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Los brasileños no quieren dejar las armas. Ese fue el pronunciamiento del primer referendo popular realizado ayer en Brasil, donde 2 de cada 3 votos válidos fue a favor de la venta de armas y municiones. Con el cómputo oficial del 94 por ciento de las urnas electrónicas, el “No” a la prohibición de las armas había recogido un respaldo del 64 por ciento contra 36 por ciento del “Sí”, opción defensora del desarme.
Las consecuencias prácticas de la consulta son relativas: de ahora en más los civiles podrán comprar armas libremente, como lo hacen actualmente, pero sólo después de cumplir una serie de restricciones impuestas por una ley que seguirá en vigor. Las consecuencias políticas y sociales son diversas y no todas muy claras. Aunque no participó abiertamente en la campaña, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva cargará con el costo de la derrota. Fue con respaldo del Palacio del Planalto que el Estatuto del Desarme se debatió y sancionó el Congreso hace dos años, y fueron los diputados oficialistas quienes impulsaron una consulta popular sobre la comercialización o no de armas de fuego.
Ayer por la mañana, en breve contacto con la prensa, Lula finalmente admitió haber apretado la tecla del “Sí” en la urna electrónica tras dejar la escuela de San Bernardo do Campo, ciudad vecina a San Pablo, donde está empadronado. Dos días antes, el mandatario había evitado pronunciarse: “El voto es secreto”, dijo a los periodistas que lo consultaron. Hasta último momento, Lula procuró evitar que el descontento con su gestión se tradujera en votos por el “No” al desarme. Pero todo indica que parte de quienes escogieron esa opción quisieron demostrar su decepción con un gobierno que sigue perdiendo credibilidad, como lo informó ayer una encuesta del diario Folha de Sao Paulo. Ese mismo sondeo dice que Lula mantiene chances para disputar la reelección en el 2006 y que sólo José Serra, intendente de San Pablo, lo vencería en segunda vuelta.
Ayer, Serra, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, también votó por el “Sí” al desarme, tal como lo hicieron otros líderes socialdemócratas, incluyendo al ex presidente Fernando Henrique Cardoso.
Ese dato revela la disociación entre la clase política y la mayoría de los ciudadanos, al menos sobre cómo hacer frente al flagelo de la violencia que el año pasado mató a 36 mil personas, lo que coloca a Brasil como el país –salvo los que están en guerra– donde ocurren más muertes por armas de fuego. El resultado no tomó por sorpresa a nadie, ya que las encuestas divulgadas el viernes le daban hasta 10 puntos de ventaja al “No”, que meses atrás apenas se llevaba el 20 por ciento de las adhesiones. Sí sorprendió la holgura de la victoria y el alto número de abstenciones, que según información extraoficial rondaría el 20 por ciento de los 122 millones de electores en un referendo de asistencia obligatoria. Esa posible baja participación se empató con la poca agitación vista en las colas de votación y, al final del día, en la ausencia de festejos callejeros, como ocurre habitualmente.
En sólo 20 días de campaña televisada, los partidarios del “No” supieron explotar el lado emocional de un electorado sensibilizado por los altos índices de violencia. Reivindicando formalmente el “derecho a la legítima defensa” e implícitamente el “derecho a matar”, el “No” convenció a la mayoría de los brasileños de que para defender su patrimonio y su vida lo mejor es tener una pistola escondida en el ropero. Una ficción que desmienten las estadísticas según las cuales es ínfima la chance de reducir a un ladrón armado. Según esos estudios, lo más probable es que el agresor mate a su víctima si ésta intenta reaccionar armada. El diputado y militar retirado Jair Bolsonaro declaró que el resultado impedirá que los “bandidos” puedan matar más “personas de bien”. Meses atrás, Bolsonaro reivindicó en el Plenario del Congreso la aplicación de torturas durante la dictadura militar. En términos parecidos a los de Bolsonaro se pronunció el policía retirado y coordinador nacional de la Campaña por el “No” Roberto Fraga, que adelantó que impulsará nuevos referendos para discutir la pena de muerte y la reducción de la edad penal.
Es posible que la derrota del desarme impacte sobre países de la región. En la reciente cumbre de presidentes iberoamericanos celebrada en España, la ONG Oxfam propuso que iniciativas como la del gobierno brasileño fueran emuladas en Latinoamérica, donde también son altos los índices de violencia. Este año, Chile y Perú iniciaron campañas para la entrega voluntaria de armas, igual que Brasil en el 2004, cuando fueron recogidas y destruidas unas 400 mil piezas.