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Recién esta semana quedó claro el sentido de la tentativa del gobierno bonaerense por instalar como tema del debate político la coparticipación de impuestos: Daniel Scioli sabía que le faltaban los recursos para responder a las negociaciones salariales que se repiten en los dos primeros meses de cada año, pero en lugar de enfrentar la situación montó el escenario para deslindar la responsabilidad en el gobierno nacional. El supuesto que orienta estos pasos del gobernador y que puede encontrarse a toda hora en la prensa amiga es que cuando la relación se tensa, quien pierde es la presidente CFK. Como en la Casa Rosada la lectura es distinta, se seguirán viviendo tiempos interesantes. No es que Cristina piense, en términos simétricos, que es Scioli quien desciende en la consideración pública. Más bien, le complace que quede en evidencia la disparidad de criterios administrativos, ideológicos y políticos. Continuidad con cambios porque coincidimos pero somos personas distintas, repite Scioli. Son dos proyectos políticos distintos, replican los kirchneristas. Durante diez años, Scioli acompañó con lealtad a Néstor y Cristina, objetan en La Plata. Pero entonces no estaba en disputa la conducción del proceso y ahora sí, es la respuesta inapelable. Y no se trata de una cuestión personal.

¿Qué te puedo cobrar?

Scioli ni siquiera se preocupó por reunirse con los sindicalistas docentes para comunicarles sus dificultades. No menos curioso es el método que escogió para impulsar su reclamo: una audiencia pedida en diciembre por su jefe de gabinete, Alberto Pérez, al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Difícil imaginar peor puerta: por un lado, la coparticipación no se inicia en esa cámara sino en la de los senadores, pero además Domínguez es la primera espada que se blandió para cortar las alas del sueño presidencial del gobernador. En febrero, Domínguez fue uno de los organizadores del encuentro de intendentes que desde Santa Teresita recriminaron los pujos autonomistas de Scioli. Cuando ocurrió lo que no podía ignorar que ocurriría, Scioli volvió a señalar hacia la Casa Rosada, ahora con la acusación de que no le permitían endeudarse para cumplir sus compromisos. Igual que el año pasado, quien respondió al lloriqueo bonaerense fue el ministro de Economía Hernán Lorenzino, no por un improbable ataque de institucionalidad, sino por su conocimiento de primera mano de las cuentas provinciales y del personal a cargo. Durante su presidencia, Néstor Kirchner formó un equipo encargado de supervisar las cuentas del gobernador Felipe Solá. Lo encabezaba Carlos Fernández y además de Lorenzino lo integraban Alejandro Arlía y Silvina Batakis, quienes hoy son los ministros de Infraestructura y de Economía de Scioli. En julio de 2012, Lorenzino expuso que el deterioro fiscal bonaerense comenzó con la asunción de Scioli y se cubrió con endeudamiento tal como hacía la Argentina en la década de 1990. Durante el primer cuatrienio de Scioli, mientras el resto de las provincias tuvieron un superávit de 7500 millones de pesos, Buenos Aires padeció un déficit de 13.500 millones, en ambos casos primario. Los compensó con un incremento del 64 por ciento de su deuda, contra 25 por ciento del resto del país, al mismo tiempo que la Nación se desendeudaba y aliviaba el endeudamiento de las provincias, Buenos Aires la primera. En vez de incrementar la presión tributaria, como el resto de las provincias, Scioli extrajo recursos a los más pobres, con el impuesto a los ingresos brutos, y subsidió a los más ricos. En ese lapso los impuestos inmobiliarios rural y urbano pasaron de aportar el 10,9 al 6,6 por ciento del total de la recaudación provincial, lo cual puede compararse con el 16,9 por ciento de Entre Ríos, donde el crecimiento de la recaudación total rondó el 50 por ciento. La política que el gobierno de Sergio Urribarri describe como de equidad y progresividad es la contracara perfecta. El inmobiliario rural rondaba el 8 por ciento de la recaudación total y la decisión de modificar alícuotas y avalúos provocó dos violentos tractorazos sobre la casa de gobierno en 2011 y una presentación por inconstitucionalidad que fue rechazada por la justicia. Dos años después, ese impuesto cubre el 12,6 por ciento de la recaudación total y la base tributaria se incrementó con 9000 contribuyentes nuevos; la morosidad se redujo en un 90 por ciento, por la aplicación de multas de valores similares a los que cobra la AFIP, y 5000 proveedores del Estado regularizaron su situación cuando se les exigió un Certificado de Libre Deuda con la provincia para cobrar sus acreencias. Además, el cruce con la base de la AFIP permitió detectar a 3524 propietarios de inmuebles rurales y urbanos que los arrendaban pero no pagaban los Ingresos Brutos correspondientes. También se reimplantó el impuesto a la herencia y se registraron 4300 embarcaciones que no estaban empadronadas. En cambio en Buenos Aires, por no afectar a los sectores de la zona núcleo de la oligarquía, cuyos campos se valorizaron en un 50 por ciento promedio, a impulso de los precios extraordinarios en el mercado mundial, Scioli basó cada vez más la recaudación en el regresivo impuesto a los ingresos brutos, que pasó a representar el 75 por ciento de la recaudación. Tuvo que ser el gobierno nacional el que forzara a Scioli a decretar el revalúo fiscal sobre el que se aplican las alícuotas del inmobiliario rural, como condición para el auxilio del medio aguinaldo de junio pasado. Pero aún así el gobernador le introdujo tantas condiciones al reglamentarlo que minimizó su efecto y no resolvió la crisis estructural. Con la misma contundencia de entonces, Lorenzino objetó ahora la política de endeudarse para enfrentar gastos corrientes, como camino seguro a la catástrofe. ¿Es incongruente proyectar que si alguna vez se realizara su fantasía de acceder a la presidencia, Scioli aceptaría las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional y reanudaría el ciclo del endeudamiento que durante demasiados años estranguló las posibilidades de crecer y distribuir de la economía argentina? Más allá de las especulaciones sobre costos relativos para cada gobierno, la administración central volverá a tener el rol protagónico en el rescate de Buenos Aires, porque es inimaginable que el hundimiento de la provincia en la que viven y producen cuatro de cada diez argentinos no afecte al resto. Como es obvio, ni hará falta mencionar esta cuestión cuando Cristina le informe a Scioli quiénes integrarán las listas nacionales y provinciales del Frente para la Victoria en octubre. En agosto serán las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y treinta días antes la presentación de los candidatos. Esto implica que Scioli tiene hasta mediados de junio para decidir si seguirá acompañando a regañadientes o dará el salto al vacío al que lo invitan quienes no tienen otra esperanza. Una tercera opción que está explorando es conformarse con lo que le ofrezca Cristina, pero colocar algunos candidatos propios en las listas de su viejo amigo Francisco De Narváez, siguiendo las huellas de su hermano Pepe. No parece una apuesta con mucho sex appeal para alguien con tantas aspiraciones.

