EL PAIS › LAS PRESIONES DE LA EMBAJADA DE EE.UU. PARA FRENAR EL CASO AMIA

Una ayudita a los amigos para acusar a Irán

La embajada norteamericana en Buenos Aires presionó para que el fiscal Alberto Nisman no investigara a Menem, Galeano, Anzorreguy y otros amigos por desviar la causa AMIA. Las fuentes dentro de la DAIA, la obsesión por culpar a Irán.

 Por Raúl Kollmann

Los cables emitidos por la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires y filtrados por Wikileaks a Página/12 revelan que Washington presionó a lo largo de varios años para que no se siguiera adelante con la investigación contra Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, el comisario Jorge “Fino” Palacios y otros funcionarios por haber frenado y desviado la investigación del atentado a la AMIA. “Los oficiales (norteamericanos) de nuestra Oficina Legal le han recomendado al fiscal Alberto Nisman que se concentre en los que perpetraron el atentado y no en quienes desviaron la investigación”, se sostiene en un cable del 22 de marzo de 2008 que hoy da a conocer este diario.

La Oficina Legal era, en realidad, un eufemismo, ya que se trataba de la cobertura usada por los hombres del FBI, que eran quienes verdaderamente presionaban para proteger a los que encabezaron la investigación inicial –Menem, Galeano, Palacios–, tradicionalmente afines a las posturas de Estados Unidos. “Esto podría ser usado por Irán para cuestionar la credibilidad e imparcialidad de la investigación”, señala en el cable el por entonces embajador de Estados Unidos Earl Anthony Wayne, a quien no parecía preocuparle que la pesquisa por el desvío de la investigación del atentado había sido ordenada por el propio Tribunal Oral que juzgó el caso AMIA. Poco tiempo después, el pedido de procesamientos que emitió Nisman fue convalidado por el juez Ariel Lijo y luego confirmado por la Cámara Federal.

El 22 de mayo de 2008, el fiscal pidió la detención del ex presidente Menem, de su hermano Munir, del ex juez Galeano, del titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, de su segundo Juan Carlos Anchézar, y del jefe de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal, Palacios. Todo se centraba en una investigación iniciada diez días después del atentado sobre Alberto Jacinto Kanoore Edul, un ciudadano de origen sirio, cuyo padre fue amigo de Carlos y Munir Menem. Kanoore Edul realizó, ocho días antes del atentado contra la AMIA, por una llamada a Carlos Telleldín, el último tenedor de la Trafic que estalló en la mutual judía. Kanoore nunca pudo explicar aquella comunicación y fue cambiando su versión varias veces. Además, en la hoja de ruta de una empresa que dejó un container delante de la AMIA cinco minutos antes de la explosión, también figuraba un predio vacío en la calle Constitución, contiguo a varios domicilios de Kanoore. Con esas evidencias en la mano, Galeano ordenó el allanamiento de las propiedades, así como la intervención de todos los teléfonos de Kanoore. Sin embargo, como determinó Nisman y luego confirmó el juez Lijo, toda la investigación se frenó no bien Alberto Kanoore Edul padre fue a la Casa Rosada y habló allí con Munir Menem, entonces asistente del Presidente (ver página 4).

El cable del 22 de mayo fue emitido casi a las 23 del día en que Nisman pidió las capturas y está firmado por el propio embajador Wayne. Revela que los oficiales del FBI le venían insistiendo a Nisman que dejara la causa del encubrimiento. “Cuando la oficina de Legales (en verdad, el FBI) le hizo notar a Nisman que su anuncio podía llevar, otra vez, a que el gobierno iraní cuestionase la credibilidad o imparcialidad de la investigación, Nisman dijo que no debería, aunque luego concedió que no había considerado las implicancias que el pedido de detención podría tener en la investigación internacional”. Había otra cuestión que también molestaba al embajador: que los medios consideraban a Kanoore Edul como la punta de la llamada pista siria.

La preocupación fundamental de la embajada, reflejada todo a lo largo del cable, era que no se abriera la más mínima posibilidad de duda sobre las acusaciones contra Irán planteadas desde el inicio mismo de la investigación. Desde su óptica, cualquier cuestionamiento sobre si hubo un desvío intencional de la investigación o sobre la posible existencia de otra pista que no fuera la iraní sólo serviría para complicar el avance de la causa. Lejos de las minucias tribunalicias, como la necesaria investigación del encubrimiento, la piedra angular de la postura de Estados Unidos era no moverse de lo que sirviera para acusar a Irán.

Washington ha usado la causa AMIA como una punta de lanza contra el régimen de Teherán, pese a que éste nunca fue acusado con anterioridad de atentados masivos contra civiles fuera del Medio Oriente. Sí hay imputaciones por asesinato de figuras opositoras en Alemania o Francia, pero no de la colocación de artefactos explosivos o coches bomba. Las únicas dos acusaciones de ese tenor son las de Buenos Aires, la de la Embajada de Israel y la de la AMIA. En un cable emitido cinco días más tarde –también filtrado por Wikileaks y dado a conocer por el diario El País de Madrid–, Wayne dice que van a tratar de averiguar qué otra información desclasificó Nisman de la SIDE y cómo frenar cualquier intento de uso de la nueva investigación por parte de Irán. También destaca las opiniones de dos informantes de la embajada: un importante dirigente de la comunidad judía y un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina.

