EL PAíS › EN JUJUY COMIENZA EL SEGUNDO JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Los represores del penal de Villa Gorriti

Entre los acusados están los militares Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Orlando Vargas y cinco agentes penitenciarios que actuaron en el centro clandestino que funcionó en esa cárcel durante la última dictadura.

El salón de actos del Colegio de Abogados de San Salvador de Jujuy, que conserva entre sus socios a un militar imputado por un fusilamiento antes del golpe de Estado, será sede desde hoy a las 9.30 de un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en esa provincia. En el banquillo estarán seis de los represores que actuaron en el penal de Villa Gorriti, uno de los tantos convertidos en centros clandestinos durante la última dictadura, tal como se probó en los procesos realizados en Córdoba, Chaco o Chubut. Los organismos de derechos humanos de Jujuy manifestaron ayer su respaldo al segundo juicio de lesa humanidad en la provincia y denunciaron una “campaña mediática” en defensa del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, con procesamiento confirmado en segunda instancia en la causa conocida como La Noche del Apagón.

El ex general Luciano Benjamín Menéndez, principal responsable del ex área militar 323, de la que dependían los centros de detención jujeños, tiene procesamiento firme por los casos que llegan a juicio, pero no estará entre los acusados porque afronta causas en otras provincias. El principal acusado será el ex interventor del servicio penitenciario provincial y, por ende, ex jefe de la cárcel de Villa Gorriti, Antonio Orlando Vargas, quien ya fue condenado a 25 años de prisión en el primer juicio que se realizó en Jujuy. Vargas está detenido en el penal de Ezeiza y seguirá las audiencias por videoconferencia.

Los otros cinco imputados son ex guardiacárceles del servicio penitenciario: César Darío Díaz, los hermanos Carlos Alberto y Orlando Ricardo Ortiz, Mario Marcelo Gutiérrez y Herminio Zárate. El juicio es el producto de la acumulación de cuatro causas. Entre las víctimas se encuentran la docente Dominga Alvarez de Scurta y Osvaldo José Gregorio Garibaldi, ex empleado del Ingenio Ledesma, ambos desaparecidos. También se juzgarán las torturas y asesinatos de Jaime Rafael Lara Torrez, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera y Jorge Ernesto Turk Llapur.

Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy resaltaron ayer, en una conferencia de prensa, la importancia del nuevo juicio, que se da en el contexto del avance de las imputaciones contra los partícipes civiles del terrorismo de Estado. Judith Lara, hermana de Jaime Lara Torrez, detenido-desaparecido el 10 de junio de 1976, recordó que su hermano fue sacado de su casa en mayo de ese año en el barrio Los Perales, luego de arribar por lo menos cuatro vehículos con sus captores. Con relación a la campaña mediática en defensa de Pedro Blaquier, la titular de Madres y Familiares, Inés Peña, manifestó que en el programa Sin límites, que se emite por el Canal 7 de Jujuy, le negaron a la entidad el derecho a réplica sobre expresiones de Horacio Aguilar, uno de los abogados del empresario, hecho que fue denunciado ante la Afsca. “Salió diciendo mentiras y descalificando hechos que han sido investigados por la Justicia sobre las denuncias que pesan sobre Blaquier y el ex administrador del ingenio Alberto Lemos”, enfatizó Peña.

Al Tribunal Oral Federal que llevará adelante el proceso lo presidirá la jueza Fátima Ruiz López, secundada por los vocales Daniel Morín y Federico Díaz. El tribunal informó que autorizará la difusión por medios audiovisuales de tres tramos del juicio: los actos iniciales (apertura y declaraciones de los imputados), los alegatos de las partes y la lectura de la sentencia. En representación del Ministerio Público Fiscal estarán los fiscales Francisco Snopek y Pablo Pelazzo. Más de medio centenar de testigos declarará los miércoles y jueves de septiembre y octubre, a partir de las 9.30, en la sala de audiencias del Colegio de Abogados jujeño, que tiene entre sus socios a Eduardo Carrizo Salvadores, uno de los imputados en el proceso por la Masacre de Capilla del Rosario, en Catamarca, por el fusilamiento de un grupo de combatientes del ERP que se entregaron con vida en agosto de 1974. Pese al reclamo de los organismos, el Colegio se niega a expulsarlo con el argumento de que no tiene condena firme.

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Los organismos de derechos humanos jujeños destacaron la importancia de la causa.
Imagen: Télam
 
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