Como un gentleman, Chris Whalley escuchó uno por uno los argumentos que le dieron sus anfitriones locales sobre la violencia en el fútbol. Con delicadeza, declinó opinar cuando le mencionaban la influencia de cierta injerencia política. El británico es un especialista en seguridad e inspector de estadios de la UEFA. El lunes pasado, Buenos Aires lo recibió con el rebrote de uno de nuestros peores karmas: ese que nos ganamos en la cancha y fuera de ella con un cóctel de muertos, balazos y complicidades para todos los gustos. Esa noche, seis tiros perforaron el frente de la casa del presidente de Los Andes, Oscar Ferreyra. El hecho ratificó una vez más las abismales diferencias entre dos fenómenos que a menudo se intentan comparar y resultan incomparables: el hooliganismo inglés y nuestras barras bravas. El funcionario deportivo vino a la Argentina a disertar sobre el primer tema. Pero quedó asombrado con las causas que explican, en parte, lo que sucede acá.

“En mi país podemos sacarle el pasaporte a un hooligan, pero no a un narcotraficante”, dijo en un castellano agringado ante un auditorio que lo escuchaba atento durante un almuerzo. A su derecha tenía sentado al presidente de Independiente, Javier Cantero. Enfrente estaba Eugenio Burzaco, vocal titular de River y responsable de la seguridad en el club. La definición de Whalley establece en algún punto qué importancia se le da a la violencia en el fútbol inglés. No quiso decir que un hooligan es más peligroso que un narco, pero sí que tienen poderosos disuasivos para neutralizarlos. Y los mencionó: “El que hace algo inadecuado no entra más por un período mínimo de tres años. Y no pueden ir nunca más al exterior cuando juega la selección. Ni al Mundial ni a la Eurocopa”. Más claro, échele agua.

Algunas de las frases que dijo el inglés en sus exposiciones fueron: “Hemos deshecho el poder de la masa, el poder de la muchedumbre”; “los responsables previenen que los irresponsables no entren a los estadios”; “tenemos incidentes, pero podemos identificar a los responsables”; “hay profesionales, los llamamos stewards (son empleados de seguridad privada), porque queremos menos policía”.

A sus conceptos se pueden agregar algunas misceláneas del fútbol británico que aportó el propio Whalley. En los estadios todo el público está sentado. En la Premier League, un 11 por ciento de los partidos se juega sin policías y, en la Segunda División, el porcentaje se eleva hasta el 52 por ciento. En las canchas hay celdas, pero no se usan. El delito más común –ésa es la tipificación que usó siempre– es arrojar objetos al campo de juego. El alcoholismo, si es acompañado de una conducta violenta, termina con el hooligan detenido y sancionado con tres años de prohibición de concurrencia a los partidos. En la actualidad hay unos 3500 hinchas excluidos del fútbol. Es ilegal vender bebidas alcohólicas en las tribunas, pero no en los bares de las canchas ubicados detrás de aquéllas. El especialista también divulgó su experiencia en el Anexo del Congreso de la Nación, en la Casa de Gobierno bonaerense (ver aparte) y en la Universidad Torcuato Di Tella del barrio de Núñez. El presidente del bloque de diputados del Frente Renovador, Darío Giustozzi, lo invitó junto al ex futbolista Oscar Ruggeri y a los periodistas Alejandro Fantino y Juan Manuel Varela. La casa de estudios y la embajada británica organizaron un seminario sobre violencia en el fútbol. El inglés fue el orador principal. Lo acompañaron el periodista Gustavo Grabia y Burzaco, el dirigente de River y ex jefe de la Policía Metropolitana.

La moda Whalley se extendió por una semana. Su experiencia se presentó como la panacea o el modelo a copiar en un país donde la violencia se adueñó del fútbol hace cinco décadas. Aquí pasó de un estado embrionario en los ’60-’70 a uno de expansión sin techo en la década del ‘80, hasta llegar a la etapa en que se institucionalizó el poder de las barras con soporte político, sindical, policial y de los dirigentes del fútbol. Una hipótesis que se impuso como una explicación más que válida y que desarrollan algunos libros periodísticos: Muerte en la cancha, Deporte, violencia y política y Donde manda la patota.

Cuando se le preguntó a uno de los hacedores del modelo inglés sobre los políticos que amparan a los violentos en la Argentina y el botín que se disputan las barras, evitó opinar a fondo, aunque deslizó un consejo: “Si los delincuentes pueden asistir a los estadios, no hay solución posible. Todos los involucrados tienen que estar de acuerdo para erradicar a los barras”. Consultado sobre si vio algo semejante en Gran Bretaña, comentó: “Me han explicado la situación aquí y es totalmente distinta a la de mi país. Tuvimos hooligans que querían pelear con hinchadas adversarias, pero no estaban vinculados con otros negocios”.

Puso como ejemplo que, en Inglaterra, grupos marginales de la política vinculados al nazismo o a otras expresiones xenófobas de vez en cuando organizan marchas o campañas de afiliación cerca de los estadios para captar voluntades entre los hooligans. Es el único modo visible de relacionar a los fans con esos grupos de nula o magra representatividad electoral. Aquí es al revés. Recibieron siempre apoyo de partidos como el PJ y la UCR, las dos fuerzas dominantes durante décadas.

Según Whalley, en Gran Bretaña hay apenas tres derbies de alto riesgo: Manchester United-Liverpool; el clásico de Gales, Cardiff-Swansea; y Blackburn Rovers-Burnley, que es el de su terruño, en Lancashire. En el fútbol argentino el status de alto riesgo debería aplicárseles a casi todos los partidos.

Allá dijeron basta y se pusieron manos a la obra después de dos tragedias: la del 11 de mayo de 1985, cuando en el estadio de Bradford se incendió una tribuna de madera y fallecieron 56 personas y la del 15 de abril de 1989 en Hillsborough, cuando murieron aplastados 96 hinchas del Liverpool en un partido con el Nottin-gham Forest. Una comisión independiente estableció en 2012 que la policía había sido responsable por abrir las puertas de una tribuna. El primer ministro británico, aunque tarde, pidió disculpas por la responsabilidad del Estado. El 23 de junio de 1968 la Puerta 12 del estadio Monumental se transformó en la tumba de 71 hinchas de Boca después de un clásico con River. El hecho nunca se investigó a fondo. La causa penal quedó archivada y sin responsables. Ni en casos semejantes como ésos es posible decir que se actuó de un modo parecido.