En la madrugada del 7 de noviembre de 1991, la Cámara de Diputados dio la media sanción que faltaba al proyecto de ley que establecía los cupos para mujeres en las listas de cargos legislativos. Argentina se convertía en el primer país en sancionar una ley que garantizara espacios de participación política. El camino hacia la Ley 24.012 había sido pedregoso, y casi no llega al final feliz, porque la iniciativa –que había ingresado al Congreso en 1989– estuvo a punto de perder estado parlamentario en el mientras tanto. Siempre había otras prioridades; y quizá por eso mismo, casi diez años después las mujeres políticas debieron emprender, otra vez, una batalla, pero esta vez para que se cumpliera lo que había sido legislado en 1991. Es curioso –o quizá no tanto– pero los discursos de estos días en contra de los proyectos que buscan garantizar el 50 por ciento de cargos electivos del Congreso para las mujeres (ver aparte) no están tan lejos de aquellos que circularon en 1991.

La primera piedra cayó en 1989, la habían tirado tres históricas a la vez y, al igual que ahora, en cada una de las Cámaras. Margarita Malharro de Torres en el Senado y Florentina Gómez Miranda y Norma Allegrone en Diputados presentaron proyectos para establecer el cupo del 30 por ciento en las listas legislativas. En Diputados pasó sin pena ni gloria; en Senado fue aprobado. Pasaron dos años. Otra histórica, María Teresa Moroni, empezó a agitar las aguas entre propias y ajenas partidarias: había que lograr el tratamiento del proyecto para que no cayera. Las escasas mujeres con cargos en el Congreso y las nucleadas en la Multisectorial de la Mujer (que había nacido en 1984, al calor de la primavera democrática) y la Red de Feministas Políticas comprendieron que había una oportunidad. El menemismo, curiosamente, también.

En una columna de opinión publicada en este diario en septiembre de 1991, el entonces ministro José Luis Manzano daba cuenta de argumentos a favor de la discriminación positiva e informaba: “El presidente Carlos Menem me ha dado instrucciones para que en el Ministerio del Interior –en el marco de las reformas institucionales que se promueven en la ronda del diálogo para el compromiso político– se busquen los mecanismos idóneos para hacer efectivo el deseo y el derecho de la mujer argentina a participar efectivamente en la toma de decisiones”. Por ello, anticipaba, “impulsaremos la aprobación en el Congreso de la Nación y en las Legislaturas provinciales de las normas legales” que pudieran garantizar esa participación.

Entonces empezó el debate

El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Osvaldo Mércuri, presentó un proyecto de declaración para demostrar el apoyo a la decisión de aprobar la ley de cupo. “El proyecto evidencia equitatividad, justicia social y reivindicación de la mujer argentina en el ámbito de la política activa. Es una continuación del otorgamiento del voto femenino, que incorporó a más de la mitad de la población adulta a los procesos electorales”, declaró. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero, no pensaba lo mismo, y lo señaló en el programa de radio que hacía cada semana. “Debe haber igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Se debe reconocer que en ocasiones les resulta muy difícil competir a las mujeres. Pero deben luchar y ganarse un lugar, tal como muchas lo han hecho y lo hacen”, dijo. En el estudio estaba también la titular del Consejo Provincial de la Mujer de entonces, Inés Fleitas, quien advirtió que esa escasa participación resultaba de “una discriminación de la cultura política general, de la que sólo rescatamos en el mundo excepciones como Suiza e Islandia”.

La subsecretaria del Ministerio del Interior Adelina Dalesio de Viola, la integrante de la UCeDé conocida por su contundencia en las declaraciones públicas, dijo públicamente que estaba en contra de la propuesta por la que peleaba parte del oficialismo, con Manzano a la cabeza. Sin embargo, su oposición tuvo la ambivalencia suficiente como para trazar una radiografía de lo que sucedía (y quizá sigue sucediendo en no pocos sectores políticos). “El proyecto va en contra de las mujeres porque el problema no es la proporción que deben tener en las listas, sino quién las elige. Y los hombres eligen a las mujeres que hablan menos, las que van directamente a las comisiones de minoridad, mujer, educación, acción social”, dijo. Manzano insistió en avalar la ley: “Las mujeres están discriminadas”.

En algunos casos, la oposición tomaba la forma de la indignación. Para el ex candidato a gobernador bonaerense por la UCeDé Alberto Albamonte, la intención de introducir por ley un mecanismo de discriminación positiva era “demagógico, corporativo e irrespetuoso con las mujeres”. Para un concejal de su mismo partido, Fernando Bustelo, directamente era “poco serio”. “Es discriminatorio, dirigista y antidemocrático. Lo mejor para decidir las candidaturas son las cualidades de las personas”, explicó.

Entre quienes apoyaban la iniciativa estaba Rodolfo Terragno, quien detallaba que “la igualdad jurídica no elimina la desigualdad creada por una cultura discriminatoria”. Agregaba: “A quienes sostienen que la mujer debe llegar por mérito propio, hay que preguntarles cómo explican que no haya ninguna mujer ministra, jueza de la Corte o gobernadora. ¿Alguien puede creer que es por falta de méritos? Hay más mujeres que hombres, más universitarias que universitarios, más graduadas que graduados, y, sin embargo, los hombres tenemos el monopolio del poder. Hay un círculo vicioso y los círculos viciosos deben cortarse”.

Durante el debate en Diputados, la justicialista Inés Botella argumentó con la frialdad de los números: “Conformamos el 59 por ciento del padrón electoral, pero como representantes políticas solo alcanzamos un 3 por ciento”.

Por lo general, los argumentos en contra siguieron la línea que habían advertido en el debate previo en los medios, pero algunos se superaron en creatividad. “El principio de discriminación positiva inversa es la expresión moderna de un fenómeno actual que con justa razón se ha denominado la mística de la ira socio-comunitaria”, anunció el representante de Fuerza Republicana Fernando López de Zavalía. Enseguida aclaró a cuál se refería: “La que engendró y desembocó en la teoría de las lucha de clases, la que dio lugar a aquella otra doctrina del abismo generacional, del enfrentamiento y la división social”. El ucedeísta Francisco Durañona y Vedia procuró cerrar las puertas con un ¿elogio? que remitía a las mujeres como aquel ángel del hogar: “Cuando se protesta en el ámbito del país contra la venalidad publica y la corrupción ningún ciudadano imagina a la mujer corrupta o venal”, señaló, porque “la mujer tiene predisposición por lo concreto, rehúye las abstracciones en las que los hombres, a veces, perdemos mucho tiempo”. Un argumento parecido usó el socialista Guillermo Estévez Boero, pero para apoyar el proyecto: “La mujer es la que tiene mayor sensibilidad social”.

“Podemos otorgar a las mujeres el 80 por ciento de la representación parlamentaria, pero estoy seguro de que no lo podrán ocupar porque no tienen tiempo para hacer política dado que viven totalmente explotadas”, advirtió Luis Zamora (Movimiento al Socialismo), quien se abstuvo de apoyar la iniciativa.

La ley 24.012 fue aprobada a las 3 de la madrugada, por 140 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones. A esa hora, todavía los palcos estaban repletos de mujeres de todos los partidos políticos, funcionarias y militantes de a pie.