SOCIEDAD › ABOGADOS DE FAMILIARES DE VíCTIMAS DE CROMAñóN ANALIZAN EL CASO Y CUESTIONAN UNA DECISIóN DE LA CORTE

Diez años y una causa que aún sigue abierta

Los representantes de la mayoría de los familiares de víctimas y sobrevivientes de Cromañón se muestran conformes con lo logrado con los fallos vinculados con la corrupción, pero mantienen sus críticas a la decisión de la Corte que analiza las libertades.

 Por Carlos Rodríguez

Dos de los abogados querellantes que intervienen en la causa por la tragedia ocurrida hace hoy diez años en el boliche República Cromañón coincidieron en que la larga investigación ha tenido “algunos resultados importantes, como la condena a funcionarios políticos, algo excepcional en la Argentina”, pero también “decisiones francamente contradictorias, como la resolución de la Corte Suprema de Justicia que permitió la excarcelación de los imputados y que puso en suspenso la sentencia condenatoria”. José Iglesias, padre de Pedro Iglesias, uno de los chicos fallecidos, que representa a centenares de víctimas, estimó que “en comparación con otras tragedias estamos mejor, porque logramos condenas importantes, pero también han quedado afuera algunos funcionarios del gobierno porteño y de la Policía Federal, mientras que siguen las coimas que permiten la habilitación de espacios públicos que no reúnen las condiciones necesarias en materia de seguridad”.

Fernando Soto, otro de los abogados querellantes, le dijo a Página/12 que todo el proceso judicial ha tenido “aspectos buenos, como el hecho de que se haya condenado y enviado a prisión a funcionarios por corrupción (ver nota aparte), pero al mismo tiempo es muy raro lo que ha pasado con la decisión de la Corte Suprema que dio intervención, por segunda vez, a la Cámara de Casación Penal, con argumentaciones que no son habituales ni fundadas y que ahora abren un interrogante sobre si se van a confirmar o no las condenas, lo que significa un golpe emocional muy fuerte para los familiares de víctimas y sobrevivientes de Cromañón”.

José Iglesias, que representa a más de 900 personas afectadas, entre familiares de víctimas fatales y heridos, reconoció en diálogo con este diario que “en comparación con otras tragedias, o masacres, estamos mejor porque tuvimos sentencias condenatorias, sumarios administrativos con cesantías, destitución de un jefe de Gobierno (Aníbal Ibarra)”. Sin embargo, agregó que “también es cierto que ese balance encubre una realidad, porque todo fue fruto de la lucha de los familiares; ahora, todo ese esfuerzo depende de lo que decida la Sala IV de la Cámara de Casación, que puede hacer volver atrás todo lo que conseguimos con tanto esfuerzo”.

Iglesias también hizo mención a “una serie de resultados negativos a lo largo del proceso judicial, como fueron las absoluciones de Juan Carlos López (ex secretario de Seguridad del gobierno porteño) y del comisario Miguel Angel Belay (ex titular de la Comisaría 7ª, del barrio de Once, acusado por coimas), cuya imputación la dejaron prescribir sin llegar a una condena”. Agregó que “también hay que sumar como datos negativos que siguen las coimas, y cada vez son más caras, para la habilitación de lugares de concentración de público y que hayan ocurrido tragedias por falta de control, como el derrumbe en el boliche Beara, el derrumbe de 35 edificios en la Ciudad de Buenos Aires y las muertes en un festival de rock en el Parque de la Ciudad”.

Según Iglesias, en estos diez años “nuestra ciudadanía se ha adormecido y nadie reclama medidas de seguridad en los subterráneos y en los supermercados; lo malo es que vemos crecer la corrupción sin salir a denunciarla y combatirla”. Puso énfasis en el doloroso camino de sobrevivientes y familiares de víctimas. “Hemos tenido cerca de 20 muertes de familiares, por diversas enfermedades, en casos donde es notorio que la depresión provocada por la muerte de familiares ha sido un elemento que aceleró los procesos que llevaron al fallecimiento.”

Entre las muertes, destacó especialmente la de Mariana Márquez, “la madre que le gritó ‘vos sos un muerto político’ a Ibarra”. Iglesias resaltó que “ella había logrado superar un cáncer, pero después de Cromañón la enfermedad reapareció, porque le bajaron las defensas. Ella peleó hasta último momento por que se hiciera justicia y en los últimos tiempos solía ir a las marchas en silla de ruedas”.

Fernando Soto, que representa a 350 personas, en su mayoría sobrevivientes, reconoció algunos logros, como “la condena a funcionarios”, pero centró sus críticas en el fallo de la Corte Suprema que le dio intervención a la Sala IV de la Cámara de Casación (ver nota aparte). “Con dos renglones, la Corte puso en interrogante el fallo condenatorio y esto hace que a diez años de Cromañón sigamos sin tener justicia; lo que hizo la Corte es un desastre.” Soto señaló que “la nueva instancia judicial que se abrió, y que seguramente se definirá de acá a dos años, porque finalmente volverá a intervenir la Corte, hace que ninguna de las víctimas pueda avanzar en el juicio civil por daños porque las condenas que se habían dictado siguen sin estar firmes”.

El abogado resaltó que “las demandas civiles, mientras tanto, han recibido rechazos grotescos, sobre todo del gobierno porteño, que contestó al planteo inicial como si se tratara de una multinacional y hasta llegó a negar la existencia de las 194 muertes”. Soto indicó que “el gobierno nacional también ha dado respuestas negativas y la situación general que se está planteando, en las causas civiles, es inmoral, es una vergüenza, porque están pedaleando hacia adelante”. Contó la anécdota de “un papá que fue a ver al abogado del gobierno porteño y le dijo: ‘¿Cómo van a negar que mi hijo murió?’. Como toda respuesta, el abogado se largó a llorar y le dijo que estaba obligado a rechazar todo”.

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Los representantes de víctimas y familiares sostienen que no se puede avanzar en el juicio civil porque las condenas no están firmes.
 
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