EL PAíS › TAMBIEN CFK Y LA CORTE PROVINCIAL INVESTIGAN A ARMELLA

¿Descargo o cargada?

CFK, la Suprema Corte y la Justicia provinciales investigan al juez Armella, cuyo descargo ante la Corte Suprema nacional confirma su vinculación con empresas contratadas en forma directa para el saneamiento del Riachuelo. Cristina reveló que por la acción del juez una obra cotizada en 18 millones de pesos saltó a 554 millones, treinta veces más.

 Por Horacio Verbitsky

No sólo la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura investigan el desempeño del juez federal de Quilmes, Luis Antonio Armella, en la ejecución de la limpieza del Riachuelo. También la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires comenzó su propio seguimiento sobre Armella y sus familiares, y la presidente CFK señaló al juez como responsable de la paralización de la autopista Juan D. Perón. Cristina suministró un dato impactante: por la intervención de Armella (quien clausuró todas las canteras que pudieran competir con la que le interesaba) el costo de la movilización de tierras habría aumentado treinta veces. “El juez pretendía que se comprara a un precio donde el rubro de 18 millones –cotizado así en la obra– pasaba a valer 554 millones”, dijo la presidente. Esto impidió que avanzaran las obras, como se había informado aquí el domingo 2.

La casita de los suegros

El tribunal supremo provincial requirió a la suegra y la esposa de Armella que informen si son socias o directivas de alguna empresa comercial, lo cual es incompatible con sus cargos en el Poder Judicial bonaerense: la esposa, Marina Laura Groba Martini, es secretaria del Tribunal en lo Criminal 5, de Quilmes y, al mismo tiempo, socia de la empresa “San Martín 264 Bernal SA”, cuyo presidente es el suegro de Armella, Francisco Alberto Groba. La suegra, que es jueza correccional en Lomas de Zamora, no aparece en ninguna sociedad. En el descargo que Armella entregó el miércoles 5 a la Corte Suprema, el juez sostiene que su suegra permutó el inmueble familiar en esa dirección de Bernal por unidades a construir, y afirma lo obvio: que la sociedad “San Martín 264 Bernal SA” no ha celebrado ningún contrato para la limpieza del Riachuelo y que no tiene parientes en las demás empresas mencionadas en la nota: Gildin, M&T, Tierras Provinciales, Vial Rogo Construcciones y Kartonsec. Pero omite cualquier referencia al entrecruzamiento entre los socios y directivos de todas ellas con los de “San Martín 264 Bernal SA”, según el cuadro que se reproduce una vez más aquí. Armella admitió ante la Corte Suprema su amistad con el ingeniero Daniel Zinij (quien lo recomendó ante el Consejo de la Magistratura cuando concursó para su cargo) y con su hermano, el arquitecto Gabriel Zinij, ambos contratados por la Acumar. Pero sostuvo que son solo asistentes profesionales. Nada dijo de su relación con el coordinador de inspectores Ignacio Manuel Ortiz Valenzuela ni con el coordinador de los Planes de Reconversión Industrial, Gabriel Husain. Acerca de su relación con Gildin y/o Canteras del Sur, sostuvo que nunca intervino en ningún expediente que la involucre, salvo para excusarse de intervenir en el amparo que Gildin presentó contra la clausura decretada por la provincia, cuando la recibió en su juzgado, “por incompetencia territorial”. Esta enrevesada redacción omite que se excusó invocando razones de delicadeza y decoro y en virtud de que existían en 2006 respecto de Gildin, “causas que me imponen abstenerme de conocer en el presente juicio”, que no explicó. Esas causas para excusarse fueron la relación directa de Armella con los socios y directivos de Gildin, que son también los de su esposa y su suegro en la otra sociedad. Pero en 2009, cuando ya estaba a cargo de la limpieza del Riachuelo, ignoró esas mismas causas cuando se tramitó en su juzgado otro expediente de Gildin/Canteras del Sur. No sólo se excusó: también designó como juez subrogante a Raúl Mario Amor, quien integraba el listado de conjueces remitido por la Cámara Federal de La Plata, quien confirmó la medida cautelar a favor de la cantera que había concedido el juez platense Julio César Miralles. Pero esa lista no tenía ningún orden de prioridades y la elección del sustituto es atribución exclusiva de la Cámara, y no del magistrado que se excusa.

