EL MUNDO › OPINIóN

Funcionales a la derecha

 Por Fernando Krakowiak

Luego de la aplastante derrota que sufrió el Partido Socialista Español (PSOE) en las elecciones del domingo, algunas voces acusaron a los jóvenes que se concentran desde el 15 de mayo en la Puerta del Sol de ser funcionales a la derecha. El argumento es que ese movimiento inorgánico, que combina críticas indignadas hacia los políticos con frases utópicas heredadas del Mayo Francés, terminó sirviéndoles en bandeja el triunfo a los conservadores del Partido Popular (PP), al convertir las calles en cajas de resonancia de las críticas contra la gestión oficial. El supuesto implícito detrás de ese cuestionamiento es que la victoria del PP es peor para los intereses populares de lo que habría sido un triunfo del PSOE. Sin embargo, lo hecho por José Luis Rodríguez Zapatero en los últimos dos años pone en duda esa afirmación, ya que cuesta hallar al menos un rastro siquiera de progresismo en sus políticas.

Salarios y jubilaciones. El 12 de mayo de 2010, Zapatero anunció un recorte de 5 por ciento en los salarios públicos y su congelamiento durante 2011. A su vez, congeló todas las jubilaciones, salvo la mínima, poniendo fin a 25 años de subas garantizadas por ley. Para intentar compensar, redujo 15 por ciento el salario de los miembros de su gabinete. Las medidas formaron parte de un plan de ajuste más amplio destinado a reducir el déficit fiscal, que fue ratificado por el Parlamento el 22 de mayo de 2010 por apenas un voto de diferencia (169 a 168).

Empleo público. En julio de 2010, el gobierno anunció la supresión de 10.600 puestos de trabajo en el plazo de tres años para ahorrar 314 millones de pesos. Los únicos exceptuados fueron el personal de las fuerzas armadas y del resto de los cuerpos de seguridad, los empleados del Poder Judicial, del servicio penitenciario y los controladores aéreos.

Reforma laboral. El 16 de junio de 2010, Zapatero dictó un decreto-ley de flexibilización laboral, que en septiembre de ese mismo año fue ratificado por el Parlamento. La norma generalizó el contrato de fomento de empleo de 2001 que fija la indemnización por despido injustificado en 33 días por año trabajado, en detrimento de los 45 días establecidos en el Estatuto de los Trabajadores de 1980. Además, estableció como “justificado” el despido en las empresas con pérdidas y lo facilitó al reducir de 45 a 20 días la indemnización por año trabajado. El Estado también se comprometió a pagar parte de las indemnizaciones con un Fondo de Garantía Social ideado originalmente para afrontarlas en caso de quiebra. Por último, se autorizó a que empresarios y trabajadores pacten a nivel de empresa la suspensión del convenio laboral de su respectiva actividad en situaciones de crisis.

Política social. El 4 de julio de 2007, Zapatero anunció el otorgamiento de una asignación de 2500 euros por única vez por nacimiento o adopción. La iniciativa, conocida como “cheque-bebé”, fue aprobada por el Senado en noviembre de ese año. En el caso de madres solteras, familias numerosas o con hijos discapacitados, la ayuda subía a 1000 euros. No obstante, el 12 de mayo de 2010 se anunció la eliminación del “cheque-bebé” a partir de enero de este año como parte del plan de ajuste. Además, el gobierno dejó de pagar en febrero el Prodi, un subsidio de 426 euros destinado a los desocupados que, luego de cobrar el seguro de desempleo, siguieron sin trabajo. Lo reemplazó por el Prepara, una ayuda de 400 euros mensuales que se abona sólo durante seis meses y no puede ser percibida por quienes cobraron el Prodi, aunque sigan sin empleo.

Reforma jubilatoria. En enero de este año, el gobierno acordó con los sindicatos y las empresas elevar la edad jubilatoria de 65 a 67 años de manera progresiva a partir de 2013. La cantidad de años de aportes se elevará gradualmente de 35 a 38,5 y el período de la vida laboral que se toma para calcular el haber pasa de 15 a 25 años. También aumentó la edad para adherir a la jubilación anticipada prevista en situaciones de crisis (de 61 a 63 años).

Política migratoria. En junio de 2009, Zapatero aprobó una ley de extranjería más dura, que amplió de 40 a 60 los días que puede estar detenido un inmigrante indocumentado antes de ser deportado. Asimismo, para frenar la llegada de personas en edad de trabajar, se limitó la reagrupación familiar para los ascendientes (padres y abuelos), que sólo pueden ingresar a España si son mayores de 65 años y si el inmigrante que lo solicita acredita cinco años de residencia legal. El gobierno además firmó acuerdos con países africanos y latinoamericanos para facilitar la repatriación forzada de los “ilegales”. Incluso se implementó un insólito “incentivo” para repatriar inmigrantes desocupados. El gobierno les ofrece todo el subsidio de desempleo si abandonan el país comprometiéndose a no regresar por cinco años: 50 por ciento antes de partir y el otro 50 por ciento apenas llegan a sus países de origen.

Privatizaciones. En diciembre del año pasado, Zapatero dio luz verde a la venta del 49 por ciento de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) y al 30 por ciento de Loterías y Apuestas del Estado. Además, está evaluando la privatización de ferrocarriles, estaciones de trenes y televisoras públicas, tal como se desprende de los informes solicitados al Consejo Consultivo de Privatizaciones. El gobierno adelantó que el dinero recaudado será destinado a cancelar deuda.

Este es sólo un punteo de las principales medidas, pero alcanza para ver que no han sido precisamente los jóvenes de Puerta del Sol los funcionales a la derecha.

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