SOCIEDAD › TELEMETRIX PAGA 3 MILLONES DE PESOS ANUALES POR COSTA SALGUERO Y GANA 30 MILLONES

Hacer negocio con un socio bobo

Un informe del Gobierno porteño pedido por la Legislatura reconoce que alquila las 17 hectáreas del predio de Costa Salguero a 331 mil pesos mensuales. Con el alquiler de uno solo de los pabellones la empresa gana 377 mil pesos.

 Por Werner Pertot

El legislador José Cruz Campagnoli evalúa hacer una presentación judicial tras la respuesta del Gobierno porteño sobre la concesión de Costa Salguero. La Legislatura había hecho un pedido de informes a la administración de Horacio Rodríguez Larreta luego de la muerte de cinco jóvenes en la fiesta electrónica Time Warp en ese complejo, cuyo concesionario es cercano al PRO. La concesión está desde fines de los ‘80 en manos de la empresa Telemetrix, que paga un canon irrisorio al Gobierno porteño y, a su vez, subconcesiona el predio a otras 24 empresas. La respuesta del Gobierno porteño superó todas las expectativas: según los registros oficiales, con el ingreso de sólo uno de los subconcesionarios le alcanza a Telemetrix para costear el canon del Estado. La empresa gana al menos 30 millones de pesos anuales y apenas paga al Estado porteño 3 millones. “La concesión de Costa Salguero parece un gran negociado”, indicó Campagnoli.

Como informó Página/12, las conexiones entre el PRO y las empresas no se reducen a que el macrismo lo eligió como bunker de campaña en las últimas elecciones y el presidente Mauricio Macri se casó allí con Juliana Awada. La empresa concesionaria Telemetrix comparte gran parte del directorio con algunas de las subconcesionarias, entre ellas Costa Salguero Eventos y Costa Salguero SA, que administra los pabellones en los que se hizo la fiesta. En esa última, es accionista Fernando Polledo Olivera, marido de la vicepresidenta primera de la Legislatura, la macrista Carmen Polledo.

La diputada PRO junto con el resto del macrismo votó en contra de crear una comisión investigadora en la Legislatura sobre la concesión del predio. También el PRO consiguió –con la ayuda de una auditora que responde a Martín Lousteau– bloquear una auditoría sobre la fiesta. La Auditoría General de la Ciudad hará, eso sí, un informe sobre la concesión durante el año pasado. Este diario publicó un minucioso trabajo de la Auditoría General de la Ciudad de 2007 –cuando la presidía un macrista– en el que ya revelaba la mayoría de las falencias que volvieron a hacerse visibles a partir de la tragedia.

El informe destacaba que el canon que pagaba Telemetrix era irrisorio, que esa compañía era parte de un “poderoso grupo de empresas” que incluía también a la constructora Emaco –que en los últimos tiempos ganó licitaciones por 190 millones de pesos del Gobierno porteño–, que ese grupo había creado empresas offshore para camuflar a sus dueños, que algunos de sus accionistas estaban involucrados en la causa del ex Banco General de Negocios por saltar el corralito. La auditoría terminaba recomendando que se evaluara si no había suficientes causales para rescindir la concesión. Los auditores pensaban que sí.

El informe era de noviembre de 2007, cuando Macri estaba por asumir como jefe de Gobierno. Dos años más tarde, el juez Andrés Gallardo intervino en una causa por el camino de sirga (el espacio público que debe existir a 15 metros de un río) y se encontró un panorama similar. El canon seguía siendo muy bajo y se calculaba que la Ciudad perdía ocho millones de pesos al año por la diferencia con las subconcesionarias. Cuando el juez Gallardo pidió conocer la facturación de las subconcesionarias, el Gobierno porteño se negó a entregarla: dijo que estaba “bajo secreto fiscal”.

Cuando el magistrado descubrió que sólo tres de los subconcesionarios tenían habilitación y mandó a clausurarlos, el gobierno de Macri se negó a cumplir la orden, que finalmente ejecutó con la fuerza pública. Entonces, Telemetrix y el Gobierno porteño a la par recusaron a Gallardo y el entonces director de Habilitaciones, Martín Farrell –luego eyectado por el derrumbe del boliche Beara– les concedió las habilitaciones en tiempo récord. Telemetrix y el Gobierno porteño apelaron hasta llegar al Tribunal Superior de Justicia porteño, que mantuvo la causa en un parate. Cuatro días después de la tragedia de Time Warp, el TSJ falló en contra del macrismo.

