Según Montealegre, el acuerdo sobre la justicia transicional, que prevé investigar a guerrilleros y agentes estatales, permitirá sentar en el banquillo a Uribe, pero no por acciones ocurridas durante sus dos periodos como jefe de Estado, que por fuero constitucional se enmarcan en la órbita del Congreso, sino por su rol como gobernador del departamento de Antioquia, entre 1995 a 1997.

"Todas las investigaciones que tiene actualmente la Corte Suprema de Justicia contra el Uribe, presuntamente por favorecimiento del paramilitarismo, sea por acción o por omisión, deben ir a la nueva jurisdicción especial de paz", afirmó el fiscal, tras advertir que "los actos cometidos como presidente de la República seguirán en el Congreso".

Las afirmaciones fueron rechazadas de inmediato por dirigentes del opositor partido de derecha Centro Democrático, que lidera Uribe, algunos de los cuales afirmaron que ese juzgamiento habría sido pedido en la mesa de negociaciones por las FARC.

El propio Uribe, uno de los principales críticos del proceso de paz entre el gobierno y el grupo guerrillero, afirmó: "Le van a entregar el país a las FARC, van a hacer este daño por meterme a mí a la cárcel. Esa es la paz imperfecta que están buscando".

Por su parte, el periodista Francisco Santos, que fue vicepresidente durante los dos periodos de Uribe y ahora es candidato a alcalde de Bogotá, dijo que Montealegre busca encarcelar a los principales dirigentes del "uribismo". "Si fuera por el fiscal, estaríamos todos en la cárcel", se despachó el exvicepresidente.

Las declaraciones de Montealegre no fueron bien recibidas por el gobierno, que aclaró que los acuerdos sobre justicia transicional logrados en Cuba no incluyen el juzgamiento de expresidentes.

"Jamás se pensó que los ex presidentes tuvieran que acudir a ese tribunal", advirtió Reyes, quien agregó que ese tipo de declaraciones "terminan haciéndole daño al proceso (de paz)". En el mismo sentido, uno de los asesores del gobierno en la negociación del punto de justicia transicional con las FARC, el abogado Manuel José Cepeda, dijo que "jamás se pensó en abrir la puerta para juzgar ex presidentes".