EL PAíS › LA REFORMA DE LA LEY PENAL LLEGA A LA ETAPA FINAL DE DEBATE Y AJUSTE ANTES DEL CONGRESO

Lo que trae el nuevo Código

Roberto Carlés coordina la comisión que preside Raúl Zaffaroni y que está ajustando el texto a las propuestas y críticas serias que recibieron. El papelón de la campaña de Massa, los temas que realmente importan.

 Por Irina Hauser

“Todo el debate que hubo debería haber servido a esta altura a los legisladores para comprender que hace falta una reforma integral del Código Penal” y que “no se trata simplemente de decidir cuánto tiempo se va a encerrar a un delincuente”, dice Roberto Carlés, el coordinador de la comisión de reforma que preside Raúl Zaffaroni e integran Ricardo Gil Lavedra, León Arslanian, Federico Pinedo y María Elena Barbagelata. Esta semana el Ministerio de Justicia terminó de recibir decenas de críticas y propuestas de universidades y otras instituciones. Ninguna, cuenta Carlés, se hizo eco de los eslóganes de Sergio Massa. La excepción son algunos planteos sobre la ya famosa “reincidencia” que incluso, anuncia, se pueden llegar a incorporar en la versión definitiva del anteproyecto a través de agravantes ante la reiteración de una conducta delictiva. Los cortes de calle, usurpaciones, el aborto, la prescripción para las personas jurídicas, ciertas formas de corrupción y hasta los delitos cometidos por extranjeros fueron tema de algunas presentaciones. Se prevé que la comisión también debata otros con anclaje en la actualidad, como el delito de desabastecimiento. En octubre se volvería a reunir, y en el Poder Ejecutivo aspiran a que antes de fin de año esté el proyecto final presentado. “Una reforma penal exige responsabilidad política, dejar a un lado las estrategias fáciles y cortoplacistas, y dar, de cara a la sociedad, el debate. Un excelente primer paso sería dejar de buscar chivos expiatorios”, advierte el penalista.

–¿Cuáles fueron las principales objeciones que recibió?

–El Anteproyecto se presentó públicamente el 21 de abril en la Facultad de Derecho de la UBA luego de casi dos meses de muchas polémicas y poco debate. Siguiendo una idea que siempre tuvo la comisión, el Ministerio habilitó un período de noventa días de consultas a universidades de todo el país, públicas y privadas. Ese período se prorrogó y fueron cuatro meses.

–¿Por qué, en un primer momento, el proyecto se presentó con poco debate, como un producto cerrado? Eso generó críticas.

–Lo que ocurrió fue que comenzó a circular una versión del anteproyecto y así fue como mucha gente conoció la propuesta. No se planificó bien cómo se comunicaría, lo que es importante en temas tan sensibles para la opinión pública, y que además se prestan a manipulaciones, como finalmente ocurrió. El 1º de marzo la Presidenta anunció ante la Asamblea Legislativa, que en el curso de este año enviará al Congreso un proyecto de Código Penal. Inmediatamente, sin conocerlo en detalle, y sin conocer mucho de la materia, Sergio Massa respondió con una campaña de difamación que sí estaba bien planificada. De todos modos, antes, en los dieciocho meses de elaboración del anteproyecto, todo interesado pudo enviar sus propuestas a la comisión a través de un sitio web habilitado por el Ministerio de Justicia, y recibimos trescientas setenta y seis, la gran mayoría de ciudadanos, no académicos ni profesionales del derecho.

–¿Qué consecuencias tuvo la campaña de Massa?

–Confundió mucho a buena parte de la opinión pública, a no pocos comunicadores, y acobardó a varios dirigentes políticos cuyos partidos habían estado representados en la comisión.

–¿Es posible revertir esa imagen que se instaló?

