Después de la frustrada liberación de rehenes, el gobierno colombiano anunció ayer que rechaza las misiones humanitarias internacionales. Luego de que la semana pasada Bogotá revelara que el niño supuestamente secuestrado por las FARC estaba en manos del gobierno, funcionarios colombianos despotricaron ayer contra la insurgencia, pero también contra la última comisión humanitaria organizada por Caracas e integrada por delegados de siete países, entre ellos el ex presidente argentino Néstor Kirchner. Las críticas contra la delegación internacional, que fue autorizada en su momento por Colombia, fueron recibidas entre el silencio, la sorpresa y el rechazo. Por su parte, familiares de los rehenes ratificaron su fe en las gestiones humanitarias.

En una señal de endurecimiento, el gobierno del presidente colombiano Alvaro Uribe hizo ayer una nueva demostración de fuerza. La novedad no fue que el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, exigiera la libertad de los secuestrados en manos de la guerrilla, sino que pusiera fin a la esperanza de muchos familiares y países promotores del intercambio humanitario. “Exigimos a las FARC que liberen a todos los secuestrados, porque ya no hay confianza para negociar con ese grupo”, señaló. “Por eso ya no más acuerdos, no más misiones humanitarias para que las FARC jueguen con todos, con la comunidad internacional”, añadió.

Las declaraciones se produjeron a una semana de que las FARC suspendieran la entrega de tres rehenes alegando peligrosas operaciones militares del ejército y luego de que Bogotá revelara, el 31 de diciembre, que Emmanuel, el hijo de la secuestrada Clara Rojas, no podía ser liberado por la insurgencia porque lo tenía el gobierno.

En este escenario –que algunos medios locales interpretaron como un fortalecimiento de Uribe y un desmadre de la guerrilla–, el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Araújo, ratificó que el gobierno aún espera la entrega de los rehenes, pero también desechó la intervención internacional. “Estamos mirando la posibilidad de que las FARC cumplan su palabra de hacer la entrega de Clara Rojas y Consuelo González, en cuyo caso nosotros facilitamos la entrega, pero sin aceptar la presencia de comisiones internacionales humanitarias”, dijo.

Sin sutilezas, el canciller apuntó los cañones directamente contra la delegación presidencial organizada por Chávez la semana pasada, de la que participaron Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Cuba, Francia y Suiza. “Esta comisión, que vino en un acto de transparencia y de apertura del gobierno colombiano, llegó con un discurso muy cargado en contra del gobierno y muy favorable a las FARC, poniendo siempre en duda los informes que daba el gobierno y registrando siempre como reales las mentiras de las FARC”, señaló.

En reemplazo de los mediadores internacionales, el ministro anticipó que ante una futura liberación unilateral de rehenes por parte de las FARC, se acudiría al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Para el canciller las delegaciones internacionales llegadas a Colombia no conocían la situación colombiana ni a las FARC, lo que los llevó a atacar al gobierno y a defender a la guerrilla, dijo. “El resultado de esta gestión fue malo”, agregó.

Horas después del anuncio oficial de Bogotá, llegó la reacción de los países que asistieron a la operación convocada por Caracas en Colombia. Mientras Argentina mostró sorpresa (ver aparte), un asesor de Marco Aurelio Garcia, el asistente en asuntos internacionales del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, dijo a Página/12 que Aurelio no haría declaraciones, aunque recordó el agradecimiento que Uribe le expresó la semana pasada y el saludo que le envió a Lula. En cambio, Gustavo Larrea, el enviado por parte de Ecuador, rechazó la última decisión de Colombia. “El mundo entero pide un espacio humanitario”, dijo.

En tanto, los familiares de los secuestrados se mostraron ayer esperanzados en el canje humanitario que impulsa Venezuela. “Me alegro muchísimo de que Emmanuel esté en libertad. En cuanto a la liberación de González y Rojas, confiamos en la labor humanitaria de Chávez y los países latinoamericanos”, dijo a Página/12 Claudia Hara, esposa de Alan Hara, capturado hace más de seis años cuando era gobernador del departamento colombiano de Meta. “Hay que buscar una salida humanitaria al problema”, agregó. Por su parte, Gustavo Moncallo, padre de un militar secuestrado por la insurgencia, criticó a Uribe en una conferencia de prensa en Venezuela. “Uribe llama a matar guerrilleros, mientras otros llamamos al intercambio humanitario”, afirmó. “Como no hay guerra en Colombia, el gobierno acude a EE.UU. para armar un ejército contra un supuesto terrorismo”, añadió.

Informe: Juan Manuel Barca.