Un conjunto de organizaciones sociales, gremiales, políticas y académicas realizó ayer una conferencia de prensa en el Anexo de la Cámara de Diputados para reclamar la inclusión de la función social de la propiedad en el nuevo Código Civil. Los referentes reclamaron la reincorporación del concepto eliminado en el dictamen de mayoría y que se incluyan otras herramientas jurídicas que permitan mejorar el acceso al suelo, el territorio y la vivienda adecuada.

Con la presencia de una gran cantidad de organizaciones, el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, enfatizó en la apertura que “el acceso a la tierra urbana y rural es el problema social más grave que tiene la Argentina y es irracional prestar tanta atención a sus consecuencias, como la inseguridad, la violencia y el comercio de narcóticos y no ocuparse de la causa, que son las condiciones intolerables de vida de millones de personas”.

Distintos referentes hicieron uso de la palabra en representación de distintas organizaciones que adhirieron al planteo. Entre otras, Habitar Argentina, Movimiento Nacional Campesino Indígena, CTA, Movimiento Evita, Curas en Opción por los Pobres, Instituto del Conurbano de la Universidad de General Sarmiento, Foro de Organizaciones de Tierra e Infraestructura y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.

Las intervenciones resaltaron la relación que existe entre las dificultades del acceso al suelo, la tierra y la vivienda y otro tipo de conflictos sociales que generan violencia y exclusión. Javier Goldín, de la Red Habitar, apuntó que esta falta de regulación por parte del Estado deja huérfanos a los sectores populares que se vuelven más vulnerables frente a los mercados informales. “Pueden decidir no atenderlos, pero los pobres en algún lado tienen que vivir”, afirmó.

El diputado Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, se refirió al peso de la falta de tierra y vivienda para los sectores de menores recursos en las barriadas del conurbano. También remarcó el compromiso de seguir generando espacios de debate para que el código se enfoque en la inclusión de las necesidades de los sectores populares. Raúl Fernández Wagner, del Instituto del Conurbano (UNGS), subrayó la necesidad de incorporar medidas como, por ejemplo, en Brasil, con impuestos progresivos al suelo ocioso y una prescripción adquisitiva reducida a 5 años. Por su parte, desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena, Victoria Gauna sostuvo que “de la función social de la propiedad depende que el campesinado siga existiendo en la Argentina”.