EL PAíS › LA DENUNCIA CONTRA CAMARISTAS Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Una investigación que avanza

El fiscal Gerardo Di Masi consideró que hay elementos para investigar a los consejeros opositores y a los camaristas denunciados por el Ejecutivo. Se les atribuyen los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La causa penal que afrontan cinco integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación y los jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal avanzó ayer un paso más luego de que el fiscal Gerardo Di Masi impulsara la investigación por presunto “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Los delitos figuran en la denuncia penal que el Poder Ejecutivo Nacional presentó contra los consejeros y los camaristas en el marco de la disputa por la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Di Masi se pronunció en ese sentido porque entiende que hay elementos que ameritan investigar y le solicitó al juez a cargo de la causa, Luis Rodríguez, que disponga diversas medidas de prueba.

Di Masi se basó en los elementos que el Ejecutivo presentó en su denuncia para emitir su dictamen. No ordenó acciones ni pidió ampliación de datos. Sólo consideró el hecho presentado en el texto del Gobierno y dictaminó iniciar una investigación sobre los señalados en esa denuncia y ordenó a Rodríguez las primeras pruebas en la causa. “Los fundamentos para definir de esa manera estaban dados en la denuncia”, explicó a este diario y agregó: “La denuncia puso en conocimiento un hecho. Sobre la base de ese hecho yo consideré que se debía investigar”.

El magistrado a cargo respondió rápido. Pidió y recibió informes del Consejo de la Magistratura y de la Cámara con los antecedentes de los casos, mientras que la Corte Suprema le envió el régimen de subrogancias.

Con la firma del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y de la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, el Ejecutivo denunció a mediados de octubre que los consejeros opositores –el diputado radical Oscar Aguad, el senador de la UCR Mario Cimadevilla, el juez de la Cámara Civil y Comercial Federal Ricardo Recondo y los abogados Alejandro Fargosi y Daniel Ostropolsky– se negaron a tratar el concurso número 258 para cubrir cinco vacantes en los juzgados de primera instancia del fuero Civil y Comercial Federal, entre ellos el juzgado número 1, donde se tramitaba la causa de la ley de medios. Recondo, además, tiene una denuncia en su rol de camarista, por la designación del juez jubilado Raúl Tettamanti mediante un sorteo manual “inusual”.

En su defensa, y en la ocasión en la que fueron denunciados, los consejeros justificaron su rechazo al concurso por presuntas cercanías con el gobierno nacional de los distintos candidatos a cubrir los juzgados civiles y comerciales vacantes.

En cuanto a los jueces de la Cámara, la denuncia les endilga eventuales irregularidades en la designación de magistrados de primera instancia para el juzgado 1, a través de subrogancias rotativas de una semana y de sorteo con “papelitos” para elegirlos, en lo que el Gobierno definió como una violación al régimen de reemplazos.

Al momento de presentar la denuncia, desde el gobierno nacional se comprendieron las acciones de los funcionarios judiciales denunciados como relacionadas con los intereses del Grupo Clarín por mantener la ley de medios suspendida. “La existencia de una maniobra que apunta a distorsionar el proceso debido de asignación de jueces en un tema tan sensible como es la ley de medios. Esa maniobra, creemos, tiene varios engranajes, tanto en el Consejo como en la Cámara”, mencionaron en aquella oportunidad desde el Ministerio de Justicia.

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Ricardo Recondo y Alejandro Fargosi, dos de los que están bajo la lupa a partir de la denuncia del Ejecutivo.
 
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