Lecturas

El tema de la coparticipación es muy grave y tiene consecuencias tanto económicas como políticas. Pero no es posible su utilización electoralera. Según el especialista en asuntos tributarios Jorge Gaggero, con el golpe de 1930 comenzó el retroceso de las provincias, que cada vez son más dependientes de las transferencias del gobierno nacional: hace un siglo financiaban más del 90 por ciento de sus gastos con recursos propios, durante el primer peronismo ese porcentaje se había reducido al 50 por ciento y hoy apenas supera el 30 por ciento. Un decreto elaborado por buenos profesionales y con cierto equilibrio rigió desde su sanción por el dictador Alejandro Lanusse hasta el colapso de la última dictadura después de la guerra de las Malvinas. En 1984, Raúl Alfonsín recortó la porción bonaerense del reparto, porque necesitaba recursos para negociar los votos de la mayoría peronista en el Senado (y en especial en la comisión de Acuerdos) sin los cuales hubiera debido renunciar aún antes a la presidencia. Pudo hacerlo porque la provincia estaba gobernada por una figura irrelevante sin posibilidad de oponerse. En 1991, Carlos Menem le repuso parte de lo perdido, pero no con una nueva ley de coparticipación sino con la creación del Fondo del Conurbano, que fue la condición de Eduardo Duhalde para renunciar a la vicepresidencia y competir por la gobernación. Pero en los estertores de su mandato Fernando de la Rúa congeló ese fondo, que hoy equivale a plata de bolsillo. La reforma constitucional de 1994 echó un cerrojo inviolable sobre la coparticipación ya que ningún cambio podrá sancionarse “sin la aprobación de la provincia interesada”, con lo cual todas y cada una tienen poder de veto. Por eso han pasado seis presidencias en las que se le aplicaron 104 parches pero no fue posible modificarla. Esto sin duda ha reforzado la discrecionalidad de la Nación, pero Buenos Aires no puede quejarse de sus resultados: desde 2003, se llevó el 54 por ciento de la asistencia financiera nacional a las provincias para pagar deudas y cubrir déficit y las transferencias de la Nación por distintos rubros superaron la propia ejecución presupuestaria provincial. Igual que Duhalde en su momento, Scioli se ofrece hoy como el garante de todas las derechas, pero desde el lugar equivocado, lo cual no abre mucho espacio a dudas sobre su desenlace. En 2005 Duhalde intentó confrontar con Kirchner enarbolando la bandera de la coparticipación. Ese error descalificatorio reunió en torno del presidente a todas las provincias y acabó con la carrera política del estadista de Lomas de Zamora. La reforma de 1994 tuvo un efecto perverso para Buenos Aires: al suprimir el Colegio Electoral tornó decisivo su casi 40 por ciento del padrón de electores para decidir el poder nacional; pero al congelar su porcentaje de la masa coparticipable bien por debajo del de su población, la condenó a vivir de lo propio o de la merced presidencial. En el poema de los dones Borges pidió que

“nadie rebaje a lágrima o reproche

esta declaración de la maestría

de Dios, que con magnífica ironía

me dio a la vez los libros y la noche”.

Lástima que Scioli prefiera otras lecturas.

Caras extrañas

Otro factor operante en la provincia de Buenos Aires es el intendente de Tigre, Sergio Massa, quien también se siente llamado a destinos nacionales o, por lo menos, provinciales. Sus dilemas son parecidos a los de Scioli pero menos acuciantes: porque tiene quince años menos y varios casilleros alternativos para ubicarse. Por ahora está concentrado en su implantación territorial. Su objetivo inmediato es San Isidro, donde el ex rugbista Agustín Pichot intenta tacklear en representación de Massa al heredointendente Gustavo Posse, muy complicado por la situación del jardín de infantes Tribilín, que en realidad no es el único porque hay otros en la misma condición irregular. En el mismo operativo participa uno de los cuñados de Massa, Sebastián Galmarini. Cuando el canal zonal “Somos Norte” reveló el maltrato a los chicos, Posse respondió que las maestras