EL PAíS › LA ARGENTINA NEGó HABER CONSENTIDO LA INSTALACIóN DE BOTNIA

Contra lo que dice Uruguay

Los abogados argentinos ante el tribunal de La Haya buscaron refutar uno de los principales argumentos de los uruguayos. En la audiencia de ayer también se aportaron pruebas con el propósito de demostrar que la pastera contamina.

La Argentina negó ayer, en la tercera jornada de audiencias ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, haber dado su consentimiento para la construcción de pasteras a las orillas del río Uruguay. Así, los abogados argentinos en la causa contra Uruguay por la instalación de Botnia buscaron refutar uno de los principales argumentos de la defensa uruguaya. Además, los especialistas en cuestiones ambientales empezaron a aportar parte de las pruebas que indicarían que la papelera “contamina” y que estaría prohibida en Europa.

La primera parte de la jornada de ayer estuvo en manos del abogado Marcelo Kohen, especialista en Derecho Internacional de la Universidad de Ginebra, asesor del equipo argentino ante La Haya. A diferencia de la audiencia previa, en la que habló del Tratado del Río Uruguay acordado entre uruguayos y argentinos en 1975, en esta ocasión intentó desmontar uno de los principales argumentos uruguayos: que las autoridades argentinas autorizaron el funcionamiento de la planta.

En ese sentido, Kohen dijo que Uruguay debía consultar a las poblaciones afectadas y que presentó los Informes de Impacto Ambiental a destiempo, cuando la decisión sobre Botnia ya había sido tomada. Pero explicó que en dos reuniones de la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) Argentina condenó las autorizaciones de Botnia y ENCE.

Según contó, en esas reuniones “ningún miembro de la delegación uruguaya afirmó que se hubieran salvado los obstáculos para llegar a un acuerdo para la construcción de las pasteras”. Agregó que Uruguay “quiere hacer creer que las negociaciones paralelas pueden sustituir los procesos previstos en el Estatuto” y sostuvo que aun “si las negociaciones directas de 2003 a 2006” hubiesen conducido a un acuerdo, éste “no sustituye las obligaciones hacia el Estatuto”.

Los expertos que participan de la defensa argentina revelaron, por su parte, que Botnia vierte al río “decenas de miles de toneladas de contaminantes al año” y aseguraron que empeoró la calidad de aire por los humos y olores a “huevo podrido” que recorren 45 kilómetros del interior argentino. También explicaron que el río por momentos se convierte en una laguna y es “incapaz de disolver los residuos tóxicos”.

La explicación del impacto ambiental de Botnia estuvo a cargo de Juan Carlos Colombo, especialista en oceanografía de la Universidad de Quebec y profesor de la Facultad de Ciencias y Museo de la Universidad de La Plata. Luego de los dos primeros días de audiencias, en los que Argentina presentó la situación general de su demanda a Uruguay, los integrantes del equipo de científicos y de técnicos empezaron a revelar el origen de los datos que sostienen las principales acusaciones contra Uruguay. Colombo habló sobre los resultados del Plan de Vigilancia del Río Uruguay, que monitoreó durante los dos últimos años el funcionamiento de Botnia. En base a esos estudios, las autoridades argentinas habían dicho que Uruguay contaminaba y que una planta como Botnia estaría prohibida en Europa.

Colombo precisó que ese estudio comprobó un empeoramiento de la calidad del aire. Añadió que ese “trasvase de contaminación” es negado por Uruguay y además dio detalles sobre la floración de algas y las corrientes del río.

Como en las dos primeras audiencias, la Corte escuchó testimonios de los especialistas argentinos. La próxima semana recién escuchará a los especialistas uruguayos, y una semana más tarde ambos países tendrán la ocasión de responder a las cuestiones pendientes. Esta es la última etapa del juicio –ahora oral– entre Uruguay y Argentina por el litigio de las papeleras y luego de las audiencias, el tribunal abrirá un cuarto intermedio para dar el veredicto. Se estima que los jueces se pronunciarán en un plazo probable de seis meses.

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La embajadora Susana Ruiz Cerrutti y el equipo argentino durante la audiencia en La Haya.
Imagen: Télam
 
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