–Hubo algunos temas sobre los que deliberadamente se sembró confusión, como la reincidencia. Se dijo que sería lo mismo robar una que cien veces o violar una que cien veces. Así lo decía la campaña “No al Código Penal”. Era gracioso, a veces se olvidaban incluir el “nuevo” en la consigna y parecía una propuesta abolicionista. Se invirtió mucho dinero en esa campaña, que le permitió a Massa tener mucha visibilidad pública por algunas semanas, con el apoyo de algunos medios. Ese tipo de malentendidos no son fáciles de revertir, pero hemos trabajado para eso, con excelentes experiencias en todos los encuentros. La campaña en contra se tornó tan burda, tan evidentemente basada en mentiras, que les resultó difícil sostenerla en el tiempo. Ahora estamos evaluando las propuestas, observaciones, críticas y adhesiones recibidas. Esperamos que el Ministerio de Justicia nos mande las de universidades.

Reincidencia

–Volviendo a lo inicial: ¿Qué críticas formales recibieron y qué propuestas?

–Hubo interesantes observaciones de parte de académicos y grupos de investigación. Por ejemplo, criticaron el plazo de prescripción de seis años previsto para las personas jurídicas, por considerarlo exiguo. Nos dicen que no debería diferenciarse de las personas físicas. Actualmente las personas físicas (como las empresas) son penalmente responsables por pocos delitos, financieros y los tributarios. El anteproyecto amplía el número de delitos y establece un sistema sancionatorio. Hay que analizar el tema de la prescripción porque en el caso de una empresa, por ejemplo, el proceso penal podría condicionar su propia existencia. En materia de criminalidad económica, el Seminario sobre Delitos Societarios Instituto de Investigaciones Jurídicas Ambrosio Gioja nos propuso la inclusión del delito de peculado culposo: que sea penalmente responsable el funcionario que, por negligencia en su función, da ocasión a que otra persona sustraiga fondos o bienes cuya administración, percepción o custodia le hubiere sido confiada en razón de su cargo.

–¿Nadie se metió con las penas alternativas y el reemplazo de la reincidencia?

–El que se tomó la molestia de leer el anteproyecto habrá encontrado que el haber recibido condenas previas sigue siendo un hecho relevante para poder acceder, o no, a las penas alternativas que reemplazan a la libertad condicional y a la condenación condicional, o a la suspensión del proceso a prueba. En las presentaciones que vi hasta ahora no se plantea este tema, pero apareció en debates y audiencias públicas, y falta ver lo de las universidades. Por ejemplo, se ha planteado la posibilidad de incluir la reiteración de conductas delictivas como circunstancia agravante. Es probable que la Comisión vuelva a debatir incluir una agravante genérica, quizá de reincidencia específica, es decir, de agravamiento de la pena por repetición de igual delito o de otro similar o que atente contra el mismo bien jurídico, o que esté en el mismo Título del Código. Este es el único tema vinculado con las críticas iniciales y de mayor resonancia, que se debatió seriamente y sobre el que hemos escuchado propuestas. De cualquier manera, esto nada tiene que ver con las consignas de impacto, como “violar una o cien veces será lo mismo”, o la famosa puerta giratoria, que está trabada hace rato. Las penas alternativas no han recibido críticas. Sí hay dudas respecto de la estructura y la capacidad de las agencias estatales, de controlar y brindar asistencia a los liberados.

–Entonces, ¿la comisión tiene previsto modificar el anteproyecto?

–Al abrirse una etapa de consultas y debates es más que probable que sufra modificaciones. También habrá que ver cómo impactó en cada uno de los miembros de la comisión todo lo que sucedió este tiempo, desde la campaña difamatoria político-mediática, hasta el desplante de sus partidos, en algunos casos, la carta del Papa a la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología hasta el discurso populachero que baja el secretario de Seguridad.

–¿Toda la campaña que mencionó hará que cambien de ideas los miembros de la comisión?

–Por la actitud que han tenido, incluso cuando fueron desautorizados por sus partidos, creo que están convencidos de que han hecho una gran tarea. Y la han hecho: hacer un Código Penal no es tarea sencilla y que lo hayan hecho cinco personas, con ideas y visiones políticas distintas, incluso antagónicas, parece un milagro. Al margen, al hacerse público el debate, que tomó otra dimensión, quizá hayan repensado o cambiado de opinión sobre algún tema concreto. Hoy en día hay especialistas en todo, que enriquecen la mirada: cuestiones tributarias, ambientales, de género, delitos informáticos, bioética, hasta las cuestiones más absurdas.