eran delincuentes que habían operado en forma dolosa sin conocimiento del municipio, cosa desmentida por las constancias del expediente judicial. En 1996 la autoridad de control de la provincia de Buenos Aires dispuso el cierre definitivo del establecimiento. Pero al año siguiente reabrió, sin habilitación provincial. En agosto de 1997 la Municipalidad de San Isidro lo autorizó como jardín de infantes pero no que se anexara su funcionamiento como jardín maternal alegando que no contaba con la imprescindible autorización provincial para un jardín de infantes y que el edificio no cumplía con la ordenanza municipal 7017 para operar como jardín maternal, ya que no tenía espacio suficiente para mantener ambas actividades en forma independiente. Sin embargo, en 1998, el municipio autorizó la transferencia del comercio ilegal a las actuales propietarias, María Driano, Noemí Núñez y Mariana Buchniv. En enero de 1998 ellas ofrecieron dar de baja la habilitación como Jardín de Infantes y dedicar todo el espacio a Jardín Maternal. La oferta fue aceptada y por expediente Municipal 11012-B-98 se habilitó el jardín maternal con capacidad para 32 alumnos. El 16 de julio de 1998 el intendente Melchor Posse firmó el decreto 1261 que eximió a Tribilín del pago de las tasas minicipales. Peor aún el decreto 993/01 que volvió a conceder la exención de la tasa de Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública lleva la firma del propio Gustavo Posse, quien ya había heredado el cargo de su papá. Para que todo quede en familia, la suegra de Gustavo Posse, María de los Angeles Broggi, es la directora de Educación, responsable del descontrol. Entre la documentación secuestrada en el aparatoso allanamiento televisado en vivo, durante el cual se demolió la puerta a mazazos como si no quedaran cerrajeros en San Isidro, figuran las declaraciones juradas a la Dirección de Rentas desde 1997 hasta 2009, las boletas de impuestos municipales que llegaban a nombre de las imputadas como titulares y detallando el rubro de Guarderias y Jardines de Infantes y la constancia municipal de cobro del derecho de publicidad por el cartel a la calle de Tribilín. El Libro de Inspecciones de la Municipalidad de San Isidro prueba que las visitas oficiales se sucedieron en forma regular hasta 2011, sin que nunca se detectara ninguna irregularidad ni se exigiera la autorización provincial como marca la ley. Al declarar ante el fiscal Franco Servidio, la vecina Florencia Costagli contó que cuando estacionó su auto cerca del portón de ingreso a Tribilín, la directora le dijo que no podía hacerlo. La vecina respondió que dejaría de hacerlo sólo si el municipio lo prohibía. “Efectivamente, dos días después se presentó el personal de la Municipalidad y pintó el cordón de amarillo, por lo que la dicente no estacionó definidamente más”. En vez de allanar el municipio, con esas constancias Servidio elevó copia al fiscal general de San Isidro, Julio Novo, “en virtud de la posible comisión de un hecho ilícito que pudiera tener como presunto autor/es funcionario/s dependiente/s de la Municipalidad de San Isidro”. El mecanismo consiste en elevar el expediente al fiscal de delitos complejos, un cargo que existe en todos los departamentos judiciales de la provincia. Esas fiscalías descentralizadas son pagadas por los propios intendentes, que así se garantizan la impunidad. Pero en este caso Novo, que tiene un pedido de juicio político en la Legislatura por obstaculizar la investigación de un fiscal de primera instancia sobre una organización de traficantes de estupefacientes, deberá decidir cuál de sus alianzas políticas mantiene: con Posse, quien postula el acuerdo de la UCR con Maurizio Macrì, o con Massa, quien ya extendió su influencia al municipio de San Fernando y avanza ahora sobre San Isidro. Macrì desespera a sus propios colaboradores con un grado de espontaneidad incontrolable, que lo lleva a propuestas extravagantes para alguien en campaña proselitista, como terminar con las transmisiones gratuitas de los partidos de fútbol.

