EL PAIS › EL ESPIONAJE DE LA BONAERENSE Y LA EMPRESA A LOS TRABAJADORES DE LOMA NEGRA DURANTE LA DICTADURA

Socios en la represión y los negocios

Los documentos revelan que durante la dictadura, y a instancias de la empresa, se creó un grupo de trabajo especial para hacer tareas de inteligencia en Loma Negra. El informe se presentará en el juicio en el que se investiga el asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno.

 Por Alejandra Dandan

Desde 1954 las comisiones internas de las fábricas agrupadas en la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) fueron objeto de seguimientos.


En 1976 la inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires tomó nota de las leyendas rociadas con aerosol en las paredes de un secadero, dos baños y una ducha de una de las cementeras de Olavarría. “Unidad y lucha”, decía una en reclamo de un aumento de salario. “No al hambre.” “El pingo será de los obreros organizados.” No era la primera vez, sin embargo, que la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se inmiscuía entre los obreros de la zona. Desde 1954 las comisiones internas de las fábricas agrupadas en la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) fueron objeto de seguimientos. Y en particular, lo fueron los obreros de la cementera de Loma Negra.

A una semana de la muerte de Amalia Lacroze de Fortabat, un informe sobre los archivos de la ex Dipba revisa varios casos de persecución en la zona y se detiene en un expediente que demuestra que durante la dictadura, y a instancias de la empresa, los espías crearon un grupo de trabajo especial para hacer tareas de inteligencia en Loma Negra. El informe de la Comisión Provincial por la Memoria, que está a cargo de aquellos archivos, será la base sobre la que darán testimonio esta semana varios obreros en el juicio oral de Tandil. El juicio investiga el secuestro y asesinato de Carlos “El Negro” Moreno, un abogado laboralista de Olavarría que representó a los obreros de Loma Negra en varias causas judiciales porque en medio del proceso de producción contraían una enfermedad en los pulmones. Los documentos de la Dipba muestran a Moreno como un “peronista pacifista”. La ausencia de datos que lo vinculen con una organización política, y entonces a la categoría de “subversivo”, abrió las preguntas de por qué lo mataron. Los testimonios que surgieron en el juicio y las pruebas que presentó el fiscal federal Daniel Adler con antecedentes de las batallas judiciales que Moreno llevó adelante y ganó, con costos millonarios para la empresa, abonan la hipótesis de que pudo haber sido un crimen por encargo. ¿Por encargo de quién? La hipótesis más importante es que se haya tratado de un crimen por encargo del poder económico (ver nota aparte).

Los largos brazos de la Dipba

El nombre del organismo de inteligencia de la Policía Bonaerense es tan largo como la extensión que tuvieron sus brazos. La Dipba escudriñó las actividades de AOMA desde los años ’50 hasta los años ’90: “De la lectura de los legajos surge con claridad el énfasis puesto en esa Asociación”, dice el informe de la Comisión. “Podemos observar los registros de cada uno de los sindicatos durante 40 años: 40 años de vigilancia, infiltración, hostigamiento, es decir, 40 años de persecución ejercida por la Dipba bajo sus distintos nombres, sobre alrededor de 3000 obreros del cemento, cal y derivados, y sus formas organizativas, en un solo partido de esta provincia: Olavarría.”

El caso especial es Loma Negra: “Si bien en cada uno de los sindicatos o seccionales de AOMA, la Dipba hizo análisis de sus comisiones directivas, de sus integrantes, con datos personales y caracterización de pertenencia política; infiltración de sus asambleas, de quiénes participaban, cómo y dónde lo hacían, es sobre la seccional Cemento Portland-Loma Negra donde hicieron mayor hincapié”, continúa el informe en el que trabajó la perito Claudia Bellingeri, directora del programa Justicia por los Crímenes de Lesa Humanidad.

Perturbaciones en el horno número 7

Uno de los documentos paradigmáticos es de 1979. El legajo 88 ubicado en la sección de la Mesa B, dedicada a las actividades obreras y fabriles, se llama: “Loma Negra SA Anexo I - Olavarría”. A ojos de la Comisión, “permite ver, en parte, las relaciones de la empresa con las fuerzas represivas, por ejemplo con la inclusión del personal de la comisaría de Olavarría en tareas de vigilancia interna a pedido de la empresa”. Un dato que se repite años después, en otro legajo, que dice: “A requerimiento de la fábrica cúbrese servicio con personal de la Cría. Olavarría, sub Cría. Loma Negra e Infantería Azul, a cargo Crío. Julio Néstor Cazaux supervisado por Crío. Inspector Daniel Pérez”.

El legajo empieza con una carta “reservada” entre dos funcionarios de Loma Negra y contiene un informe con problemas de los últimos tres meses, detrás de los cuales intuyen un sabotaje. La carta, dirigida al director ejecutivo, la escribió el gerente de superintendencia de la fábrica, ingeniero Juan R. Pené. La cosa es tan protocolar que le puso un título: “Perturbaciones durante la ampliación del horno 7”.

