EL PAIS › POLITICAS DE IMPULSO AL CONSUMO, PULSEADA CON LOS FONDOS BUITRE Y LA RESPUESTA EMPRESARIA

Hora de definiciones para el sector industrial

Cómo contesta el Gobierno a los “vientos de frente” que llegan del exterior. La apuesta oficial al consumo y la reticencia empresaria. Problemas estructurales no resueltos y los límites del mercado frente a la crisis coyuntural.

 Por Raúl Dellatorre

Ante una coyuntura económica con varios frentes de ataque a la vez, el gobierno nacional busca mostrar decisión de responder en varios de ellos al mismo tiempo: en el de la deuda (fondos buitre), con la promulgación de una Ley de Pago Soberano; en la reactivación del consumo interno (Plan Ahora 12 y Pro.Cre.Auto); y en el de la disputa por las divisas de la balanza comercial (importaciones de la industria automotriz). A ello se sumará esta semana la votación en el Congreso del paquete de leyes que regule la relación entre producción y consumo. Estar en varios frentes al mismo tiempo no es lo que aconsejan los estrategas, pero para el Ejecutivo no hay alternativa. El objetivo es preservar una política de inclusión amenazada por quienes quieren verla (y hacerla) estallar. El “premio”, si lo logra, sería poder salir de la trampa tendida por la fórmula “desorden económico, aceleración de precios y mayor conflictividad social”, y transitar 2015 con la situación económica controlada. La inmovilidad, en cambio, equivaldría a quedar sometido a una dinámica de desgaste impulsada por algunos comportamientos empresarios y de parte del sindicalismo opositor.

Deuda y fondos buitre

El gobierno argentino logró un éxito político resonante en la ONU con el respaldo abrumador que obtuvo su propuesta de discutir una convención internacional para regular las reestructuraciones de deuda soberana, impidiendo el bloqueo de parte de un puñado minoritario pero poderoso de capitales especulativos de alto riesgo. Enfrentados a la propuesta, sólo quedaron los países con los centros de negocios más vinculados al bloque de poder financiero mundial (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón) y algunos, muy pocos, de sus principales socios políticos. Esta votación, con valor político pero no práctico inmediato, podría tener un encadenamiento con los probables pronunciamientos que antes de fin de año puedan darse en la reunión del G-20 pero, principalmente, en la cumbre de presidentes de la Unasur (reactivada con la designación de Ernesto Samper como nuevo secretario general), prevista para noviembre en Montevideo. El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, anticipó el jueves último, refiriéndose a ese encuentro, que deberá atender “la necesidad de asumir una postura de mayor beligerancia, iniciativa y acción en defensa de Argentina ante la agresión de los fondos buitre (...), un nuevo modelo de sometimiento a través de la deuda que se está ensayando, pero no sólo contra Argentina”.

En ese marco, el gobierno argentino puso en vigencia en la última semana un mecanismo para dar respuesta a la obligación de pago con los bonistas del canje, teniendo en cuenta el bloqueo del juez Thomas Griesa a la vía de liquidación prevista en los contratos de deuda vigentes (Bank of New York), abriendo una ventanilla alternativa para el próximo vencimiento del 30 de septiembre. La postura oficial cuestiona la resolución del juez neoyorquino y a la vez ratifica la voluntad de pago en los términos del canje de 2005. Siguiendo una misma línea estratégica desde que la Justicia norteamericana le dio la espalda, el gobierno argentino busca asociarse a la suerte de los bonistas, reclamando también de éstos una actitud de acompañamiento.

Ejercicios de reanimación

Más allá de las voces que internamente busquen adjudicar a “la falta de resolución del conflicto con los holdouts” la causa de todos los males internos, en el plano local se siguen poniendo en marcha distintas formas de contrarrestar el impacto negativo que viene desde el exterior, y no sólo por “el problema buitre”. El lanzamiento del programa de financiamiento en doce cuotas, sin interés, para la compra de bienes de consumo durables es una respuesta para estimular el gasto privado proponiendo otra vez –como a lo largo de este ciclo iniciado en 2003– al consumo como motor de impulso al crecimiento económico.