–Un tema cantado que recibiría observaciones era el del aborto, que no sólo no se eliminó, sino que incorporó variantes, ¿qué les plantearon?

–El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fue muy crítico. Cuestiona que se mantenga el delito de aborto y que se haya incorporado el tipo de lesiones al feto. Dicen que implica el reconocimiento de un nuevo status jurídico, diferente al de la mujer que lo está gestando, equiparándolo con una persona nacida. No creo que sea así. No lo sería aun en el supuesto en que lo hubiéramos denominado “lesiones a la persona por nacer”. Se trata de una figura que tiene por finalidad proteger a la mujer, porque reprime conductas que causan a un feto una lesión o enfermedad que perjudique gravemente su normal desarrollo o provoque en él una grave tara física o psíquica. Se trata, obviamente, de golpes, de la administración de tóxicos, de una mala praxis médica.

–De los temas en boga últimamente, como cortes de calle o delitos cometidos por extranjeros, ¿ha habido observaciones?

–Hubo críticas a la tipificación del delito de interrupción de servicio, que incluye los cortes de ruta, y que se haya mantenido el delito de usurpación, cuando en realidad se trata de conflictos que podrían resolverse por vía civil o administrativa. En otro orden, un abogado que suele aparecer frecuentemente en los medios, propuso retomar disposiciones previstas en un proyecto de ley de la Dirección Nacional de Migraciones para que ante un procesamiento firme, el imputado extranjero pueda optar por abandonar el territorio nacional, con impedimento de ingresar hasta la prescripción del hecho cometido. Esto, desde ya, nada tiene que ver con la descabellada y peligrosa idea de expulsar e impedir el regreso al país, por siempre, de todo extranjero que sea detenido, ni tampoco implica un trato discriminatorio respecto de los condenados argentinos, como el propuesto por el secretario de Seguridad. Otro punto que recibió críticas es que no se especifique en qué consisten los apremios ilegales. Sería bueno introducir elementos descriptivos que diferenciaran estas conductas de las torturas y de los malos tratos. Si bien la jurisprudencia ha establecido criterios, no siempre han sido homogéneos. Valdría la pena un refinamiento técnico, no sólo pensando en el aspecto sancionatorio o represivo, sino en la prevención de estas conductas.

–El proyecto para cambiar la ley de abastecimiento, ¿llevará a cambios en el anteproyecto del Código?

–Si es aprobada la ley de regulación de las relaciones de producción y consumo, la comisión va a tener que discutir si mantiene o no la propuesta de conservar el delito de desabastecimiento. El proyecto de ley propone eliminar los delitos vigentes y así lo ha dicho la propia Presidenta. Veremos si la comisión comparte el criterio. Las críticas que recibimos señalan que acotamos demasiado el tipo (desabastecimiento) y que deberíamos incluir otras conductas. El profesor Carlos Cruz ha expresado que debería eliminarse el requisito de que el desabastecimiento o el provocar un alza inmoderada en los precios tenga la finalidad de perjudicar a los consumidores, ya que esas conductas, de por sí implicarían generar perjuicios para los consumidores, pero también para otros agentes económicos. La comisión tuvo ya, respecto de la legislación vigente, una perspectiva reductora, es decir, la intención de acotar el alcance de ese delito, que hoy es más amplio. Las críticas que nos llegaron proponen mayor severidad, en general, con la criminalidad económica. Pero el proyecto de ley de regulación de las relaciones de producción y consumo despenaliza todas esas conductas, confiriéndole mayores atribuciones a la administración.

–¿Va a haber retoques en las penas máximas y/o mínimas de algunos delitos en el anteproyecto?

–Todo puede ser debatido y todo puede ser objeto de modificaciones, en el sentido de las propuestas recibidas o de las que presenten los propios miembros de la comisión. Las escalas penales no son la excepción.

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Roberto Carlés defiende la seriedad del debate, que incluyó meses de consultas con universidades.
 
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