EL PAíS › OYARBIDE DECIDIó LA SITUACIóN DEL “ARREPENTIDO” EN LA CAUSA DE MEDICAMENTOS

Brito fue procesado y seguirá preso

 Por Irina Hauser

El empresario farmacéutico Gabriel Brito, conocido como “el arrepentido” de la causa sobre la mafia de los medicamentos, fue procesado con prisión preventiva como integrante de la asociación ilícita dedicada a comercializar remedios adulterados, vencidos y robados y a cobrarle al Estado costosos tratamientos inexistentes. También quedó acusado de extorsionar a otros imputados de la financiera Vernet, donde el jefe de la organización y dueño de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo, solía cambiar cheques de la Obra Social Bancaria vinculados con los mismos negociados. Brito, quien figura como aportante a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, había sido filmado reclamando dinero a esa cooperativa bajo amenaza de hacer revelaciones comprometedoras.

Antes y después de su detención, el 5 de mayo, Brito sostuvo que los cheques de su empresa Global Pharmacy, que están en la lista de aportes a la campaña de 2007 del Frente para la Victoria, eran un préstamo que le había hecho a Lorenzo, también preso, con quien tenía amistad. Eran 310 mil pesos y, según su versión, nunca supo que serían utilizados para financiamiento electoral.

En uno de los primeros allanamientos en la casa de Lorenzo se hallaron recibos de donaciones para la campaña por cerca de un millón de pesos. Brito se dedicaba a hacer auditorías de droguerías, entre ellas de San Javier. Esto explica, en parte, la enorme cantidad de datos y nombres que señaló durante sus largos días de indagatoria. Para Oyarbide, nada de eso lo exculpa de su participación en la organización, que además estaría acreditada por escuchas telefónicas que lo ligan con personajes centrales, como el propio Lorenzo. Por eso lo procesó, lo dejó detenido y le trabó embargo de 400 mil pesos.

La extorsión se dio por acreditada con una cámara oculta que muestra a Brito en Vernet pidiendo dinero a cambio de su silencio. Los hombres de la financiera, Diego Tarruela y el abogado Juan Caracoche, que tienen pedido de indagatoria de la fiscalía en la misma causa, le presentaron la filmación a Oyarbide. Vernet le había pedido la quiebra a Global Pharmacy por un cheque sin fondos y Brito –que dice que Lorenzo maneja la financiera– admitió que les pidió dinero, pero como “un resarcimiento”. Su abogado, Alejandro Sánchez Kalbermatten, anunció que planteará la nulidad de la filmación como prueba y de las escuchas utilizadas para imputar a su cliente. “Las escuchas son un recorte de cientos de llamados: se toman algunos, pero se excluyen otros que tal vez podrían exculpar a Brito”, argumentó, consultado por Página/12.

Tanto las escuchas como buena parte de la declaración de Brito conectan el negocio de los medicamentos truchos con la política y con un punto sensible en la investigación: la presunta connivencia del Estado en la distribución de subsidios irregulares de la Administración de Programas Especiales (APE) destinados a que las obras sociales solventen tratamientos de altísimo costo para el cáncer, el sida y la hemofilia, especialidades de la droguería de Lorenzo. Brito declaró que el ex superintendente de Salud y recaudador de la campaña del FpV Héctor Capaccioli, el ex gerente de ese organismo Néstor Vázquez y Lorenzo “hacían negociados” con los fondos de la APE. Una de las modalidades para que las obras sociales reclamaran los reintegros era mediante historias clínicas falsas, armadas con recetas y troqueles truchos. En este y otros expedientes se comprobó la maniobra en algunos casos de La Bancaria y otras obras sociales.

Oyarbide tuvo en cuenta algunos dichos de Brito cuando procesó, días atrás, a Walter Maffini, Lidia Cinich y Sergio Amarilla, ligados a la droguería Max Pharma. Todavía no está claro qué valor le dará a sus afirmaciones sobre Capaccioli, Vázquez y otras personas a las que implicó, como Sebastián Gramajo y Hernán Diez (quienes también actuaron en la recaudación del Frente para la Victoria). La Cámara Federal le ordenó investigarlos. A Capaccioli ya anunció –en una resolución de esta semana, donde se negó a desprenderse de la investigación sobre la obra social de Camioneros– que lo citará como imputado.

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