La carta es sólo el comienzo del legajo. Los problemas estimularon la creación de un grupo especial para hacer tareas de inteligencia en la fábrica. A la cabeza del grupo se puso el director de Inteligencia Interior, comisario mayor Alberto Rousse, que sumó a hombres de la comisaría de Olavarría y de la Brigada de Investigaciones de Azul, entre otros. Según los informes, poco a poco se convencieron de que todos los problemas estaban localizados en una sola área: la del horno número 7. El lugar donde trabajaban las contratistas de la fábrica.

Las contratistas, dijeron, “han tenido problemas salariales con su personal dado que en el momento del contrato prometieron montos que no se concretaron en el momento de cobrar, lo que fue superado pero no solucionado, quedando latente la disconformidad de muchos operarios (...). Debemos tener en cuenta que todos los problemas aparecen en la zona del horno 7, que se encuentra precisamente en el área donde llevan a cabo su trabajo las empresas contratistas”.

Convencidos de que la planta “toda es tremendamente vulnerable”, explicaron en ese mismo informe que la situación parecía producto de la actitud de algunos disconformes, por lo tanto no organizados. En el punto final sugieren el alcance del acuerdo con la empresa: “Respecto de la reunión de información, ésta se verá grandemente facilitada –dicen– y será obtenida directamente en el terreno por dos suboficiales que han sido infiltrados y ya se encuentran desarrollando tareas como vulgares operarios en la planta y precisamente en los lugares físicos donde aparecieron las irregularidades”.

La evolución

Los documentos de la ex Dipba sobre los obreros de AOMA revelan cómo fueron creciendo gradualmente los seguimientos sobre el gremio y los de Loma Negra: los primeros informes son de 1954 y muestran a la comisaría de Olavarría recabando datos; luego avanzan hacia los momentos de huelgas con presencias de agentes infiltrados; más tarde sitúan la intervención de la SIDE y un pedido de información en una huelga, hasta llegar más tarde a la formación del grupo especial para las tareas de inteligencia dentro la empresa.

La mayoría de los legajos están en la Sección Mesa B. Uno de los más importantes, porque reúne en forma parcial tareas de seguimiento constantes entre 1951 y 1980. Es el legajo Nº 3, llamado “Asociación obrera minera argentina, Olavarría”. Al comienzo, el informe de 1954 muestra que ya para entonces existía un canal de información entre la comisaría de Olavarría, la delegación de Inteligencia de la Unidad Regional de Azul y la Dipba, con una delegación probablemente en Azul. Quien hace el pedido solicita a la comisaría los nombres de la comisión directiva de AOMA y también de sus “ideologías” políticas. En 1958 se ve el informe de un agente de Inteligencia encubierto llamado José Portas Vásquez, que se infiltra en una asamblea y envía los datos al jefe de la Sección Búsqueda de la Policía, comisario Emilio Mandagarán. En 1964 aparece Loma Negra: esta vez, en medio de una huelga, la SIDE requiere informes de los obreros de la cementera. Les pide a los espías nombres de la comisión directiva y de los afiliados del sindicato de obreros del cemento, cal y anexos de Loma Negra. A fin de 1971, otro documento muestra que existen varios canales de distribución de la información: un memorándum dirigido al inspector general Héctor Etchepare con detalles de un informe de otro agente infiltrado en una asamblea de AOMA en el conflicto con una empresa, pasa al ministro de Gobierno, el jefe de Policía, el subjefe de Policía, al jefe del Destacamento Inteligencia 101, al Primer Cuerpo del Ejército y al jefe del Batallón Inteligencia Militar 601, entre otros destinos.

Años después la carpeta sigue creciendo. En 1973 enumeran los nombres de la comisión directiva con mandato hasta 1975 y detallan procedencias políticas. Y aunque el legajo no tiene más información hasta 1980, hay otros que muestran la actividad de la Dipba sobre los obreros del cemento durante la dictadura.

En la misma Mesa B, el legajo 18 muestra en su última foja un listado de la comisión directiva de AOMA, seccional Calera Avellaneda, que asumió el 10 de enero de 1976. Y ese mismo año, en otro legajo del 6 de octubre, los espías sondean las paredes de dos baños, secadero y duchas generales de la empresa LOSA. El legajo está ubicado en la Mesa DS, dedicado a los sospechados de actividad “subversiva”: y “corrobora la presencia de personal de Inteligencia en el interior de la fábrica –dice el informe–, en particular la vinculación del capataz Fermín Cornejo con el personal policial. La Dirección de Inteligencia después de investigar sobre unas pintadas que aparecen solicitando aumento salarial se instala en la fábrica para realizar tareas encubiertas de persecución política”.

A Carlos Moreno lo secuestraron en abril de 1977. Para los peritos del archivo, estos antecedentes son importantes: “Dan cuenta del contexto que se vivía en Loma Negra”.

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