EL PAíS › LA CáMARA FEDERAL DIJO QUE EL JEFE DE LA ARMADA DEBE SER INVESTIGADO POR UN JUEZ PORTEñO

Un salvavidas para el almirante Godoy

El tribunal dijo que el juez de Rawson no es competente para investigar al jefe y al subjefe de la marina por espionaje ilegal. La medida postergaría un eventual procesamiento de Godoy, lo que podría haberle costado el cargo.

 Por Werner Pertot

La Cámara Federal porteña resolvió que el jefe de la Armada, Jorge Godoy, debe ser juzgado en Buenos Aires y, de esta manera, le quitó la competencia al juez federal de Rawson, Hugo Sastre, el mismo día que estaba habilitado para definir si procesaba al almirante por el espionaje ilegal en la base naval Almirante Zar. La medida rige para el jefe y el subjefe de la marina, pero no alcanza al resto de la cúpula ni a los 12 militares procesados. El fallo es un alivio para Godoy y para el gobierno nacional, que en menos una semana se hubiera encontrado con un segundo jefe de una fuerza armada con un procesamiento en la Justicia.

La causa por espionaje ilegal de la marina comenzó en marzo de 2006. La Justicia de Rawson allanó diversas bases navales y encontró fichas sobre políticos, organizaciones sociales y derechos humanos y hasta de la comunidad árabe. Cuando se conoció el caso, la ministra de Defensa, Nilda Garré, separó a dos de las autoridades de la marina y cerró las centrales de inteligencia. Este año, el CELS pidió que se indague al jefe de la Armada y al resto de la cúpula; en el caso de Godoy y de su segundo, Benito Rótolo, por haber firmado el Plan Básico de Inteligencia Naval (PBIN) 2005, que incluía los conceptos de “amenazas asimétricas” y de “comunicación institucional”, que avalaron el espionaje ilegal.

El juez de Rawson terminó de indagar a los últimos dos imputados el lunes (ver recuadro), por lo que a partir de ayer tenía 10 días para definir si procesaba o no a Godoy. Todo indica que un procesamiento le hubiera costado el cargo. Con cierto don de la oportunidad, la Sala II de la Cámara Federal hizo lugar a un pedido de la defensa de Godoy y Rótolo –del que PáginaI12 informó la semana pasada– de enviar la causa a Buenos Aires, que había sido rechazado por el juez federal Daniel Rafecas el 25 de julio de este año. La medida implica el congelamiento del caso, aunque no es la primera vez que ocurre: la causa estuvo trabada durante más de un año en Rawson a raíz de una presentación que hizo la Armada, por orden de Godoy. El cambio de jurisdicción, en cambio, fue un logro del abogado del jefe de la marina, secretario de la ONG Fores, conocida por su defensa de los jueces de la dictadura.

Los camaristas Martín Izurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah consideraron que el caso ha “comprometido distintos ámbitos territoriales” y que sólo una parte de los hechos “se cometieron exclusivamente en el territorio de la provincia de Chubut”. Sobre la responsabilidad del jefe y el subjefe de la Armada en la firma del Plan 2005 advirtieron que “formaría parte de una única –y grave– maniobra ilegal llevada a cabo por altas esferas de la Armada y que necesariamente deben ser pesquisadas por el Juzgado Federal” porteño. Sus Señorías consideraron que esto no traerá demoras a la causa, porque ya están hechas las indagatorias y reunidas las pruebas. Por lo tanto, le ordenaron a Rafecas que le pida a Sastre que se inhiba y le envíe una copia del expediente. Si Sastre rechaza la medida, deberá definirse en la Cámara de Comodoro Rivadavia, la misma que procesó al ex jefe del Ejército Roberto Bendini por peculado.

Cuando Rafecas envíe el oficio, tanto el CELS como el fiscal Fernando Gelvez tienen previsto oponerse a que el caso sea enviado a Buenos Aires. Además, señalarán que esto no debería paralizar la causa y que el juez Sastre puede resolver el procesamiento de Godoy, mientras se dirime paralelamente el expediente. De todas formas, es difícil que el magistrado tome alguna decisión mientras se discute la jurisdicción, lo que implica que el almirante ganó un respiro, unos meses más en su puesto.

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El jefe de la Armada, Jorge Godoy, está imputado por ordenar tareas de espionaje ilegal.
 
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