Tres bomberos de la Policía Federal y dos empresarios relacionados con la habilitación de comercios, procesados en una causa surgida a partir del incendio en República Cromañón, serán juzgados por haber actuado en presunta connivencia para conceder autorización para boliches que no estaban en condiciones. El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 24, que juzgará a los siete acusados de negociaciones incompatibles con el desempeño de sus cargos.

Las sospechas apuntan a que los procesados concedían permisos para el funcionamiento de locales como Cromañón, donde a raíz de un incendio murieron 194 personas en diciembre de 2004. En esta causa también fueron procesados otro agente de bomberos y la esposa de un jefe policial, que manejaba una de las empresas, aunque plantearon nulidades y sus casos no fueron elevados por el momento a juicio oral.

Según fuentes judiciales, el TOC 24, integrado por los magistrados Ricardo Rojas, Raúl Llanos y Marcelo Alvero, aún no fijó fecha para el debate oral y público. Según la investigación, los bomberos procesados recomendaban a los interesados en habilitar boliches asesorarse con determinadas empresas para que los explotadores de los locales pudieran obtener el certificado correspondiente.

Los funcionarios enviados a juicio oral son el comisario Alberto Conrado Corbellini, ex jefe de la División Prevención de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal; el principal Marcelo Nodar y el agente Marcelo Esnok. Por el mismo hecho, como “coautores” de la misma maniobra, fueron procesados los empresarios Rubén Fuertes y Luis Perucca, vinculados con las firmas Ipex, Bausis y Baipex.

El agente Gustavo Bravo y Viviana Vigne –cónyuge de Nodar– también habían sido procesados, pero sendos planteos de nulidad impidieron que sus casos fueran elevados a la etapa del plenario.

De acuerdo con los procesamientos dictados hace algo más de un año por el juez de instrucción Julio Lucini –por entonces a cargo del sumario–, cuando el responsable de un local nocturno se contactaba con los bomberos para obtener una habilitación, éstos terminaban derivándolo a alguna de esas empresas. La contratación de esas firmas les habría garantizado a los propietarios de los locales el permiso para poder funcionar.

Los bomberos y los empresarios son los primeros enviados a juicio oral y público por una causa derivada del incendio registrado la noche del 30 de diciembre de 2004. En la causa principal, el jueves pasado tres ex funcionarios del gobierno porteño fueron desvinculados de la investigación: Alfredo Ucar, Juan Carlos Loupias y Juan Carlos Sánchez, imputados de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Omar Chabán es el único detenido en la causa, acusado del delito de “estrago doloso” y “cohecho activo” (pago de coimas), por el cual si es encontrado culpable en un futuro juicio oral podría ser condenado hasta a 25 años de cárcel.