UNIVERSIDAD › POLEMICA POR UN DOCENTE DE DERECHO QUE DENUNCIO DISCRIMINACION

Un pleito entre abogados

Se trata de Andrés Gil Domínguez, un consejero directivo de esa facultad. Sostiene que su condición de opositor le jugó en contra en un concurso. El Inadi dictaminó a su favor. La facultad rechaza los cargos y defiende la autonomía universitaria.

 Por Julián Bruschtein


La denuncia de Andrés Gil Domínguez, consejero directivo por la oposición en la Facultad de Derecho de la UBA, acerca de que fue “discriminado y perseguido políticamente” al no otorgarse el corrimiento en un concurso para la titularidad de la materia Derecho Constitucional generó un debate entre esa casa de estudios y el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). La UBA negó rotundamente los cargos, defendió la autonomía de las universidades y resaltó que Gil Domínguez –quien obtuvo un dictamen favorable del organismo conducido por María José Lubertino– había sido “designado para dar cursos de posgrado” descartando de plano la discriminación.

“La Justicia civil falló a mi favor en primera instancia y el Inadi también emitió un dictamen reconociendo la discriminación de la que fui sujeto en el cargo que concursé”, aseguró a Página/12 Andrés Gil Domínguez. El consejero del claustro de profesores por la oposición en Derecho se presentó al concurso de profesor titular renovante de Derecho Constitucional y finalizó séptimo en la orden de mérito. Los seis profesores que renovaban quedaron mejor posicionados, pero la jubilación de dos de ellos motivó el pedido de corrimiento que finalmente fue denegado.

A partir de la negativa del Consejo Directivo y de encontrar “una situación similar tres meses más tarde”, Gil Domínguez presentó un amparo ante la Justicia civil, que le fue otorgado. El abogado David Halperín que representa a la universidad explicó a este diario que “la UBA apeló el recurso de amparo porque la autonomía universitaria consagrada en el artículo 75 inciso 19 de la Constitución” resguarda las decisiones académicas. Pero además negó que hubiera “alguna discriminación en tanto Gil Domínguez fue designado para dar cursos de posgrado” por la gestión del decano Atilio Alterini. Además, resaltó que para “los concursos de renovación en general no se dan los corrimientos porque, al no ser un cargo vacante, no se presentan todos los docentes. En general, se convoca luego a un nuevo concurso en caso de quedar vacante alguno de los cargos”.

“En 2007, cuando asumí como consejero directivo, me encontré con la situación de que la ejecución de los recursos propios de la facultad no se justificaban”, sostuvo Gil Domínguez. Entonces su agrupación, Protagonismo Docente, pidió “informes sobre los gastos”, y al no encontrar respuesta a sus reclamos durante un año tomó la decisión de “iniciar un recurso de amparo. A partir de ahí comenzó la persecución política”, explicó el demandante. Luego Gil Domínguez presentó la denuncia en el Inadi por “ser víctima de un accionar discriminatorio a través de un obrar sistemático” por parte de la Facultad de Derecho de la UBA. En su escrito el profesor adjunto sostiene que le negaron “ayuda económica para dictar cursos de posgrado” y “no aprobaron su postulación y proyecto de posdoctorado” y “no produjeron el corrimiento de su postulación en el concurso de profesor titular renovante de la materia Derecho Constitucional” por ser “opositor político en el gobierno de la facultad”, como parte de la minoría.

En el dictamen, el Inadi expresó que la decisión de la facultad “de no producir el corrimiento” de Gil Domínguez en el concurso “importó un obrar discriminatorio” en su carácter de “opositor político en ejercicio de funciones de contralor a los actos de gobierno” de la unidad académica. Pero sobre las denuncias restantes, consideró “que no han quedado acreditados” los hechos para considerarlos discriminatorios.

Por su parte, Halperín destacó que “los dichos de Gil Domínguez implican al jurado, que en este caso era internacional, al consejo directivo de la facultad, la comisión de concursos del Consejo Superior (CS) y al CS. Todos ellos aprobaron el concurso que denuncia”.

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