Trending topic

En esto coincide con el gobernador de Córdoba, José de la Sota, quien intentó prohibir la Televisión Digital gratuita pretextando una infracción ambiental de sus antenas, que no se sostuvo en el expediente administrativo. Hasta ahora, De la Sota no ha conseguido sustentar con hechos su dura retórica en contra del gobierno. Debió reponer las antenas de la TDA, del mismo modo que tuvo que desistir del amparo que ya le había concedido un juez de su provincia para no pagar una cuota de la deuda contraída con el Banco Nación. No había reparado que al haber utilizado un fideicomiso, el default de esa cuota tornaría exigibles de inmediato todas las deudas provinciales. Su expectativa está puesta en la Corte Suprema de Justicia, que en diciembre ya trató una propuesta de su miembro Juan Carlos Maqueda para zanjar a favor del gobernador su reclamo contra la Anses por 600 millones de pesos. Ahora la Anses recusó a Maqueda, quien fue ministro de De la Sota. Dotado de la audacia que le falta a Scioli, el cordobés carece de cualquier otro atractivo lo cual dificulta su proyección nacional, pese a la simpatía con que lo trata la prensa opositora. Otra alternativa política que intenta ocupar algún espacio se alinea con el ex gobernador santafesino Hermes Binner. Pese a sus tribulaciones por la conexión narcopolicial que estalló en las manos de su delfín Antonio Bonfatti, Binner es el único político argentino que logró ubicarse como trending topic mundial con un tweet de envidiable creatividad, tanta como las originales especulaciones con que Beatriz Sarlo imagina el futuro del sistema político. En cualquier caso, se comprende la calma con que a pesar del desgaste y los errores de los que no está a salvo Cristina encara los meses que faltan hasta la cita en las urnas, donde tratará de seguir perfilando una fuerza propia sin aspiraciones de monolitismo pero de creciente homogeneidad.