El dirigente de Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado contra la AMIA, Sergio Burstein, remarcó ayer la dudosa objetividad de la fuente comunitaria citada en los cables de Wayne: Alfredo Neuburger, cuya identidad fue dada a conocer por lo publicado por El País. Al dar a conocer el cable de la embajada, el diario español tachó el nombre de Neuburger en numerosas oportunidades, pero en el punto 8, cometen el error de no hacerlo, con lo que quedó claro que la fuente de Estados Unidos es el funcionario de la DAIA, quien figura nombrado aunque con tachadura en varios tramos del cable del 27 de mayo.

Lo llamativo es que Wayne lo cita todo el tiempo, siempre abogando en contra de que se investigue el desvío de la causa AMIA. No era para menos. Neuburger era la mano derecha de Rubén Beraja, titular de la DAIA en el momento del atentado y también imputado en la causa por las irregularidades en la investigación del ataque contra la mutual judía. “Nuestra preocupación es mayúscula dijo ayer Burstein. Queremos saber si fue en nombre de la DAIA o en forma personal a la Embajada de Estados Unidos a argumentar a favor de los que desviaron la investigación del atentado. No me sorprende que esta persona sea nombrada en el cable. Creo que hay que denunciarlo ya que no hizo más que tomar una postura que afectó a todos los familiares y a cada decisión que tomábamos. Siempre que dijimos algo lo tuvimos a Neuburger criticando, es histórico”, aseguró.

La otra fuente de la interpretación de que se pretendía utilizar el dictamen de Nisman para distraer la atención de los problemas de aquel momento provino de lo que el cable identificó como una alta fuente de la Cancillería. Esa fuente también sostiene que, en su opinión, no existió un desvío de la pesquisa con el argumento de que “es difícil creer que Menem haya sido tan estúpido”. A fuentes judiciales consultadas por este diario no les resultó difícil identificar al funcionario de la Cancillería que hablaba con Wayne. Se trataría de Guillermo González, ex embajador argentino en Washington durante el gobierno de Fernando De la Rúa. En el propio cable se habla de que es un hombre que ayudó con la presentación argentina ante Interpol en 2007 y ese papel lo jugó González.

En los últimos días, el diario El País, seguido luego por La Nación y Clarín, interpretaron que el cable del 27 de mayo señalaba que, según la opinión norteamericana, Nisman, en combinación con Néstor y Cristina Kirchner, pretendieron tapar, con el pedido de detención de Menem y los demás, el problema que por entonces estaba en el centro de la escena: el conflicto con las entidades del campo. En el cable del día 22 queda claro quién sostiene esa hipótesis: los propios Menem y Galeano. Ambos dijeron públicamente que la acusación en su contra era una maniobra política. Sin embargo, todo fue confirmado en las dos instancias judiciales superiores, el juez y la Cámara. Los otros dos que abonan esa teoría del desvío de atención fueron Neuburger y González. Los cables traducen esas opiniones y, sobre el final, Wayne más bien expresa sus dudas.

Más allá de las especulaciones, la noticia relacionada con la investigación AMIA no podía tener, ni tuvo, el peso suficiente para desplazar la caliente actualidad de aquel momento. La oportunidad de la noticia parece haber tenido otra explicación. Nisman según transcribió entonces este diario buscó hacer la presentación antes de empezar el mes de junio porque, de lo contrario, considerarían que estaba preparando una novedad especialmente orientada a evitar críticas en los actos por el aniversario del atentado, el 18 de julio. Además, el propio cable del 22 de mayo cuenta que “Nisman explicó que tenía a los familiares de las víctimas presionándolo para que se investiguen los desvíos en la primera investigación”. Ningún diario publicó el pedido del fiscal en su tapa y hasta los propios norteamericanos ironizan sobre esa interpretación: “Si alguien pensó que con el pedido de Nisman se iba a desviar la atención, se equivocó miserablemente. La ruptura de negociaciones entre el Gobierno y las entidades del campo sigue al tope de las noticias”, culmina el cable del 27 de mayo.

Página/12 consultó a Nisman sobre una frase del “garganta profunda” de la Embajada: “Nisman está totalmente dominado por el jefe de Gabinete Alberto Fernández. Obedece sus ordenes sin discusión y no descarto que todo sea una maniobra política de Alberto Fernández”. El fiscal respondió brevemente a Página/12. “Vi a Alberto Fernández dos veces en mi vida. Ambas en 2005, cuando se estableció la fiscalía especial para el caso AMIA. En ese momento gestioné ante el jefe de Gabinete la compra del sistema Excalibur de entrecruzamiento de llamadas. El presupuesto dependía de él y por ello lo fui a ver. Nunca más lo vi.”

La oficina del FBI, que presionó durante dos años para que no se investigue a los investigadores ni el desvío de la causa AMIA, estaba en aquel momento bajo la conducción de William Godoy, un cordobés que tenía magnífica relación con quienes resultaron imputados por las irregularidades: Palacios, Galeano, Anzorreguy. Algunos dicen que hoy sigue viviendo en la Argentina y que está a cargo de la seguridad de una conocida empresa de venta de hamburguesas.

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