Las empresas contratistas que Estados Unidos manda a América latina en su lucha antidrogas han recibido negocios por casi mil millones de dólares, pero no le rinden cuentas a nadie, según denunció esta semana la senadora que dirige la subcomisión que las supervisa en el Congreso norteamericano. “Casi no hay transparencia en lo que están haciendo o cuánto les pagamos. Al parecer ha habido insuficiente supervisión sobre esos convenios”, se quejó la legisladora demócrata Claire McCaskill, según la transcripción de una audiencia.

Esas compañías, entre ellas Lockheed Martin, DynCorp, Northrop Grumman e ITT Systems, recibieron de 1999 a 2009 contratos por 977 millones de dólares para programas en América Central y del Sur. A diferencia de las firmas contratadas por Estados Unidos para las guerras en Irak y Afganistán, donde, entre otras cosas, aportan hombres para tareas militares, en América latina están básicamente dedicadas al entrenamiento de pilotos y mantenimiento de helicópteros. Asimismo, son usadas para realizar sistemas de imágenes de radares y mapas geográficos, suministrar equipos de información y comunicación y vigilancia aérea.

Dichas empresas realizan labores en Colombia, El Salvador, Aruba, Curazao y la base de Manta, en Ecuador, ya clausurada, indicó William Weschler, responsable antidrogas del Departamento de Defensa. En respuesta, el responsable antidrogas del Departamento de Estado, David Johnson, expresó que las compañías han cumplido satisfactoriamente con los contratos.

Pero McCaskill destacó que la subcomisión ha solicitado por meses información sobre esos contratos. “Ninguna de nuestras peticiones ha sido satisfecha en su totalidad”, aseguró. Agregó que el Congreso recibió “contratos que parecen contradecirse. El Departamento de Estado no reportó debidamente contratos por cientos de millones de dólares sólo en Colombia”, denunció. “Al compilar la información mi oficina encontró inconsistencias en los registros”, admitió Weschler.

Durante la audiencia McCaskill criticó que el Departamento de Defensa tuviera que pagar a un contratista 50 mil dólares para recopilar la información que entregó al Congreso. “¿Están bromeando? ¿Soy la única que se siente en una casa de la risa de un parque de diversiones?”, se quejó, en soledad, la legisladora.