y a dirigentes opositores en la resistencia del oficialismo a la aplicación de esa norma. “Pero en 2011 la Presidenta promulgó esta ley, que fue votada por legisladores del Frente de la Victoria, salvo los de las provincias mineras”, replicó Filmus.

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Las organizaciones ambientalistas habían pedido la paralización de los emprendimientos mineros.
Imagen: Greenpeace
 
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