ECONOMIA › OPINION

Inclusión, dignidad y crecimiento

 Por Carlos Tomada *

El miércoles 13 de marzo no fue un día más en nuestro país. Al menos no lo fue para las trabajadoras y trabajadores de casas particulares. Porque se dio un paso fundamental para saldar una deuda de más de cinco décadas con este sector social. Un colectivo que no contaba con los mismos derechos que los demás. Y que ahora, con la nueva ley del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, ya tiene estos derechos que le eran negados. Sintámonos orgullosos.

¿Por qué hablamos de deuda histórica? Porque hasta ayer esta modalidad de trabajo estuvo regulada por una ley impuesta por la dictadura militar que derrocó al presidente Perón. Una normativa que negaba un derecho tan básico como la licencia por maternidad. O la protección para las trabajadoras que son despedidas durante su embarazo. Que establecía una jornada laboral abusiva y no contemplaba el pago de horas extra. Se trataba, a todas luces, de una reglamentación injusta y discriminatoria que desconocía el concepto de ciudadanía laboral.

El nuevo régimen que ayer se convirtió en ley limita la jornada de trabajo a 8 horas diarias y 48 semanales. Estipula descansos nocturnos de 8 horas ininterrumpidas y diurnos entre las tareas matutinas y vespertinas, además de los recesos necesarios para cada una de las comidas. A su vez, extiende la licencia anual ordinaria, que antes se otorgaba en el período elegido a discreción por el empleador y ahora se enmarca obligatoriamente entre el 1º de noviembre y el 31 de marzo.

En cuanto a la licencia por enfermedad o accidente, ahora será de 3 a 6 meses –según antigüedad–, cuando anteriormente no superaba los 30 días. Del mismo modo, queda garantizado –por primera vez para este sector– el derecho del trabajador a tomarse días por maternidad, matrimonio, fallecimiento del cónyuge o de un hijo. También para rendir exámenes. Y se extienden los plazos de preaviso en caso de despido, a la vez que se fija a un mes de sueldo como la indemnización mínima. En suma, ni más ni menos que los derechos elementales de cualquier trabajador.

Esta idea de reparación de colectivos precarios comenzó a gestarse hace mucho. Y en 2009 empezó su periplo parlamentario en busca de encontrar las mejores opciones para que se convirtiera en ley. Finalmente, el momento llegó. Resulta inaudito pensar que durante años de años en democracia no hubo voluntad política para revertir estas injusticias. Pero lo que sorprende aún más es ver que quienes fueron gobierno y nada hicieron por los sectores más necesitados sigan pronosticando catástrofes que nunca ocurren. O lo que es peor, que traten de convencer a la sociedad de volver a las viejas recetas neoliberales, a aquellas políticas que privilegiaban el crecimiento de pocos por sobre la inclusión de muchos. Y así, poner a la especulación por sobre el trabajo.

Cuando Néstor Kirchner asumió aquel 25 de mayo, escribió dos palabras en el horizonte: igualdad e inclusión. Hacia allí se orientan todas las políticas que venimos desarrollando desde ese momento. Un camino que comenzó con la derogación de la nefasta ley Banelco. Y que buscó en el trabajo y la producción sus argumentos para incluir. Que por eso le da pelea al trabajo no registrado. O combate a la explotación infantil. O contra la injusticia en el sector agropecuario. O en el sector que sea.

En esta línea también se encuentra la incorporación de más de dos millones de jubilados que no podían hacerlo porque los sucesivos ajustes o la evasión previsional de algunas patronales se lo impedían. O la Ley de Movilidad Jubilatoria que garantiza aumentos semestrales para los jubilados. En esta dirección, se encolumna también la recuperación del Consejo del Salario Mínimo, las negociaciones colectivas o la Asignación Universal por Hijo. Y tantas otras iniciativas que generaron que más de 12 millones de personas tengan una cobertura social que no tenían antes del 2003.

Esta nueva conquista para las trabajadoras y trabajadores no es un hecho aislado. Forma parte de la política de equiparación de derechos por la que siempre lucha la Presidenta. Que nos impulsó a elaborar y presentar este proyecto que hoy es ley. Y que se identifica con leyes fundamentales para nuestro país y para nuestra sociedad. Como la nueva Ley del Estatuto del Trabajador Rural, que puso un límite a una larga historia de precarización y de esclavitud. O, desde otro ángulo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el matrimonio igualitario. O el Plan Conectar Igualdad. O YPF con la nacionalización de nuestros recursos energéticos. Y también la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que propicia mecanismos de más empleo.

Sí, el miércoles 13 de marzo fue un gran día. Lo fue no solamente para las trabajadoras y trabajadores de casas particulares, sino para el conjunto de la sociedad. Porque la inclusión es garantía de dignidad, de crecimiento y de futuro para todos los argentinos.

* Ministro de Trabajo.

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