EL MUNDO › MEDIA SANCION EN URUGUAY PARA LA LEY DE TIERRAS DE PEPE MUJICA

Que tribute el latifundio

Con el voto favorable de la Cámara de Diputados, el gobierno de Uruguay dio un paso adelante en su intento por gravar la tenencia de campos superiores a las dos mil hectáreas, para evitar la concentración de la propiedad agraria.

El Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), que obliga a tributar a los poseedores de grandes extensiones de tierra, obtuvo ayer media sanción. De este modo, el gobierno de Uruguay dio un paso adelante en su intento por gravar la tenencia de campos superiores a las dos mil hectáreas para evitar la concentración de la propiedad agraria. La Cámara de Representantes uruguaya aprobó la iniciativa por 50 votos a favor, todos provenientes de la bancada oficialista del Frente Amplio y 33 en contra. La sesión extraordinaria de Diputados finalizó después de diez horas de intenso debate. El proyecto había conseguido dictamen el martes para ser discutido en la Comisión de Presupuesto. A partir de su aprobación en la Cámara baja, esta normativa deberá ser tratada en el Senado para entrar en vigor, donde el Frente Amplio (FA) también cuenta con mayoría.

En un final no apto para cardíacos, la votación en la Cámara de Representantes tuvo que realizarse en dos ocasiones para que el ICIR quedara aprobado, ya que en la primera votación no se había alcanzado la mayoría necesaria por un voto. Entonces, el Partido Colorado pidió la ratificación de la votación, pero el FA solicitó un cuarto intermedio. La presidenta de Cámara, Daisy Tourné (PS), concedió el pedido para pasar a un cuarto intermedio de cinco minutos. En un clima marcado por la tensión, el FA buscó al diputado que faltaba. Una vez que Gustavo Rombys llegó a la sala, el cuarto intermedio se levantó y se votó el proyecto del Ejecutivo. Sin embargo, el Partido Nacional dejó constancia de que el procedimiento de la mesa no fue el adecuado.

La compulsa en torno de la iniciativa desnudó una serie de divergencias al interior del oficialismo, al punto de que los legisladores de Asamblea Uruguay dejaron en claro que habían votado por disciplina partidaria y se mantuvieron en silencio durante un debate por demás intenso. Gonzalo Mujica, diputado frenteamplista y una de las voces oficialistas que defendió el proyecto, cuestionó las críticas “histéricas de derecha” que cosechó la propuesta, y remarcó que el nuevo tributo apenas afectará al 2,5 por ciento de los propietarios.

El desarrollo de este impuesto estuvo atravesado por la polémica antes de que llegara a Diputados. En el seno del gobierno desató una disputa entre el presidente José Mujica y el vicepresidente Danilo Astori, arquitecto de la política económica del país. Apenas Mujica planteó el proyecto, Astori expresó sus diferencias, demorando así la llegada del texto al Congreso. El vicepresidente estimó que aplicar un impuesto a la tenencia de tierra significaba cambiar las reglas de juego del sistema tributario que se aplica desde que el FA llegó al poder en 2005.

Una de las críticas esbozadas por el astorismo es que el impuesto (ICIR) no tenga en cuenta la productividad de las tierras. Juan Carlos Cardoso, del Partido Nacional, consideró que el nuevo tributo es “un impuesto ideológico de raíz tupamara, que modifica la reforma tributaria elaborada por la otra pata del FA” y lamentó la “administración bicéfala de la economía”. Por su parte, Mujica defendió la ley como una “cuestión de principios” para evitar la creación de grandes latifundios.

El proyecto prevé que aquellas personas que tengan entre dos mil y cinco mil hectáreas deberán pagar 8 dólares al año por cada unidad, los que posean entre cinco mil y diez mil hectáreas desembolsarán 12 dólares, y quienes sean dueños de mayores extensiones deberán pagar 16 dólares. Se estima que, con el nuevo tributo, el Ejecutivo recaudará unos 60 millones de dólares anuales que, según se anunció, serán destinados a la construcción de caminos, carreteras, puertos y vías férreas. El impuesto gravará a unos 1200 productores rurales, aproximadamente al 2,5 por ciento de los más de 47 mil que existen en el país, que, sin embargo, poseen el 36 por ciento del terreno agrícola del Uruguay.

Con esta ley también se pretende evitar la compra de grandes extensiones de tierra por parte de empresas extranjeras, algo que no está de momento regulado por la normativa del país. En Uruguay, el sector agropecuario es el principal generador de riquezas y en los últimos años se ha visto beneficiado por un notable incremento en los precios internacionales de los granos, carne y lana, entre otros.

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