La policía del reino ha desaparecido de las calles coincidiendo con reportes de violencia sectaria entre la minoría sunita y la mayoría chiíta que sostiene las protestas por un proceso de democratización y el fin de las diferencias religiosas. Mientras que los soldados del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC), no se hicieron visibles en las calles del reino. La plaza Lulu en la capital, centro de las protestas desde hace más de un mes, estaba vacía y muchas tiendas permanecían cerradas.

Los grupos opositores y defensores de derechos civiles tacharon el despliegue de fuerzas extranjeras en Bahrein de "ocupación" y solicitaron protección a la Secretaría General de Naciones Unidas. Según el diario oficialista "Al Ayyam", el partido opositor Al Wifak incluso habría amenazado con pedir ayuda ante la "ocupación" al Ejército iraní. No obstante, la plataforma desmintió tales afirmaciones.

El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, mostró su rechazo a la incursión de tropas extranjeras en Bahrein. El secretario advirtió contra una escalada de los enfrentamientos entre los manifestantes y la familia real sunita. Mientras que la Casa Blanca llamó a la moderación, a respetar los derechos del pueblo bahreiní y a actuar en aras de un diálogo.

La Unión Europea se mostró "muy preocupada por las informaciones acerca de graves incidentes violentos en las calles de Bahrein", señaló la portavoz de la responsable europea de Política Exterior, Catherine Ashton. "Creemos que el diálogo es la única vía de alcanzar una solución a la actual crisis", subrayó.

También Irán expresó hoy su rechazo a la interferencia del GCC en la convulsa situación interna de Bahrein. "Nosotros creemos que las demandas del pueblo de Bahréin son legítimas y deben ser respetadas", dijo el portavoz del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Ramin Mehmanparast, a la prensa en Teherán.

Los manifestantes iniciaron sus protestas el pasado 14 de febrero para exigir que el Parlamento electo tenga mayores atribuciones. Demandan a su vez el fin de la política de la naturalización de los árabes sunitas, la lucha contra la corrupción y la igualdad de oportunidades entre chiítas y sunitas para la ocupación de puestos funcionariales y políticos. Una parte de los opositores cuestiona además el poder del gobierno y de la familia real.