Socio bobo

La concesión de Costa Salguero fue establecida por el menemismo en 1988 y tiene vigencia hasta 2021. Reproduce el modelo del Estado como socio bobo, que el macrismo no parece tener muchas intenciones de modificar. Hasta 2008, la empresa pagó sólo 30 mil pesos de canon. Entre 2000 y 2001 tuvo un período en que abonó incluso la mitad de eso. El año pasado, tuvo otro descuento del 50 por ciento por obras realizadas en el predio, según los documentos que fueron publicados por el sitio Nueva Ciudad. La resolución la firmó el director de Concesiones, Gabriel Astarloa, actual procurador porteño. Por esta y otras concesiones, se lo investiga en una causa penal. Ese descuento implicó que en el período de mayo a octubre del año pasado la concesionaria pagó 131 mil pesos, menos de un 10 por ciento de su facturación.

Actualmente, Telemetrix paga 331 mil pesos por mes de canon a la Ciudad por usufructuar 17 hectáreas de terrenos públicos. Lo que no se conocía es cuánto le pagaban los subconcesionarios. Esa información llegó como respuesta a un pedido de informes de la Legislatura después de la tragedia. Por uno sólo de los pabellones le pagan 27 mil dólares, equivalentes a 377 mil pesos.

n El centro de convenciones, donde se hizo la fiesta de Time Warp, lo maneja Costa Salguero, que le paga un total de 70.780 dólares a Telemetrix, que comparte los dueños. También aparecen las mismas personas en los directorios de Salguero Eventos (23 mil pesos) y DR SA (25 mil pesos).

n Diez de los subconcesionarios, según el informe, pagan entre 20 y 30 mil pesos por mes (entre ellos, Sistemas globales paga 31 mil dólares; MercadoLibre, 33 mil dólares; Aero 2000, 23 mil dólares; EG3, 12 mil dólares; Borders Parking, 13 mil dólares; Hoteles del Sol, 6.500 dólares y Alfacar SA, 5.580 dólares. Son algunos de los montos que figuran en la respuesta, aunque algunos parecen no estar actualizados). Otras empresas como el Jurado Golf paga 13 mil pesos y 2 mil dólares, mientras que Villamil y Hernández abona 13 mil pesos, Boga Group 10.454 pesos y Héctor Enrique Sánchez, 11.600 pesos.

“La respuesta al pedido de informes confirma el enorme negocio de Telemetrix. El dinero que recibe no se puede dimensionar, pero tiene como mínimo una ganancia de 30 millones de pesos anuales por alquilar locales en tierra pública por la cual sólo paga 3 millones”, indicó el dirigente del Partido Social, Facundo Di Filippo, quien inició la causa por la concesión del Costa Salguero. “Hace siete años que impulsamos ese caso. Hay una cautelar firme desde 2010 que ni la empresa ni el Gobierno quieren cumplir y tal es el nivel de connivencia con el Gobierno porteño que le concedió a la empresa un millón de pesos del canon por remover obstáculos. Un disparate”, indicó el ex legislador.

En tanto, el diputado de Nuevo Encuentro José Cruz Campagnoli indicó que “Telemetrix paga centavos y recibe fortunas. Es una barbaridad que la Ciudad reciba como canon una suma que se paga con el alquiler de sólo uno de los pabellones del centro de exposiciones”. “Estamos evaluando presentar una denuncia a la Justicia porque estamos frente a una gran estafa en detrimento de la Ciudad”, advirtió. Además, presentó un nuevo pedido de informes para que el Gobierno porteño explique por qué se le permite subconcesionar el predio cuando el objeto de la concesión original era un polideportivo. “Hay que investigar por qué el Gobierno porteño tiene gigantescas pérdidas de dinero a partir de concesionarle a Telemetrix. Hay que investigar por qué el propio Gobierno le genera enormes ganancias a la empresa”, insistió Campagnoli. El legislador indicó que hay relaciones familiares entre la empresa que explota los pabellones en los que se hizo la fiesta Time Warp y Telemetrix: “El presidente de Telemetrix, Alfredo Gutiérrez, es el padre del presidente de Costa Salguero SA, Diego Luis Gutiérrez, y además hay vínculos entre los empresarios y algunos funcionarios del PRO. Esos vínculos podrían explicar las distintas irregularidades de las concesiones como también la deficiente fiscalización e insuficientes controles que llevó adelante el Gobierno de la Ciudad durante la noche del evento”.

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El predio de Costa Salguero es, según los legisladores de la oposición, “un gran negociado” y harán una presentación judicial.
 
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