ECONOMíA › PANORAMA ECONOMICO

Política contracíclica

 Por Alfredo Zaiat

Las experiencias traumáticas de fases recesivas en el ciclo económico argentino han determinado un sesgo analítico hacia la deducción de que toda crisis necesariamente concluirá en resultados devastadores. Los antecedentes de varias décadas ofrecen como prueba varios episodios críticos, con el saldo de fuertes devaluaciones de la moneda nacional, incremento de la desocupación, quiebra de empresas y bancos, deterioro social y fuerte aumento de la pobreza. Con la memoria histórica de perturbadora inestabilidad no pocos agentes económicos esperan el desenlace conocido del pasado, algunos deseándolo y otros atrapados por el temor. Uno de los aspectos más destacados del actual ciclo económico es que la crisis de 2009 y la de este año no han tenido la resolución prevista teniendo en cuenta las precedentes. Pese a la resistencia de quienes se mantienen abrazados al saber económico convencional, se ha demostrado que existe otra manera de transitar el trayecto recesivo de la economía amortiguando sus efectos; no profundizándolos. Esta opción ha desconcertado a los hombres de negocios dedicados a la comercialización de información económica que todavía buscan la brújula para orientarse en un mundo económico que expone con naturalizada brutalidad el fiasco de la ortodoxia. También ha descolocado a la elite empresaria lista para la salida tradicional de las crisis, ansiosa de construir profecías autocumplidas. Ante la desilusión de que no sucedió finalmente lo que pensaban que iba a ocurrir se sienten frustrados, emocional y patrimonialmente, porque apostaron, por ejemplo, a una fuerte devaluación. Que no haya habido un descalabro de proporciones en la economía en un contexto internacional muy difícil y condiciones locales complicadas no fue por la voluntad entregada en el ámbito religioso de la fe ni por vientos de cola o de frente provenientes del exterior, sino por una política económica heterodoxa, con debilidades y atolondrada gestión, que ha conseguido eludir el desenlace conocido de crisis pasadas de la economía argentina.

El mercado de trabajo es la muestra más nítida del impacto de la crisis y, a la vez, la efectividad de la estrategia para morigerarlo. La dinámica laboral se ha visto afectada por la pérdida de puestos, el leve crecimiento de la subocupación, una tasa de desempleo que no siguió bajando y el estancamiento en un porcentaje elevado del empleo informal. De acuerdo con la Encuesta de Indicadores Laborales elaborada por el Ministerio de Trabajo, el nivel de empleo registrado en empresas privadas luego de crecer en forma ininterrumpida durante nueve trimestres consecutivos, en los dos primeros trimestres de 2012 reflejó un descenso del 0,6 por ciento. Durante fases recesivas o fuerte desaceleración del crecimiento se pierden puestos formales y, al mismo tiempo, otras personas no pueden acceder a un empleo formal. Otra de las consecuencias habituales es que trabajadores ocupados tanto en el sector formal como informal pueden sufrir deterioro de sus condiciones laborales, como reducción de salarios, acceso a empleos más precarios, desocupación y, hasta incluso, inactividad. Uno de los sectores más afectados son los jóvenes.

En esta instancia aparece el sendero bifurcado hacia las recetas tradicionales de la ortodoxia o hacia la opción de medidas contracíclicas para mitigar las consecuencias negativas de la crisis. Las políticas del Gobierno en el sector productivo y en el ámbito socio-laboral eligieron la segunda alternativa amortiguando el impacto del desorden económico internacional. El estancamiento de Estados Unidos y el descalabro europeo, zona económica que en conjunto representan la mitad del PBI mundial, condicionan al resto de las economías, incluyendo a la argentina. Además Brasil, principal socio comercial del país, tiene su economía estancada y los intentos para reanimarla no están teniendo el efecto esperado. Ante ese panorama ha sido fundamental la implementación de un conjunto de instrumentos de política económica para mantener la actividad productiva y preservar el nivel de empleo.

En los dos primeros trimestres de 2012, la tasa de desocupación ha permanecido por debajo del 8 por ciento. Este resultado es destacable sobre todo considerando que el crecimiento de la desocupación es una tendencia consolidada en muchos países, en especial en los europeos. Según la Organización Internacional del Trabajo, en los últimos cuatro años, por la crisis internacional se perdieron 30 millones de empleos en el mundo, elevando la cifra total a 200 millones, y estimando que el año próximo se destruirán otros 7 millones de empleos si las naciones industriales no adoptan medidas de reactivación.

El escudo de protección del mercado laboral local, como las reservas del Banco Central para enfrentar tensiones financieras y cambiarias, está integrado por un conjunto de medidas contracíclicas con el objetivo principal de protección del empleo, de manera indirecta, alentando la demanda doméstica e incrementando la protección de la producción local y, de manera directa, a través de políticas laborales específicas. Entre estas últimas se encuentran la reducción de la alícuota de contribuciones patronales, con el objetivo de estimular nuevas contrataciones en pymes, y el Programa para la Recuperación Productiva (Repro), orientado a limitar los despidos a partir de subsidiar una parte de la masa salarial de empresas en crisis.

El documento El impacto de las políticas laborales contracíclicas en el empleo asalariado registrado, de Victoria Castillo, Sofía Rojo y Diego Schleser, presentado en el último Congreso de AEDA, expone que la evaluación de esas dos políticas laborales en la crisis de 2009, que sirve de antecedente para la de este año, es que “la implementación de la medida de reducción de contribuciones patronales redujo a la mitad en el número de puestos que se habrían perdido durante la crisis de no mediar la política, mientras que el Programa Repro, fue efectivo limitando los despidos de trabajadores en el segmento de baja movilidad del tejido productivo y en empresas particularmente afectadas por la crisis internacional”. Esta política se ha articulado con los Procedimientos Preventivos de Crisis, instrumento de diálogo social entre empleadores y trabajadores para superar las fases contractivas, permitiendo un menor impacto negativo tanto para las empresas como para los asalariados.

Las políticas laborales específicas están complementadas con medidas de sostenimiento de ingresos mínimos, con la Asignación Universal por Hijo y la ampliación de la cobertura previsional. Del total de los menores de 18 años, el 83 por ciento recibe una asignación, mientras que en 1997 era de sólo el 37 por ciento. En tanto, el 95 por ciento de las personas mayores de todo el país percibe alguna transferencia por parte del sistema de protección social. A la vez, existen planes de mejoramiento de la capacidad de empleo de los trabajadores, con programas de capacitación y apoyo a la inserción laboral y el seguro de empleo.

El aumento del nivel de empleo registrado, con una estructura ocupacional con mejores condiciones laborales, y la amplia cobertura del sistema de protección social, han configurado un mercado laboral y social contracíclico que está en mejor posición que en crisis pasadas para enfrentar la fase negativa de la economía.

La cuestión central no es si una crisis externa impactará o no, sino el modo y la intensidad en que la misma terminará afectando la situación económica y social. Los instrumentos de defensa para morigerar los costos de la crisis han probado su efectividad y no fueron consecuencia de un factor de la naturaleza, como si fuera un hecho ajeno a decisiones políticas, sino por la definición de una estrategia económica que la ortodoxia dedica pasión en crítica. Observaciones que son una imprescindible guía para saber lo que no hay que hacer en materia económica.

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