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“Tanto la Copal, que está presidida por Jorge Zorreguieta, que fue secretario de Agricultura y Ganadería durante la dictadura de Videla, como la Unión Industrial están pidiendo al Gobierno que reprima a los trabajadores después de que la empresa incumpliera con las leyes laborales de nuestro país”, expresaron en un comunicado los familiares de los operarios echados por la empresa Kraft (ex Terrabusi), que convocaron a un “escrache” para hoy a la UIA.

Las entidades empresarias Copal (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios) y la UIA (Unión Industrial Argentina) se pronunciaron a favor de la empresa Kraft en medio del conflicto por el despido de 160 trabajadores.

“Seguiremos denunciando que Kraft-Terrabusi despide como represalia porque los trabajadores se atrevieron a reclamar medidas de prevención por la gripe A, que la empresa se negó a conceder”, señalaron los familiares que, además de la reincorporación de los 160 operarios, reclaman el retiro de la policía de la planta de Pacheco.

Por este tema, Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo; Victoria Moyano, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), y la diputada Liliana Piani (ARI-CC) se reunieron con el subsecretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Carlos Stagnaro. El funcionario les expresó que su criterio es no intervenir en un conflicto que tiene que resolver la cartera laboral y que no estaba al tanto de quién había dado la orden de reprimir el lunes 7 ni de quién había ordenado militarizar la planta. Moyano le planteó que la Secretaría de Seguridad es la máxima autoridad y que no hay ninguna orden, más allá del pedido de Terrabusi en tal sentido. “Zorreguieta está pidiendo el desalojo y si en 24 horas no sacan a la policía los organismos de derechos humanos vamos a hacer responsable al Gobierno de lo que suceda”, le dijo Moyano a Stagnaro. Espen, de Madres, le expresó que la situación podría agravarse y que con la policía adentro de la fábrica podía haber muertos, mientras que Piani denunció que en la zona norte la policía actúa sin orden judicial en los conflictos laborales.