ECONOMíA › EL JUEZ FURNARI PROHIBIO LA ESCISION DEL GRUPO Y DESIGNO UN VEEDOR

La Justicia avanza sobre Indalo

Es a raíz de una denuncia de la AFIP por supuesta insolvencia fiscal fraudulenta. Las medidas ordenadas por el magistrado tendrán vigencia hasta que el conglomerado cancele una deuda tributaria de cerca de 8000 millones de pesos.

El juez federal Esteban Furnari prohibió ayer la escisión del Grupo Indalo, propiedad de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, hasta que cancele la deuda tributaria que mantienen con la AFIP por 7665 millones de pesos más intereses. A su vez, el magistrado designó un veedor judicial para que vele por el cumplimiento de la medida, sin interferir en la administración de las sociedades, y le presente un detallado informe del conglomerado a los 30 días de haber asumido su cargo. El Grupo negó el martes a través de un comunicado haber cometido alguna ilegalidad y en ese texto ya había adelantado que, “hasta tanto la Justicia no cierre definitivamente la investigación, no se efectuará dentro del Grupo Indalo ninguna modificación en las tenencias accionarias que pueda significar siquiera remotamente una disminución de la capacidad patrimonial de cualquiera de sus compañías”. Ayer trascendió que Oil Combustibles se habría presentado en convocatoria de acreedores en Comodoro Rivadavia, pero fuentes de la empresa evitaron confirmar la noticia.

El fallo judicial fue a raíz de una denuncia de la AFIP contra López y De Souza por supuesta insolvencia fiscal fraudulenta. La mayoría de la deuda correspondería al Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que la petrolera Oil Combustibles retuvo a los consumidores en el momento que pagaban la nafta pero no habría girado a la AFIP durante los últimos cuatro años. En el Gobierno afirman que López y De Souza utilizaron ese dinero para fondear a otras firmas del grupo, en especial Inversora M&S SA, a través de la cual compraron medios de comunicación, el banco Finansur y fábricas como Paraná Metal. A su vez, desde AFIP dejaron trascender un supuesto temor de que la deuda se vuelva impagable para el grupo en los próximos meses por supuestas dificultades financieras y/o la división del conglomerado. Por ese motivo, presentaron la denuncia.

Desde Indalo difundieron el martes un comunicado en el que aseguraron que “Oil Combustibles S.A., como el resto de las empresas del Grupo, tanto en sus balances como en las declaraciones juradas ante la AFIP, han declarado con exactitud y transparencia los impuestos por las actividades que desarrollan. En ningún caso hubo declaraciones incorrectas, engañosas u omisión de las mismas, lo cual descarta objetivamente que haya existido delito alguno de evasión fiscal”. Además, desde el Grupo aseguraron que no avanzarán con su división societaria.

El juez Furnari no se quedó conforme con la promesa del Grupo y ayer informó que se oficiará a la Inspección General de Justicia a fin de impedir cualquier inscripción que implique el desmembramiento o modificación del estatus jurídico de las empresas del grupo, ya sea a través de la transferencia de paquetes accionarios, escisiones, fusiones y todo tipo de reorganización empresaria. Además, solicitó impedir el cambio de sede social de dichas sociedades fuera de la Ciudad de Buenos Aires.

El magistrado también designó un veedor en el Grupo al cual le encomendó la realización de un informe que deberá incluir un detalle de los activos de las sociedades, indicando valuación fiscal de los bienes inmuebles, créditos e imposiciones bancarias, los pasivos de las mismas empresas, los egresos y una síntesis de la situación actual, económica financiera y patrimonial de Oil Combustibles y su posible proyección, entre otros ítems. En el fallo, el juez precisó que la vigencia de la medida “se extenderá hasta tanto Oil Combustibles cancele la deuda que mantiene con el organismo recaudador”.

Desde el Grupo Indalo sostienen que la presión gubernamental, judicial y mediática contra el grupo apunta a cercenar la libertad de prensa y de empresa. “En poco tiempo quedará al descubierto que la campaña de hostigamiento generalizado en contra del Grupo Indalo oculta el inequívoco propósito de llevarlo a una situación que lo obligue a vender sus activos. En particular las empresas de comunicación que actúan de manera independiente a los grupos de medios concentrados y garantizan la pluralidad de opiniones”, aseguraron en su comunicado del martes pasado.

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El empresario Cristóbal López está en la mira del Gobierno por las posiciones críticas de sus medios.
 
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