EL PAíS › CONDENARON AL EX SECRETARIO DE TRANSPORTE POR INTENTO DE SUSTRACCIóN DE PRUEBA

Seis meses en suspenso para Jaime

El Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba consideró que Jaime intentó esconder durante un allanamiento tarjetas que podían ser usadas como pruebas en su contra. El abogado del ex funcionario asegura que ese hecho nunca ocurrió.

 Por Raúl Kollmann

El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime fue condenado ayer a seis meses de prisión en suspenso en una causa derivada del expediente en el que se le imputa enriquecimiento ilícito. La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, que consideró que Jaime intentó esconder una prueba: tarjetas de presentación en las que figuraba como director gerente de la empresa Cerro Motors. El policía que supuestamente hizo el allanamiento aseguró que el ex funcionario se guardó las tarjetas en un bolsillo y que ante una advertencia suya las volvió a entregar. Pero las tarjetas nunca aparecieron, pese a que los que hicieron el procedimiento aseguraron que se pusieron en un sobre lacrado y ese sobre se abrió sin novedades en el juzgado de Norberto Oyarbide, en Comodoro Py. La defensa de Jaime afirmó que las tarjetas nunca existieron, que él nunca tuvo cargo en Cerro Motors, que el policía delegó el allanamiento y que ni los testigos de la medida ni los policías que llevaron adelante el allanamiento advirtieron ese incidente, que tampoco está reflejado en el acta. Jaime afronta acusaciones mucho más graves, sobre todo las que tienen que ver con el enriquecimiento ilícito; las dádivas, favores que le habrían hecho empresas a las que debía controlar y la tragedia de Once.

En el expediente sobre enriquecimiento ilícito, Oyarbide ordenó el 7 de junio de 2010 el allanamiento de una propiedad de Julieta, la hija del funcionario, en Villa Carlos Paz. El tribunal dio por probada la acusación del fiscal Maximiliano Hairabedian, quien sostuvo que Jaime se metió en el bolsillo las tarjetas personales que lo señalaban como director de Cerro Motors en tiempos en que era funcionario. Durante las dos audiencias del juicio declararon el policía federal Miguel Angel Maidana, encargado de dar custodia al allanamiento, y la contadora Eleonora Fesser, enviada a Córdoba por el fiscal Carlos Rívolo. Ambos dijeron que Jaime intentó guardarse las tarjetas, que Maidana le advirtió que las devolviera o en caso contrario lo arrestaría, por lo que el funcionario las devolvió. El delito por el que fue condenado es el de sustracción de prueba en grado de tentativa.

Los fundamentos del fallo se conocerán el martes, pero el defensor de Jaime, Marcelo Brito, fue durísimo: “Este es un hecho de corrupción en la Justicia. Cuando se dicta una fallo de esta arbitrariedad no hay error, hay corrupción. Los jueces dejaron de ser jueces”.

Brito sostuvo que las tarjetas no existieron: “Ya está acreditado que Jaime nunca tuvo ningún cargo en Cerro Motor, a tal punto que esa hipótesis, que se contempló en la causa por enriquecimiento ilícito, hasta fue desechada por el fiscal Rívolo. Sin embargo, la contadora enviada por Rívolo, Eleonora Feser, es la única que dice haber visto esas tarjetas y se contradijo con el policía Maidana, que afirmó que vio tarjetas, pero que no sabe a qué se referían. Los dos testigos convocados para el allanamiento dijeron en el juicio que no vieron que haya ocurrido nada anormal y lo mismo sostuvo el policía que estuvo en el procedimiento. Lo que demuestra que las tarjetas nunca existieron es que todo lo secuestrado se guardó en dos sobres, que fueron lacrados y firmados por el secretario letrado de Oyarbide, Jorge García Davini, quien también viajó a Córdoba. Sin embargo, cuando esos sobres llegaron a Buenos Aires, las tarjetas no estaban, pese a que el lacrado y el fajado no registró anomalías. La otra prueba contundente de que las tarjetas no existieron –redondeó Brito– es que no figuraron en el acta del allanamiento ni tampoco figura el incidente”.

Jaime afronta causas y juicios orales de otra envergadura y está imputado en delitos mucho más graves, como enriquecimiento ilícito –que es la base de las sospechas en su contra–, con un embargo de 40 millones de pesos, dádivas, otorgamiento de subsidios que no correspondían, pagos con sobreprecios y otras irregularidades, además de su imputación por la tragedia de Once.

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El ex secretario de Transporte durante el juicio en su contra.
Imagen: DyN
 
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