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Para que la Justicia disponga la nulidad de las leyes de impunidad

La agrupación HIJOS le reclamó a la jueza Garzón de Lascano que se pronunciara sobre el planteo de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El lunes vence el plazo para que se pronuncie, el día del aniversario del golpe del ’76.

 Por Mónica Gutiérrez

Justo el día en que se cumplirán 27 años del golpe militar, la Justicia Federal de Córdoba deberá dar a conocer su resolución sobre los pedidos de nulidad de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y el indulto presidencial que beneficiaron a los cientos de represores que actuaron entre 1976 y 1983. Este lunes vencerá el plazo para que la jueza Cristina Garzón de Lascano responda el pronto despacho que ayer interpuso el abogado Claudio Orosz en nombre de la agrupación HIJOS, sumándose a otros pedidos que datan de 2001, con el fin de continuar con el proceso que permita el juicio y castigo por las violaciones a los derechos humanos en el expediente conocido como (Luciano Benjamín) “Menéndez”. Al mismo tiempo, Familiares, HIJOS y Abuelas de Plaza de Mayo realizaron un acto contra las leyes de impunidad en la explanada de los tribunales federales.
La primera presentación para que el juzgado cordobés se expidiera sobre la inconstitucionalidad de las leyes fue hecha por Horacio Verbitsky y la abogada María Elba Martínez, en junio de 2001. Cuatro meses más tarde, la fiscal federal Graciela López de Filoñuk acompañó el pedido y con un vasto andamiaje jurídico fundamentó la inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad del indulto presidencial dictado por Carlos Menem. En ese año, representantes de HIJOS también le solicitaron un trámite de urgencia a la magistrada. “Tratándose de planteos que por su trascendencia y complejidad no pueden ser resueltos ni superficial ni apresuradamente (...) este juzgado habrá de expedirse con la mayor premura posible”, respondió en aquella oportunidad Garzón de Lascano, pidiendo más tiempo, aunque hasta hoy no resolvió nada al respecto. En los últimos días, la fiscal volvió a insistir y ayer lo hicieron los querellantes particulares. En la presentación, firmada por Agustín, Silvia y Hernán Ditoffino y por Paula Mónaco, el abogado de HIJOS reiteró el pedido de hace un año y medio y argumentó que el Estado argentino no puede dejar de “perseguir, investigar, esclarecer, sancionar y reparar delitos de lesa humanidad como los cometidos por el genocida Menéndez y sus subordinados. El plazo de espera ya llega a los 27 años y han pasado 16 meses desde la presentación”, reclamó. “Entendemos que hay que seguir la investigación jurisdiccional, aportando pruebas hasta llegar al juicio y posterior castigo”, señaló Orosz a Página/12. El letrado recordó los numerosos fallos judiciales que en todo el país han hecho lugar a los pedidos de nulidad de las leyes, aunque el de Córdoba fue el primero en referirse al indulto. Fuentes del juzgado de Garzón de Lascano aseguraron que la magistrada está trabajando activamente en la cuestión.
Luego de la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Menéndez había quedado como el único procesado para la Cámara Federal de Córdoba. A 19 días de que se iniciara el juicio, el indulto decretado por Carlos Menem en 1989 permitió su sobreseimiento. El pedido de nulidad del decreto se basa en tres argumentos: el indulto no puede ser aplicado a procesados, sólo puede ser dictado “previo informe del tribunal correspondiente”, lo que en los hechos no existió y si aún así se considerara que corresponde, hay delitos por los que Menéndez todavía no había sido indagado en 1989 y por los que no estaba procesado. Según trascendió, hay 412 hechos de desapariciones, torturas y homicidios que no estaban en la elevación a juicio de la causa y, por lo tanto, no fueron incluidos en el indulto con que se lo benefició.
Mientras se concretaba el trámite en el séptimo piso de los tribunales, en la calle los organismos de derechos humanos reclamaron una decisión de la Justicia que permita seguir con las causas de la verdad. Ditoffino recordó que los HIJOS “recogemos la bandera histórica de Abuelas, de juicio y castigo, creemos que en Córdoba tiene que haber un fallo favorable a la verdad, la memoria y la justicia, teniendo en cuenta que es la causa de mayor volumen del país en violaciones a los derechos humanos. Hay que ponerle fin a la impunidad, ya quedó demostrado que la sociedad tiene interés en esclarecer su pasado como forma de proyectar un país distinto”, señaló.

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Los organismos de derechos humanos hicieron una marcha en las puertas de los tribunales.
 
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