Modus operandi

El expediente “GILDIN S.A. c/ Dirección Provincial de Minería y otro s/amparo” revela el modus operandi del grupo. El inmueble de 33 hectáreas donde funciona la cantera, con entrada por la calle 45 en Ranelagh, pertenece a Kartonsec SA, que lo alquiló en noviembre de 2005 a Gildin SA, por 15.000 pesos mensuales más IVA. La locación fue pactada entre Diego González, por Kartonsec, y Gilda González, por Gildin, en un contrato que no dice que ambos son hermanos. En febrero de 2006, Gilda González firmó un contrato de locación de cinco camiones Mercedes Benz y Scania por $1000 diarios, y otro de locación de una excavadora y de una pala mecánica Caterpillar con Tierras Provinciales SA. representada por su presidente, Arturo Rodrigues Da Silva, que percibiría por el alquiler de esa maquinaria 50.000 pesos mensuales. Tampoco este contrato especifica que Rodrigues da Silva no sólo era presidente de Tierras Provinciales sino al mismo tiempo director suplente de Gildin, es decir socio de los hermanos González, que contrataba consigo mismo. Rodrígues da Silva actúa también como abogado de Gildin en el amparo contra la clausura dispuesta por la Dirección Provincial de Minería y la Secretaría de Política Ambiental, que calificó al emprendimiento de “ambientalmente no sustentable”, porque la cantera se encontraba “ubicada en una zona poblada, rodeada de viviendas en casi todo su perímetro, con alto riesgo de daños para la población vecina”. Para eludir esa calificación el intendente Juan José Mussi promulgó una ordenanza que desafectaba el predio de la zona residencial y pasaba a considerarlo zona rural. Pero la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial no autorizó esa fantasiosa rezonificación y ratificó la inhabilitación de la tosquera porque conformaría “una isla rural” dentro del tejido urbano realmente existente. El ente provincial planteó recién entonces la incompetencia de la Justicia Federal, dado que el acto administrativo impugnado por Gildin era de orden provincial. Rodrigues Da Silva acusó al Director Provincial de Minería de violar la ley de defensa de la competencia por permitir la extracción de tierra en terrenos fiscales. Gildin no creyó afectada esta ley cuando Armella clausuró todas las canteras competidoras, después de recibir el encargo de la Corte Suprema de supervisar la limpieza del Riachuelo. Armella tampoco mencionó este hecho en su descargo ante la Corte, que lo remitió a la Auditoría General de la Nación. El juez subrogante Amor denegó la apelación aduciendo que no se había producido en el plazo correspondiente, desestimó la incorporación del argumento respecto al impacto ambiental negativo y la rezonificación denegada por entenderlos como hechos nuevos ajenos a los que motivaron el amparo y por improcedente el cuestionamiento a la competencia federal. Ante la nueva queja del organismo provincial, las actuaciones fueron remitidas a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que convalidó la resolución del juez y devolvió el expediente a primera instancia. Pero en noviembre de 2007, la misma Cámara revocó la designación de Amor, porque no le correspondía hacerla a Armella, y sorteó a un nuevo conjuez. Recién el año pasado, la Suprema Corte Provincial resolvió la contienda de competencia y retiró el expediente del juzgado federal.

Basta de delicadeza

En junio de 2009, Armella abrió un nuevo expediente, por una denuncia contra el funcionamiento de dos canteras, Cantera Aeropuerto (Briales SA) y Canteras del Sur (Gildin SA). Los inspectores que concurrieron a la última, narran que los recibió Arturo Rodrigues Da Silva. El abogado portugués que varias veces por semana pasa a buscar a Armella por el juzgado en su Audi color celeste, les mostró las instalaciones y relató su síntesis del amparo contra el gobierno provincial. Un informe posterior, en la misma causa N 12/09 caratulada “Rodríguez, Claudia Fabiana s/denuncia”, reproduce este relato sin mencionar que su fuente fue el apoderado de Gildin y socio del suegro y la esposa del juez. También incluye un inusual cotejo: “A diferencia de los restantes emprendimientos, se pudo ver claramente la existencia de varios carteles indicadores de peligro, muros y alambrados perimetrales, forestación en los perímetros y taludes a 45 grados que reducen las condiciones de derrumbe y peligrosidad en general”. Lo firma el Jefe de la Delegación Prevención Ecológica Zona Sur de la policía bonaerense, teniente primero Ignacio Ortiz Valenzuela. Hoy es coordinador de inspectores de Acumar, donde ingresó a solicitud de Armella. Por lo que se lee en el expediente, en este caso no hubo razones de delicadeza ni de decoro para excusarse, aunque se trataba de la misma empresa con los mismos accionistas.


En 2006, Armella se excusó de intervenir en el amparo presentado por Gildin SA invocando razones de delicadeza y decoro. En 2009 intervino en otra causa por una denuncia contra Gildin SA.



La trama de empresas vinculadas con el juez, que Armella ignoró en su descargo ante la Corte Suprema.

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