ECONOMíA › LA CUPULA EMPRESARIAL ENDURECE LA POSICION FRENTE A LA DISCUSION DE SALARIOS EN PARITARIAS

Si no es por productividad, no hay nada

La discusión la planteó el Grupo de los Seis, encabezados por la UIA. Se negaron a convalidar un porcentaje de aumento, “para que no se convierta en un piso”. Y prefieren postular que sólo debe haber aumentos si es por vía de mayor productividad.

Los dirigentes patronales nucleados en el Grupo de los 6 estuvieron reunidos ayer en la sede de la Sociedad Rural para intentar hacer un frente común de cara a las próximas negociaciones salariales en el marco de las paritarias. “No vamos a convalidar ningún número por las dudas de que se convierta en un piso. Pero sí creemos que los aumentos salariales tienen que ser fijados vía productividad.” Así lo expresó Miguel Acevedo, presidente interino de la Unión Industrial Argentina. A través de un comunicado, el G-6 también criticó el nuevo sistema de licencias no automáticas y reclamó mayor seguridad jurídica.

Los encuentros del conglomerado empresario vienen desarrollándose cada quince días. Del encuentro de ayer participaron los titulares de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega; Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner; Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi; el vicepresidente de la Asociación de Bancos de Capital Argentino, Norberto Peruzzotti; la Sociedad Rural, Hugo Biolcati y Acevedo, quien evitó opinar sobre su sucesor al frente de la UIA y la resolución del conflicto por su elección (que finalmente favoreció a Ignacio de Mendiguren).

En esta oportunidad, el nucleamiento empresario no se pronunció sobre la selección de jueces para el fuero laboral, tema que había sido abordado durante los primeros días de febrero. Tampoco compartieron sondeos electorales, como habían hecho en su última reunión, a fines de febrero.

En esta ocasión, el G-6 comenzó a delinear su estrategia de cara a las negociaciones paritarias. “Para llevar adelante exitosamente las discusiones salariales, resulta conveniente realizarlas en un clima de seguridad jurídica y paz social. Con medidas que alienten la inversión es posible generar más empleo y, de esta forma, mejorar la distribución del ingreso en el país”, señalaron las entidades a través de un comunicado.

Ninguno de los empresarios quiso arrojar algún porcentaje estimado de actualización salarial, por temor a que se convierta en un piso durante las negociaciones. Por lo bajo, los empresarios también hablan de que este año los sindicatos buscarían incluir cláusulas gatillo con posibles ajustes periódicos. Por eso el G-6 incluyó su tan usado concepto de la seguridad jurídica como condición necesaria para llevar adelante un proceso de negociaciones con “paz social”.

Por otro lado, los dirigentes patronales se refirieron a la inflación. “Los aumentos de precios afectan en mayor medida a los trabajadores y a los sectores de menores recursos, pero también al sector de la producción, y atenta contra el desenvolvimiento del capital de trabajo y la inversión”, manifestaron los empresarios. Y agregaron: “Es importante identificar el origen del problema del aumento de los precios”. De alguna manera, con esta aclaración, el G-6 se desligó de cualquier posible responsabilidad en el aumento de los precios.

Por último, el documento fijó su posición en relación al nuevo régimen de licencias no automáticas, puesto en vigencia la semana pasada, donde se ampliaron de 400 a 600 los productos bajo este régimen. “Las restricciones a las importaciones implementadas pueden alentar las represalias comerciales por parte de los países afectados, y restringir la productividad de las empresas locales”, señalaron.

Más allá de que este año arrancó con algunas complicaciones para los representantes del empresariado a raíz de la dura interna dentro de la Unión Industrial Argentina, lo que provocó la renuncia de Héctor Méndez, el escenario electoral promete ser para el G-6 el contexto ideal para exponer su agenda política y económica y alinear posturas. En este sentido, ayer también rechazaron –durante el almuerzo– el proyecto de ley para distribuir ganancias, impulsado en la Cámara de Diputados por el legislador del oficialismo Héctor Recalde, también asesor legal de la CGT. Por su parte, Biolcati logró colar su preocupación por el proyecto que apunta a modificar el estatuto del peón rural, iniciativa enviada por el Gobierno el año pasado y que fue uno de los temas planteados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la inauguración de las sesiones ordinarias. El ruralista ya había manifestado su rechazo al proyecto junto al resto de las patronales del campo (Federación Agraria, Confederaciones Rurales y Coninagro).

Estos últimos temas no aparecieron en el comunicado firmado por las seis cámaras pero sí fueron tópico de conversación entre plato y plato.

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Acuerdo en las sombras. Por “la seguridad jurídica, la paz social” y salarios congelados.
Imagen: DyN
 
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