EL PAíS › NEGOCIACIóN SECRETA ENTRE EL GOBIERNO Y LAS ENTIDADES DEL AGRO BUSCANDO ACERCAR POSICIONES

Piedra libre a los negociadores del acuerdo

El encuentro entre Alberto Fernández y los dirigentes sería el paso previo al cierre de un acuerdo. Discuten sobre carnes, trigo y leche. Pondrían tope a las retenciones móviles. Los planes que prepara Carlos Fernández para Economía.

 Por Raúl Dellatorre

Las expectativas de que esta semana se alcance un acuerdo entre el gobierno nacional y las entidades agropecuarias se vieron alimentadas anoche al conocerse la existencia de una reunión, muy reservada, entre el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y los máximos representantes de las cuatro entidades agropecuarias. La instrumentación de una solución transita sobre tres ejes: una efectiva baja del precio de la carne vacuna en los mostradores que induzca al Gobierno a reabrir las exportaciones; la creación de un nuevo mecanismo de comercialización del trigo que facilite el acceso de los productores medianos a un valor más retributivo para la producción y la fijación de un precio para el litro de leche en tambo que garantice la sustentabilidad de las unidades productivas más pequeñas. Adicionalmente, el Gobierno ofrecerá fijarles una tasa máxima a las retenciones móviles cuando la soja supere los 600 dólares la tonelada. Y las entidades agropecuarias, Federación Agraria en particular, abrir ferias de comercialización de productos agrícolas de venta directa del productor al consumidor en los principales centros urbanos del país, “colaborando” con una especie de precio testigo a “controlar” el accionar de los especuladores en los canales de comercialización más habituales. Tras la reunión informal de anoche, se esperaba que entre hoy y mañana se encontraran formalmente las entidades y el Gobierno para darle forma al acuerdo. En la oportunidad, haría su debut en estas lides Carlos Fernández, flamante ministro de Economía, cuyos colaboradores ya trabajan en la definición de algunos lineamientos de su gestión.

Casi sin tiempo para acomodar las fotos familiares sobre su escritorio, el nuevo titular del Palacio de Hacienda estrenó su cargo recibiendo a su antecesor, Martín Lousteau, durante una hora y media. También tuvo contactos con Javier De Urquiza, con quien repasó la propuesta del Gobierno y los antecedentes del conflicto. Junto a aquél y a Guillermo Moreno, deberán pilotear el acuerdo que se busca concretar dentro de las próximas 48 horas con Federación Agraria, Confederaciones Rurales, Sociedad Rural y Coninagro.

Pese a que aún no se metió de lleno en la pulseada, el nuevo ministro ya hizo saber a sus más allegados que la idea que intentará imponer es la de abrir la negociación “lo más posible” entre las distintas categorías de productores, tanto en tamaño como por nivel de rentabilidad. “Darle una mano al pequeño productor también es redistribuir”, sostienen cerca del nuevo ministro. Aunque ello implique pelearse con los de mayor tamaño. “Eso es parte de la gestión que inicia, lo sabe bien, tiene experiencia”, afirman las mismas fuentes. La experiencia alude a las negociaciones que, entre 2002 y 2003, el actual ministro mantuvo con los gobernadores provinciales, desde distintos cargos que ocupó en la administración nacional. “Eso sí que era pelear en medio de una crisis, cuando no había un peso partido por la mitad y lo de las provincias eran necesidades más que urgentes; la de hoy es, a lo sumo, una crisis de abundancia”, confió una fuente de acceso directo al ministro.

Ayer, sin mencionar al nuevo miembro del gabinete, la presidenta Cristina Fernández le puso marco a la nueva gestión. “Las mismas voces que fueron responsables de tragedias hoy vuelven a decirnos que lo que debemos hacer es enfriar la economía”, y explicó que eso significa “bajar el consumo, y cuando se baja el consumo hay menos trabajo y menos salarios para millones de argentinos que han vuelto a consumir”. En la ciudad santiagueña de Añatuya, donde participó de la entrega de viviendas rurales y la inauguración de un hospital zonal, la Presidenta señaló que “es importante que cada uno de nosotros sepamos que esta construcción exige esfuerzo y trabajo, pero también hay que tener claro que quienes deben contribuir más son aquellos a los que mejor les ha ido”. En esa línea, remarcó que “la gran batalla que viene es por la redistribución del ingreso, por una sociedad más justa, y a ella deben contribuir los que más tienen”.

Como parte de la gestión para sostener el crecimiento, los colaboradores de Carlos Fernández ya piensan en una estrategia de negociaciones con grandes sectores para comprometer inversiones que aseguren un aumento sostenido de la oferta. “Con el actual ritmo de inversión, no se sostiene un crecimiento del 8 al 10 por ciento anual, pero hay que actuar sobre la oferta, no frenando la demanda”, diagnostican y proponen. Con el campo, pasadas las negociaciones y acuerdos coyunturales, la propuesta será la misma: a largo plazo, aumentar la producción con más inversión y condiciones de mercado estables que el Gobierno se comprometerá a garantizar. Con esa perspectiva, esperan el momento en el que les toque participar en el actual conflicto.

La redistribución del ingreso, creen en el equipo económico a punto de debutar, se logrará por esa vía: mayor producción para mejorar el empleo y los salarios. “No por vía de reparto del superávit fiscal primario, que está muy comprometido con el pago de deuda, por una política de desendeudamiento que se mantendrá”, arriesgan.

Para lograr dicha redistribución, será importante cuidar que no se disparen los precios. Cerca de Carlos Fernández admiten que la inflación actual está “unos puntos arriba de la medición del Indec, tal vez en el 15 por ciento anual o algo más, pero nunca el 30”. Corregir las mediciones y atacar los factores que generan aumentos de precios, prometen, serán tareas que no se eludirán.


Un fallo transgénico

La Justicia Federal de Rosario hizo lugar a una demanda presentada por tres productores agropecuarios santafesinos contra el gobierno nacional para que se suspendan las retenciones dispuestas en marzo de este año, por considerarlas inconstitucionales. La resolución judicial ordenó al Estado nacional que suspendiera la aplicación de la resolución 125/08, limitando el otorgamiento de la medida a la comercialización de las 935 toneladas de soja de propiedad de los tres demandantes hasta que recaiga sentencia definitiva. El abogado patrocinante, Fabio Cerutti, manifestó que “el fallo permite a los productores vender su producción declarada sin que se les retenga la alícuota por el derecho de exportación”.

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Alberto Fernández, jefe de Gabinete, con los dirigentes agropecuarios. Otra vez protagonistas, pero ayer fuera de Casa de Gobierno.
 
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