EL PAíS › LOS DOCUMENTOS SECRETOS DE LA JEFATURA DE POLICIA DE TUCUMAN

Persecución obrera y complicidad empresaria

En las carpetas de la represión ilegal en Tucumán que un testigo aportó a la Justicia figuran pruebas de que las empresas colaboraban con las patotas policiales y militares al señalar a los empleados “sospechosos”.

 Por Ramiro Rearte

Desde Tucumán

Los documentos secretos de la Jefatura de Policía de Tucumán entregados a la Justicia por el testigo Juan Carlos Clemente describen cómo los represores se dedicaron a perseguir militantes de partidos políticos, de organizaciones sociales, profesores universitarios y estudiantes. Pero también muestran que los integrantes de la patota policial y militar no trabajaron solos. Recibieron la ayuda de sectores empresarios. En Tucumán, algunas empresas azucareras se encargaron de entregar las listas de su personal “revoltoso”. Como la leyenda rural de “El Familiar”, ese perro con ojos rojos y pelo negro que se devoraba a un jornalero de la caña de azúcar para que el patrón tuviera una buena cosecha, durante la década del ’70 los perros fueron los miembros de las fuerzas de seguridad locales, y tenían un sistema aceitado de secuestro, tortura y posterior desaparición. En la foja 207 de los libros de la Jefatura de Policía se deja constancia de un informe “confidencial”, fechado el 23 de julio de 1976, de la empresa de consultores en seguridad Ecos. S.A. El texto fue enviado al departamento de inteligencia (más conocido como D2) “a sus efectos”, según se informa en el papel.

“Cúmpleme comunicar que telefónicamente, a las 9.30, me informó el vigilador afectado al servicio de vigilancia del portón principal del Ingenio Concepción, manifestándome que momentos antes se había hecho presente en su puesto un ciudadano que solicitó autorización para penetrar al interior de dicha fábrica y al no concederle, por cuanto no estaba autorizado y aprovechando que el portón estaba abierto, entró al ingenio... se le exigió que se identifique, éste le exhibió (cédula de identidad) a nombre de José Luis Suárez. A su retirada hizo algunas murmuraciones y al parecer ofuscado por el control... El vigilador que intervenía en esos casos, manifestándole que este vehículo había sido visto en la finca El Chical donde hace pocos días se han incendiado algunas máquinas integrales propiedad de la Compañía Azucarera Concepción S.A. Hago constar que este informe es confidencial”, dice parte del texto que lleva la firma de dos integrantes de la empresa que cuidaban el ingenio del sur tucumano.

En otro memo, se comunica a los represores de trabajadores que “mantenían reuniones en sus lugares de trabajo”. “Según datos recibidos, el día 13 de abril del corriente mes, siendo horas 19.45, aproximadamente, el químico práctico José Antonio Acuña que debía trabajar en el turno de las 21.00 a 4.00 entró a la fábrica en compañía de una persona no identificada y que no sabe si pertenece o no al establecimiento, habiendo realizado un reunión en la zona del decantador con los siguientes obreros” (y da una lista de ocho personas con sus cargos). Es de suponer que hay elementos de conexión extremistas, ya que se habló de tomar represalias contra ejecutivos de la empresa, haciendo contacto con una tal Páez de Lastenia”, dice el documento también confidencial que tiene una curiosa aclaración al final, escrito a máquina de escribir, “Roberto: esto me entregaron hoy en el ingenio Cruz Alta. Toda la situación la conoce el ingeniero Carbonell. Tiene el hombre (cuyo nombre está en reserva por si lo quieres conversar) que oyó toda la conversación. Este ingenio está bajo nuestra vigilancia, pero la portería no. Creo que desde el lunes queda bajo nuestro control la portería. Según me dijo el doctor Nougués esta mañana, esta situación la conoce ya el teniente coronel Cattáneo. Estimo que la sabrás vos también. Algo se cuece...”, dice el apartado en el que se menciona a uno de los represores que estaba imputado en la causa Jefatura de Policía, Alberto Luis Cattáneo, que murió sin condena mientras era juzgado y a la familia Nougués, dueños del ingenio y miembros de la alta sociedad tucumana.

En otro de los papeles se hace constar una averiguación de antecedentes y seguimiento de un militante de izquierda desde abril de 1968. Según el documento, Heraldo Milcíades Salvatierra vivía en Bella Vista y era trabajador azucarero y militaba en la combativa Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (Fotia). Ya por esos años era seguido por los represores policiales que resumían su actividad en su casa: “en un domicilio de la ciudad de Bella Vista, realizaban en horas de la noche y al que el mismo concurrían personas de reconocida militancia dentro del Partido Comunista, pudiéndose notar entre los asistentes a Samuel Kauffman, esta reunión, según versiones, obedecía a que los trabajadores de la mencionada ciudad estaban en conflicto”. Salvatierra está desaparecido hasta el día de hoy.

Los trabajadores azucareros venían con una serie de conflictos sindicales desde el masivo cierre de los ingenios que llevó a cabo Juan Carlos Onganía en 1966. Uno de los dirigentes mencionados en dicho escrito es Atilio Santillán, uno de los sindicalistas con mayor apoyo popular en el interior tucumano, que fue asesinado a balazos en Capital Federal el 22 de marzo de 1976, 48 horas antes del golpe militar.

También los efectivos de las fuerzas de seguridad participaron como asistentes de una asamblea de la Fotia en 1969, donde informaron que se reivindicó como mártir a Ernesto “Che” Guevara. “Salvatierra usó la palabra en una asamblea de la Fotia. Habló en representación del Movimiento de Liberación Nacional, y en parte de su discurso dijo: ‘Este acto es un paso más de la lucha iniciada para recuperar nuestras conquistas sociales que el gobierno cipayo del monopolio yanqui que más que un gobierno son unos vende patria, para lograr que esto no suceda debemos imitar el ejemplo de las revoluciones de China, Francia, Alemania y Santo Domingo y al mártir de la revolución cubana el Che Guevara’”, detallaron los genocidas.

Entre los documentos entregados por Clemente a la Justicia tucumana figura la lista que documenta los nombres de 293 personas que estuvieron secuestradas y señala que 195 de ellas tuvieron “disposición final”, es decir, fueron asesinadas.


La empresa de seguridad ECOS,
que custodiaba en Ingenio Concepción,
entregó su informe al Departamento de
Inteligencia.

Compartir: 

Twitter
 

 
EL PAíS
 indice

Logo de Página/12

© 2000-2019 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.