SOCIEDAD

“Una asociación ilícita”

 Por Gustavo Veiga

El ingeniero Edgardo Castro trabaja desde 2005 como inspector en la Subsecretaría de Trabajo porteña en representación de la cual clausuró en 2008 el depósito de Barracas. Aún hoy sigue sin entender cómo no lo llamaron a declarar por el incendio. Es más, la ex fiscal Marcela Sánchez que investigaba lo que pasó en Iron Mountain lo trató de mentiroso. Dijo que nunca había inspeccionado la empresa basada en información suministrada por el gobierno porteño. Lejos de desentenderse, Castro sigue tratando de atar cabos sueltos. Dice que “lo sucedido es la demostración de una asociación ilícita hecha para hacer desaparecer documentación por lavado de dinero con la complicidad de los funcionarios públicos. Estos actuaron en tándem con la empresa y se encubrió todo con las dilaciones del Poder Judicial”. El ingeniero refuta a Sánchez con las pruebas que dice tener: “Si hubiera investigado los números de las fajas de la clausura de 2008 y que no las pidió, este dato concreto lo tendría, pero evidentemente no lo quiso hacer”.

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