SOCIEDAD › OPINIóN

Contra el acoso, una apuesta al lazo social

 Por Mara Brawer *

En el Día del Maestro, el Congreso de la Nación aprobó por unanimidad la ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas, asumiendo una problemática que forma parte de la agenda social.

En este momento, hay un amplio consenso en torno de la relevancia del problema de la violencia en las escuelas. Ahora bien, no hay una forma única de comprender y explicar este fenómeno. Por esa razón, es necesario explicitar el enfoque que propone esta nueva norma que los legisladores debatimos y aprobamos.

A través de los medios de comunicación, una palabra en inglés se instaló en el habla cotidiana: bullying. Padres, maestros, directivos y alumnos la venimos escuchando mucho. ¿Pero qué significa realmente? Bullying –o, en nuestro idioma, “acoso u hostigamiento escolar”– es una de las modalidades que asume la violencia en las escuelas. El bullying es la agresión hacia un individuo o grupo cometida por una o más personas, realizada en forma sistemática y repetida en el tiempo, sobre la base de una relación asimétrica donde una de las partes está en una situación de mayor vulnerabilidad que la otra. Ambas características tienen que estar presentes para que se trate de un caso de hostigamiento o acoso: la perduración en el tiempo y la relación asimétrica de poder.

Pero el hostigamiento es sólo una de las múltiples formas que puede adquirir la violencia. De allí que sea necesario tener una perspectiva más amplia para poder contemplar todas las situaciones.

Además, un problema del enfoque del bullying es que éste tiende a definir perfiles de víctimas y victimarios, llegando inclusive a distinguir entre la “víctima pasiva o sumisa” –insegura o con baja autoestima– y la “víctima provocadora”. De este modo, se pretende explicar la violencia por la existencia de “individuos patológicos” (sujetos violentos o sujetos pasibles de ser victimizados).

Y no es ése el punto. No se trata de posicionarse en un enfoque centrado en el individuo, sino de sostener una mirada más amplia, una mirada relacional; es decir, poner el acento en el contexto en el que tienen lugar las interacciones. Desde ya, esta perspectiva no implica desconocer que existen características subjetivas de cada chico o joven, pero amplía los márgenes de comprensión al entender que los comportamientos y los roles son situacionales. Y ese marco situacional es, en estos casos, la institución educativa.

Desde un enfoque integral apuntamos a la prevención de la violencia desde la creación de órganos de participación en todos los niveles del sistema educativo, donde padres, docentes y alumnos puedan pensar la convivencia, contar lo que les pasa, trabajar en conjunto en la solución de los problemas. Estos son los principios que orientan la nueva ley, donde cada escuela elaborará su acuerdo de convivencia, reforzando el camino ya iniciado desde el Ministerio de Educación de la Nación para la escuela secundaria.

Por otra parte, la norma establece el valor pedagógico de las sanciones para que los alumnos vayan haciéndose responsables progresivamente de sus actos, quedando expresamente prohibidas aquellas sanciones que atenten contra su permanencia en el sistema educativo. Además, se procura fortalecer los equipos de apoyo a las escuelas (psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales) y se establece la responsabilidad del Ministerio de Educación para la investigación y recopilación de experiencias, dando así respuesta a la necesidad de contar con información de carácter cuanti y cualitativo que sustente el diseño de políticas públicas.

Quienes trabajamos en esta ley creemos que la escuela, al igual que la tarea de todos y de cada uno de nuestros docentes, es en sí misma una apuesta al lazo social. Por eso debemos centrarnos en la construcción cotidiana de una cultura democrática donde estén todas las voces, donde la palabra de cada uno tenga valor, donde se respeten los derechos y se asuman las diferentes responsabilidades que a cada rol le corresponden.

Con la convicción de que ante la violencia, el silencio pedagógico es inadmisible.

* Diputada nacional.

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