SOCIEDAD › UNA PATOTA VINCULADA CON EL PRO LOS ATACó CUANDO VISITABAN EL BARRIO RAMóN CARRILLO

Acusan al IVC por la agresión a legisladores

 Por Carlos Rodríguez

Los diputados porteños y los vecinos del barrio Ramón Carrillo que fueron agredidos el martes por “una patota encabezada por la presidenta de la Junta Vecinal, Vanesa López, y por su marido, Mario Fariña”, hicieron responsable por lo sucedido a las autoridades del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). Una de las legisladoras, María Amelia González (Buenos Aires para Todos), anunció que presentará una demanda penal por agresiones contra el titular del IVC, Emilio Basavilbaso. Las legisladoras Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica) y Laura García Tuñón (Buenos Aires para Todos) también le apuntaron al presidente del IVC, a quien le pidieron que “identifique a los funcionarios de ese organismo” que serían los autores ideológicos de lo sucedido “o que de lo contrario presente su renuncia” al cargo. En la reunión de prensa que se hizo ayer en la Legislatura porteña, estuvo presente Julio Domínguez, uno de los vecinos agredidos, quien concurrió con una venda que le tapaba el ojo izquierdo, dado que tiene un corte en la ceja por los golpes recibidos.

Domínguez, igual que otros vecinos presentes en la conferencia de prensa, coincidieron en que los miembros de la Junta Vecinal y el IVC “quieren impedir que inspeccionemos las obras de construcción de desagües cloacales que están realizando, porque en lugar de usar caños de 120 centímetros de diámetro, están colocando caños de 60, que no sirven para solucionar los problemas que tenemos en el barrio”. Los vecinos cuestionaron también la autoridad de la actual Junta Vecinal, que fue elegida en diciembre del año pasado “en una elección fraudulenta realizada por el IVC en menos de 40 días, con un padrón electoral que dejó afuera a la mitad de los vecinos”.

Desde hace tiempo los vecinos del barrio Carrillo vienen reclamando obras de infraestructura. El problema central es que es un complejo habitacional previsto inicialmente para 700 familias, que “oficialmente, según el IVC, tiene una población de 4272 personas, cuando en realidad viven 10 mil”, recalcó Silvia Goncel, quien el martes había ido a la recorrida por el barrio –que quedó inconclusa por la agresión– llevando en brazos a Catalina, su hija de 29 días. “Una vecina que había llegado junto con la patota terminó peleándose con ellos mismos cuando vio que me querían pegar, sin tomar en cuenta que tenía a mi beba en brazos. Como ella saltó a defender a la beba, le pegaron a ella.”

Carolina, otra de las vecinas, recordó que el 9 de mayo habían enviado al IVC una carta, firmada por 120 vecinos, reclamando que le informaran sobre la marcha de las obras y acerca de los caños que se están colocando en la red de desagüe cloacal. Los habitantes del Carrillo vienen demandando que se cumpla en forma integral la Ley 1333, de Emergencia Ambiental, votada en la Legislatura. Además de las cloacas, la norma ordena la realización de obras relacionadas con la red de desagües pluviales y otras obras.

“Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta de parte del IVC respecto de las obras que todavía no se iniciaron y tampoco sobre la marcha de la red cloacal; por eso fuimos ayer (por el martes) a ver qué estaba pasando. En eso estábamos cuando llegó la patota.”

En la reunión de prensa estuvieron presentes, apoyando a los vecinos agredidos, los legisladores Rafael Gentili, María Elena Naddeo, Virginia González Gass, Eduardo Form y Alejandro Bodart. Todos se comprometieron a “volver a concurrir al barrio para pedir un informe sobre la marcha de los trabajos que se están realizando”. En tanto, Cristian Ritondo, diputado del PRO, anunció que presentará un proyecto para repudiar la agresión.

En la conferencia de prensa, los diputados denunciaron que un “empleado del IVC de apellido Doval vendió varios departamentos del barrio Castañares que pertenecían a familias” que carecen de una vivienda digna. Los vecinos dijeron que la presidenta de la Junta Vecinal y su esposo “compraron departamentos a diez mil pesos y los vendieron a setenta mil, sin que el IVC tratara de impedirlo”. Vecinos y legisladores se preguntaron por qué no pueden “mirar ni tener información de las obras que se están realizando en el barrio” y afirmaron que esa negativa se debe “a la actitud del gobierno de Mauricio Macri a través del IVC y de sus punteros en el barrio, encabezados por Vanesa López y Mario Fariña”.

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