EL PAíS › RESPONSABILIZARON A EMPRESARIOS POR LAS MUERTES DE ONCE Y A EX FUNCIONARIOS POR FALTA DE CONTROL

El juez se concentró en la trama económica

Claudio Bonadío procesó a los dueños de TBA por delitos que contemplan penas de 10 a 25 años de prisión. El argumento es que la falta de inversión generó las condiciones para el accidente. A los ex funcionarios les imputó incumplimiento de sus deberes.

 Por Irina Hauser y
Raúl Kollmann

Los dueños de TBA Claudio y Mario Cirigliano, junto con un grupo de ejecutivos de su red de empresas, fueron responsabilizados por las 51 muertes y los más de 700 heridos que dejó la tragedia de Once, en una resolución del juez Claudio Bonadío que les atribuye los delitos de asociación ilícita, defraudación a la administración pública y descarrilamiento agravado, por los que les pueden tocar penas que van de 10 a 25 años de prisión. El argumento central es la falta de inversión prolongada a lo largo de años en mantenimiento, infraestructura y mecanismos de seguridad, que generaron las condiciones para el accidente, a pesar de que la concesionaria del Sarmiento recibía importantes subsidios estatales. Incluso según señala el fallo, buena parte de ese dinero fue derivado a otros emprendimientos comerciales del mismo grupo empresario e incluso a gastos personales suntuosos. También fueron procesados los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el ex interventor de la CNRT Pedro Ochoa Romero y el ex subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna. Pero el magistrado no les imputó las muertes sino abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes por no haber sido más enérgicos en el control a TBA para que prestara su servicio de acuerdo a los estándares del contrato de concesión. El maquinista Marcos Antonio Córdoba fue sobreseído porque –evaluó el juez– las pericias técnicas arrojaron que la formación no tenía suficiente capacidad para frenar normalmente y no se pudo comprobar que estuviera borracho, adormecido, encandilado o que fuera epiléptico.

“La asociación ilícita organizada por los accionistas, directivos y gerentes actuantes de TBA, por medio de actos de administración infiel de los fondos públicos transferidos por el Estado Nacional generaron una ‘cadena de felicidad’ destinada a enriquecer de manera ilícita y espuria a una serie (veintiún) de empresas vinculadas entre sí y pergeñadas alrededor de Sergio Claudio Cirigliano, Mario Francisco Cirigliano y el Grupo Plaza y finalmente destinadas a maximizar sus ganancias personales más allá de toda avaricia posible”, dice la resolución de 876 páginas, len ínea con el planteo inicial del fiscal Federico Delgado. Entre empresarios, funcionarios y sindicalistas, afirma el juez, se entabló una “trilogía siniestra” que “permitió/posibilitó que el 22 de febrero de 2012 a las 8:23” el choque fatal en Once.

- La empresa. Los hermanos Cirigliano al igual que Marcelo Calderón –quien fue presidente de TBA y es director de la controlante Cometrans– fueron procesados como jefes de organización con prisión preventiva, pero no quedaron detenidos porque la Cámara Federal ya había dado algunas excarcelaciones en la causa. Lo mismo sucede con los organizadores: Carlo Ferrari, Claudio Tempone, Carlos Lluch y Jorge Alvarez. Sobres sus bienes y otros miembros del grupo el juez dispuso trabar un embargo hasta cubrir 600.000.000 pesos. El fallo incluye a otra decena de ejecutivos de Cometrans y TBA como parte de la asociación ilícita.

Para todos ellos Bonadío aplicó el artículo 191 del Código Penal, que en realidad castiga al que descarrila intencionalmente un tren, agravado en este caso por las muertes. Al argumentar dice que “el objetivo de la empresa no era prestar un servicio seguro, confiable y con mayores índices de regularidad, sino hacerse de los recursos económicos que le eran transferidos por el estado nacional”. A sus integrantes les atribuye, hasta con citas de Hegel, un “accionar consciente y directo” y dice que obraron “por codicia” durante diecisiete años. El accidente, advierte, se podía producir en cualquier momento.

