ECONOMIA › OPINION

Juzgar la idoneidad

 Por Demian Panigo * y Edgardo Torija Zane **

Los fundamentos del rechazo al pliego de Mercedes Marcó del Pont como presidenta del BCRA estuvieron vinculados con una supuesta falta de idoneidad de la funcionaria, algo particularmente llamativo dada su inobjetable trayectoria. Desde el punto de vista académico, ésta incluye una maestría en una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos (Yale) y la dirección de uno de los centros de investigación más activos e influyentes de nuestro país (FIDE), logros que muchos funcionarios que han pasado por la presidencia del BCRA no pueden mostrar entre sus antecedentes académicos.

En materia de gestión, su rol al frente del Banco de la Nación Argentina es probablemente el principal activo para respaldar su idoneidad como candidata a la presidencia del BCRA. Durante su mandato, que coincidió en buena parte con el desarrollo de la crisis financiera internacional más importante de los últimos 80 años, la performance del Banco Nación ha sido notable, especialmente en materia de impulso al crédito al sector privado (que creció 77 por ciento en dos años contra sólo 20 en los principales bancos privados), de promoción del fondeo a mediano y largo plazo (como se observa en el crecimiento de 12,7 por ciento en la participación de los depósitos a plazo en el total de los pasivos versus una contracción de 9,4 por ciento en el caso de los bancos privados) y de reducción de los márgenes de intermediación financiera (el spread implícito cayo 7,5 por ciento en el Banco Nación y subió un 47 en los privados), todo esto con un aumento del 30 por ciento de la tasa de rentabilidad de la institución y una significativa disminución de los distintos indicadores de riesgo de cartera (con una cartera irregular que ya es menos que la mitad de la de los privados).

Finalmente, y no por ello menos importante, el pliego de Marcó del Pont tampoco puede objetarse desde el plano ético-legal debido a la ausencia de acusaciones de mal desempeño de la función pública en su contra a lo largo de toda su carrera. El problema no sería entonces Marcó del Pont sino su apoyo a la creación del Fondo de Desendeudamiento. Es decir, una proscripción política y no un problema de idoneidad, siendo esto último lo único que debiese juzgarse en este caso. Pero incluso la crítica al Fondo de Desendeudamiento carece de argumentos económicos convincentes.

La primera objeción radica en la potencial pérdida de independencia del BCRA y sus efectos sobre la inestabilidad macroeconómica y la probabilidad de nuevos embargos por parte de los tenedores de bonos en default. Mientras que la evidencia empírica respecto de la validez de la primera proposición es débil y ambigua, el propio argumento lógico de la segunda presenta lagunas propicias para la crítica mayéutica. Resulta sencillo demostrar por el absurdo que un Fondo destinado a reducir a su mínima expresión el problema del default de 2001 (al estar orientado a disminuir el nivel de endeudamiento y mejorar los resultados del nuevo canje de los holdouts) difícilmente pueda incrementar los problemas legales originados justamente por la persistencia del default ante cierto número de acreedores.

Como segunda crítica, la oposición argumenta que el Fondo tendría efectos inflacionarios, al liberar recursos presupuestarios para el incremento del gasto público, asumiendo que: 1) todo aumento de demanda agregada genera mayores costos, incluso con capacidad ociosa a la salida de una crisis internacional; 2) la disminución de reservas podría generar un fuerte aumento del tipo de cambio; y 3) el Gobierno no cuenta con otras herramientas que no sea la disminución del gasto público para controlar la dinámica de los precios.

El primer supuesto pareciera olvidar que existen otras múltiples causas de la inflación ligadas a la puja distributiva, a la forma de la competencia, a la variación de los precios internacionales. Frente a la fuerte desaceleración de la economía en 2009 es probable que algunos de estos factores sean más relevantes que los aumentos de costos por mayor demanda, recomendándose así evitar los ajustes del gasto que podrían derivar en procesos estanflacionarios. Por otra parte, la hipótesis de que una reducción en las reservas podría generar inflación cambiaria pareciera minimizar el hecho de que la medida anunciada mejora los ratios de vulnerabilidad financiera y reduce el costo de endeudamiento.

Aun si existiesen presiones alcistas en la evolución de los precios, las autoridades siempre cuentan con instrumentos de intervención alternativos al ajuste fiscal, tales como nuevos acuerdos de precios, manejo de los cupos de exportación, administración del multiplicador del sistema bancario, operaciones de mercado abierto, medidas antimonopólicas. En cualquier caso, la estrategia antiinflacionaria más apropiada en el largo plazo consiste en el crecimiento de la inversión productiva, algo difícilmente compatible con políticas fiscales recesivas que reduzcan las ventas, o procesos de reendeudamiento público que incrementen el costo de financiamiento empresario.

En definitiva, ninguna de las críticas al Fondo de Desendeudamiento es contundente. Resulta evidente que una reducción simultánea de las reservas y la deuda externa pública necesariamente apareja una mejora de las condiciones financieras para el país que volverá más sustentable cualquier proyecto de crecimiento con inclusión social. Ante este escenario, la Comisión de Acuerdos del Senado tiene la oportunidad de revalorizar la imagen del Congreso ante el conjunto de la sociedad, evitando obstaculizar el nombramiento de la nueva autoridad del BCRA, separándose de prejuicios sobre la candidata y privilegiando los fundamentos económicos por sobre intereses políticos particulares ajenos al problema en cuestión.

* Doctor en Economía, investigador del Conicet.

** Doctor en Economía y docente de la Universidad de París Dauphine.

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