El juez de la Audiencia Nacional española Fernando Andreu, quien admitió tramitar la denuncia, considera que el bombardeo con el que Israel pretendía eliminar a un militante de Hamas constituye un ataque contra la población civil, "ilegítimo, desproporcionado y excesivo".

De acuerdo al escrito judicial, el ex funcionario será investigado por "genocidio o terrorismo", en violación a los tratados de Ginebra.

España aplica la jurisdicción universal y persigue a Israel por genocidio, al igual que lo hizo con ex represores argentinos, como Adolfo Scilingo, quien cumple sentencia (1.084 años de prisión) por crímenes de lesa humanidad.