- Los funcionarios. Jaime, Schiavi, Luna y Romero Ochoa fueron procesados por delitos con penas de un mes a dos años de prisión y se les trabó embargo por un millón de pesos. El juez consideró que desde sus cargos, si bien impulsaron medidas contra la empresa, como la aplicación de multas (algunas elevadas), estaba comprometida “la seguridad de los usuarios” por lo cual desliza –aunque no lo explicita– que debió adoptarse una decisión más drástica, como la quita de la concesión. “No cumplieron adecuadamente” su función “de controlar que la empresa” preste el servicio “de acuerdo a los estándares de seguridad fijados en el contrato de concesión”, fundamentó. Pero “tenían cabal conocimiento de la manera en la cual TBA prestaba el servicio ferroviario de pasajeros, circunstancia que se prolongó durante años” y sin embargo “no tomaron medidas tendientes a encauzarlo”. Algunas de las querellas, como la que representa María del Carmen Verdú, cuestionan que los funcionarios hayan sido desligados de la asociación ilícita.

El razonamiento es que el deterioro del Sarmiento fue posible por toda esa “inacción”. El sucesor de Romero Ochoa en la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT), Eduardo Sícaro, fue sobreseído. A los gremios del ferrocarril los cuestiona por “privilegiar prebendas sindicales” e impedir “implementar sistemas de gerenciamiento moderno que hubieran dejado al desnudo las falencias”.

- El maquinista. “Las pruebas no han acompañado el esfuerzo de las defensas” en mostrar “la incapacidad momentánea física y/o psíquica del conductor aludiendo a estados de embriaguez, somnolencia por falta de sueño durante la noche anterior y encandilamiento solar, incluso ataques de epilepsia”, señala Bonadío. Enfatiza que nada de eso fue probado en pericias, tests y exámenes médicos y que la “actitud” de Córdoba “de quedarse en la cabina”, “muestra que intentó detener la formación” hasta último momento, algo que evidenciaba también la posición de las zapatas de los frenos.

A las “deplorables condiciones” previas del servicio, se sumaron otros factores técnicos que, dice, colaboraron con las dificultades del motorman para frenar en los últimos 300 metros. La formación que se estrelló circulaba con seis de ocho compresores, tenía “mantenimiento diferido” y carecía de velocímetro. Si no había una falla “evidente”, no se suspendía el servicio. “No surgió un mal funcionamiento del sistema de frenos”, pero sí “que los tiempos de recuperación de la presión del frenado” eran deficientes. El tren no frenaba correctamente. El sistema hidráulico del paragolpes del andén no estaba en estado operativo “presentando solo un impedimento estático”. Por la diferencia de altura del paragolpes respecto al bastidor del tren, este quedó aferrado y se terminó incrustando el primer vagón en el segundo, a lo que se sumó el “debilitamiento del material” de cincuenta años. Para colmo el tren iba sobrecargado.

Entre algunas de las pruebas que exhibe el fallo sobre los negociados por los que el Grupo Plaza desvió el dinero que debía usar para mantener los trenes, mejorarlos y cuidar la seguridad de los pasajeros, figuran acuerdos entre empresas del mismo círculo, por los que se van pasando sumas millonarias, originadas en subsidios públicos. Por ejemplo, un contrato de asesoramiento con Cometrans entre 2004 y 2010 por 127.798.900 pesos. Hay gastos de Cirigliano con tarjeta de crédito por 402.697 pesos en dos años en joyas, carteras y muebles con fondos de TBA. A esto se suma que hay mails entre los propios imputados de la empresa donde asumen la situación calamitosa del tren. En uno, Roque Cirigliano le dice a Claudio, a Tempone y Alvarez en relación con las locomotoras que “la disponibilidad es escasa o nula” y que la “condición de la flota en servicio presenta deterioro” “a raíz del bajo mantenimiento efectuado durante largo tiempo”.

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El accidente en la Estación Once provocó 51 muertes y más de 700 heridos.
Imagen: DyN
 
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