Los deberes pendientes
Después de todos los aconteceres trágicos que ha experimentado nuestra República, a la cual podría llamarse la Dictapública –por su trágico pasado reciente–, es ya tiempo de que se dicte una verdadera ley de defensa de la democracia que sirva de barrera insalvable para la defensa de las instituciones en el futuro. Es increíble el cinismo con que siempre se trató este tema. En el futuro todo dictador, y sus ministros, sus comandantes en jefe, hasta el grado de subsecretario y todos sus embajadores, todos sus gobernadores (interventores) y sus ministros provinciales tendrían que sufrir prisiones de por vida y ser condenados al pago de multas que asciendan a todo lo percibido durante sus períodos dictatoriales más lo que ascienda al monto de todas sus pertenencias.
Que el atentado del poder militar contra las instituciones sea considerado el peor de los crímenes.
Claro, se me dirá, si los generales y coroneles se levantaron cuando quisieron y ninguno de los gobernantes elegidos por el pueblo supo defenderse. Si todos los presidentes que fueron volteados, huyeron patéticamente. A la pregunta de por qué los dos partidos políticos nos gobernaron desde el voto secreto –porque hasta en la década infame apareció el evidente protagonismo del radicalismo antipersonalista– se nos podría contestar: pero si esos dos partidos tienen sus pecados originales: el radicalismo, al dar ministros a los militares golpistas o aprestarse a elecciones estando el partido peronista prohibido, como en el caso de Illia con la UCRP y Frondizi con la UCRI, o con el dictador Lanusse dar como ministro del Interior a Mor Roig, para dar apenas un ejemplo; y el peronismo, con el pecado original de haber surgido su líder también de un golpe militar. Bien, todo eso, para el futuro, debe tomarse como una lección que no debe repetirse nunca más. Para lo cual, para beneficio de la verdadera democracia, esos partidos deberían hacer una autocrítica pública. Ni dar ministros para dictaduras ni nombrar ministros a asesinos como López Rega.
La gran oportunidad la tuvo el gobierno de Alfonsín. Pero nada se hizo. Tendría que haber comenzado por el castigo a los militares culpables, la cesantía de todos los profesores de los institutos militares y su reemplazo por reconocidas personas democráticas, para cambiar la mentalidad de los nuevos oficiales que se reciben en esos institutos; la cesantía de todos los jueces nombrados por la dictadura, y la propia elección de colaboradores sin antecedentes dictatoriales. Además, la total reorganización de las policías. Y, por supuesto, la prohibición de toda actividad política de quienes hubieran sido colaboradores de la dictadura de la desaparición de personas.
No, ocurrió todo lo contrario. La ironía perversa que justamente a los peores represores les permitió presentarse a elecciones y ser elegidos como gobernadores. Es patética, repito el término porque no hay otro más apropiado, la elección de uno de los peores asesinos de nuestra historia, el general Bussi, como gobernador de Tucumán. Pero el patetismo aún llegará a grados inalcanzables o argentinos: el subcomisario Patti, el de los tiros en la nuca, pudo presentarse y hoy es intendente. El caso del teniente coronel Rico ya tiene antecedentes de pura imaginación o pesadilla: hace un golpe militar contra la democracia, el presidente de la Nación va a negociar con él en el cuartel del levantisco y ahí se arregla la obediencia debida y el punto final. Y hoy el teniente coronel Rico es intendente. Fue una burla sangrienta y con olor a podrido para todos aquellos que habían sido asesinados y desaparecidos. Y ya por fin, para terminar con la humillación y el manoseo, Alfonsín permite que el asesino de los abogados de derechos humanos de Mar del Plata ataque con el poder máximo y una crueldad nunca vista contra el cuartel de La Tablada. Nada menos que el general Arrillaga como defensor de la democracia. El mismo general a quien se le permite hoy ser el asesor de la Biblioteca Oficial del Círculo Militar.
La pobre democracia argentina. Hasta en sus expresiones es humillada constantemente. El símbolo está en la ciudad bonaerense de Balcarce. Allí hay nada menos que un monumento al general José Félix Uriburu, el primer golpista, que volteó al radical Yrigoyen. Uriburu, un dictador funesto, fusilador de obreros y creador de la década infame y propulsor del fraude patriótico. Allí está en bronce. Ni los radicales ni los peronistas tomaron alguna medida contra el bronce al funesto dictador totalitario. Se callaron la boca. Como también miraron para un costado cuando el general Rattenbach y su comisión presentaron su informe sobre la guerra de Malvinas. Ese episodio, que es una burla trágica hacia la vida de tantos jóvenes argentinos, no se debatió, ni se castigó a los irresponsables mandamás de ese año, donde se mezcla cobardía con irresponsabilidad y alcohol. Una democracia que en vez de corregir los graves errores y crímenes, se sigue basando en fundamentos con olor a cadáveres y tierras robadas.
Lo que nos falta es tener el coraje civil de descreer de los ególatras y tener fe en la fuerza de las comunidades.
