Las finanzas del Vaticano, y en particular el funcionamiento del Instituto para las Obras de la Religión (IOR), el banco de la Santa Sede, fueron una preocupación de Benedicto XVI que heredó Francisco. Por diferentes motivos. El primero de ellos: el Vaticano no logra equilibrar sus finanzas y sus arcas son deficitarias. Pero a ello se sumaron malos manejos de los asuntos económicos y denuncias de corrupción. Y, para acrecentar la preocupación, el IOR estuvo sospechado de ser un agente para el blanqueo de dinero, con lo cual la Comunidad Europea lo retiró del clearing. Bergoglio, a quien se le reconoce desde su gestión en Buenos Aires suma prolijidad en los números, ordenó una investigación, apartó a la conducción y resolvió tomar medidas sobre el IOR.

Pero la decisión más importante sobrevino en la última semana de febrero pasado. Creó una suerte de nuevo ministerio para la administración vaticana: la Secretaría de Asuntos Económicos. Lo hizo a través de un motu proprio (una especie de decreto papal) mediante el cual también nombró como prefecto y máxima autoridad al cardenal australiano George Pell, arzobispo de Sydney, quien también es miembro del C-8. Lo acompañarán 15 consejeros internacionales: ocho obispos y siete laicos.

De esta manera Francisco intenta poner orden en la economía vaticana y la saca de la órbita de los italianos y del viejo círculo de la curia.