EL PAíS › LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO SABíA QUE TRIBILíN FUNCIONABA COMO JARDíN DE INFANTES

El Boletín Oficial que desmiente a Posse

El intendente había asegurado que el municipio no sabía que el jardín donde maltrataban a los chicos era un establecimiento educativo. Pero, en 2002, un decreto municipal lo reconocía como tal y lo eximía del pago de ABL a cambio de vacantes para chicos becados.

A contramano de lo expresado por el intendente Gustavo Posse (“Tribilín no tenía habilitación” para funcionar como jardín “y sólo contaba con la aprobación de una presentación de planos”), ayer quedó en evidencia que la municipalidad del partido bonaerense de San Isidro sí tenía conocimiento de que en O’Higgins 591 había un jardín maternal: el municipio otorgó en el año 2002 una eximición del pago de ABL a ese jardín de infantes y lo reconoció como “establecimiento educacional privado” del distrito, según fue publicado en el Boletín Oficial del distrito en ese año.

Dos concejales de San Isidro descubrieron que el municipio reconocía a Tribilín, donde se produjeron hechos de maltrato a niños, como “establecimiento educacional jardín materno infantil” desde 2002. Leandro Martin (Frente para la Victoria) y Marcos Hilding Ohlsson (Convocación por San Isidro) hallaron ayer el decreto 874, de 2002 y publicado en el Boletín Oficial. Allí se exime del pago de tasas “al establecimiento educacional Jardín Materno Infantil Tribilín, ubicado en O’Higgins 591” de ese partido del norte del conurbano.

“San Isidro tiene un sistema por el cual los establecimientos educativos pueden obtener una eximición de impuestos si ponen a disposición del municipio un 5 por ciento de la matrícula para becas”, explicó el concejal Martin. Esto “implica que el municipio conocía al establecimiento y la actividad que se realizaba en él, por lo cual mañana (por hoy) realizaremos un pedido de informe para que se aclare cuál era realmente la situación”, indicó.

Hilding Ohlsson detalló que en agosto de 2002 su bloque impulsó un pedido de informe dentro de la Comisión de Educación para que el municipio entregue un listado de todos los establecimientos de nivel inicial y un detalle de los procesos de control. “Nunca logramos siquiera sacar un dictamen de comisión con el pedido. Para nosotros, éste es un tema muy importante porque los vecinos se quejan, por un lado de que no hay lugares, y por el otro de que no tienen claro qué jardines están habilitados”, explicó.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, aseguró el miércoles que el jardín denunciado no tenía “habilitación para funcionar como tal y sólo contaba con una aprobación de presentación de planos”. “Se trataba de personas que actuaban como monotributistas, se estableció un engaño a los padres y esto desembocó en la existencia de maltrato”, dijo Posse, y calificó a los responsables del establecimiento como “delincuentes con una grave patología”. Posse aseguró que el municipio “sólo aprobó, hace 16 años, los planos del jardín, pero no hay documentación sobre habilitación”. También justificó la ausencia de un seguimiento en “la gran cantidad de centros educativos privados” que hay en ese partido.

Hernando Sirera, asesor legal del jardín Tribilín, también aseguró que el lugar estaba habilitado e inscripto como jardín maternal. “Los directivos me dicen que en 16 años nunca recibieron una notificación ni fueron avisados de que debían revertir o recomponer esa habilitación en el orden provincial o municipal”, expuso Sirera.

Sobre el allanamiento realizado anoche a la guardería, a la que la policía ingresó por la fuerza tras romper la puerta y luego secuestró computadoras y documentación, el letrado dijo que “nadie solicitó las llaves. No nos llamaron”, afirmó. “Hoy nos vamos a presentar y estamos a disposición de la Justicia para colaborar en lo que sea necesario”, dijo el abogado y aclaró que aún no tuvo acceso a la causa.

En tanto, la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Nora de Lucía, abrió un sumario administrativo y separó de sus cargos a las inspectoras regional y distrital de San Isidro mientras dure la investigación por los casos de maltrato.

La suspensión recayó sobre la inspectora Mónica Seal, titular de la Región IV –que abarca los municipios de San Isidro, San Fernando, Tigre y Vicente López–, y Patricia Naso, referente distrital de San Isidro.

A su vez, la Dirección de Educación planteó ayer una denuncia penal para que se investigue a las maestras y directivos.

La causa contra el jardín maternal Tribilín salió a la luz cuando un padre colocó un dispositivo electrónico en la mochila de su hija y grabó a las maestras, ante la sospecha de que era maltratada. Los audios revelaron insultos de todo tipo hacia los niños de entre 45 días y cinco años de parte de las maestras, y se investiga si los menores recibieron agresiones físicas. Sandra Rodríguez, madre de uno de los niños que se escucha en ese audio, dijo que su hijo se altera cuando escucha la palabra “agua”. “Mi hijo es el chiquito al que le dicen ‘¿querés ir a la pileta?’, porque lloraba y a la media hora se le cae la papa y siento que le pegan un cachetazo y llora desesperado y pide ‘al agua no’. Escucharlo es muy duro”, relató angustiada.

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La Dirección de Escuelas bonaerense suspendió a dos inspectoras por el caso de Tribilín.
Imagen: Télam
 
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