El fallo de Casanello echó por tierra la acusación de Sergio Burstein, de la agrupación 18J de familiares de AMIA, y Néstor Leonardo, excuñado de Macri, ambos víctimas de escuchas ilegales, quienes habían solicitado que el Presidente fuera enviado a juicio. Burstein había recusado a Casanello por prejuzgamiento pero la Cámara Federal rechazó el pedido y lo confirmó al frente de la causa.

La defensa de Macri, a cargo de los abogados Ricardo Rosental y Alejandro Pérez Chada, sostuvo que fueron parciales los pedidos de las querellas porque no tuvieron en cuenta la declaración del exministro de Justicia y Seguridad porteño y actual embajador en Uruguay, Guillermo Montenegro, quien aseguró que Mauricio no participó del proceso de selección de "pinchaduras" concretadas por Jorge “Fino” Palacios como jefe de la Policía Metropolitana, y porque tampoco la empresa Ackerman Group informó que la contratación para investigar a Leonardo la hizo Mauricio.

Casanello valoró los testimonios de Montenegro y del exjefe de la Policía Federal Adrián Pelacchi, quienes explicaron que Macri “no había seleccionado antojadiza y unilateralmente a Palacios al frente de la Policía Metropolitana ni había tenido injerencia en los nombramientos de los aspirantes –tal el caso de Ciro James-, lo que lo ubica en una situación de ajenidad respecto de la presunta existencia de una empresa criminal montada en el seno de su gobierno”.

El fallo indica que “las medidas producidas una vez reabierta la etapa de instrucción ratificaron la ausencia de prueba de cargo contra Macri, de donde se sigue la ausencia de responsabilidad penal, pues lo afirmado hasta aquí no sólo lo ubica en una situación de ajenidad respecto de tal o cual intromisión telefónica, sino que también lo aleja del armado de una empresa ilegal de espionaje dentro de su gobierno”.

“Ninguna de las acusaciones –ni la pública ni las privadas- especificaba siquiera una prueba directa para sostener que Macri había requerido u ordenado espiar a Néstor Leonardo y a Sergio Burstein. Tampoco existía prueba directa para adjudicarle formar parte de una asociación ilícita dedicada al espionaje clandestino”, insistió el magistrado.