El diagnóstico a partir del cual se espera una reacción favorable y consistente al programa Ahora 12 parecería incuestionable: el freno al crecimiento económico se explica, en parte, por el temor de las familias a quedar “enganchadas” en un crédito a tasas altas en un clima de incertidumbre (léase: inflación esperada elevada y dólar amenazante), por la compra de un producto muy encarecido. Si el nuevo plan ofrece precios accesibles, aquellas expectativas “alcistas” jugarían a favor de la decisión de comprar en cuotas fijas y sin interés. Faltaría ver cuál será la respuesta de la oferta. Si fuera similar a la de las automotrices, que retacearon las unidades frente al programa Pro.Cre.Auto, el problema sería otro. Las características de los sectores fabricantes (textiles, electrodomésticos, pequeños rodados) hace suponer que no habrá boicot.

El caso de las automotrices tuvo, en la semana, una secuencia intensa, reveladora en parte e intrigante en otro sentido. Reveladora de las condiciones en que se desarrolló el sector en estos años, con altos beneficios a nivel de terminales, escaso desarrollo de proveedores locales y, en definitiva, con un altísimo costo para el país en materia de divisas, por una balanza neta negativa (importa más de lo que exporta). Intrigante por la respuesta a un programa que supuestamente iba a beneficiar al sector, promoviendo las ventas domésticas, y que no fue otra que el boicot por parte de las terminales retaceando la oferta de autos. La razón de tal actitud: presionar para que el Gobierno les cediera las divisas que reclaman para importar. La última respuesta –las negociaciones seguirán– es que habrá un cupo de dólares para importar piezas, pero no para unidades terminadas. Un ordenamiento que llega para resolver coyunturalmente lo que no se corrigió, en diez años, estructuralmente.

La actitud empresaria

En un reciente artículo publicado por la Universidad Nacional de General Sarmiento, el economista e investigador Ricardo Aronskind analiza, precisamente, el desarrollo de la política económica del kirchnerismo, su relación con los sectores empresarios nacionales y las dificultades que se originan en “los problemas estructurales no resueltos”. Problemas que definen, de algún modo, los interrogantes del presente y futuro, tal como queda reflejado en el mismo título del artículo: “Crisis coyuntural: entre la profundización y el retroceso”. En alguno de sus párrafos destacados, señala:

“Durante toda la gestión kirchnerista, el Estado nacional ha promovido, subvencionado y protegido en forma amplia al sector industrial local (...). Pero a pesar del notable crecimiento industrial y también de sus exportaciones, las características heredadas por el sector, en muchos casos, no cambiaron. No mejoró significativamente su competitividad internacional ni el perfil de la inserción internacional del país (...). No surgieron nuevos actores dinámicos con presencia significativa en el viejo entramado industrial.

”En el terreno político no se registró, en todo el período kirchnerista, un apoyo firme y sin ambigüedades desde el sector industrial al gobierno, ni siquiera cuando peligró su estabilidad por el embate del sector agrario. En 2009, el Estado nacional debió realizar una política muy activa y costosa para frenar la ola de despidos que el sector industrial se aprestaba a realizar. Esa actitud empresaria, basada más en expectativas que en hechos concretos, hubiera tenido efectos recesivos sobre el propio mercado interno, que el Estado debió compensar con mayor gasto público.

”Nuevamente en la crisis devaluatoria reciente (enero de 2014), el comportamiento masivo del sector industrial no reflejó ningún tipo de compromiso con el Estado ni con el mercado interno en el que opera, al incrementar desproporcionadamente los precios y golpear al salario real de los trabajadores. La eventual contracción de la actividad económica y de la demanda interna (en consecuencia), guardaría estrecha relación con el modo en que la llamada burguesía nacional ha reaccionado frente a las recientes dificultades económicas.”

La precisa descripción de actitudes del empresariado que realiza Aronskind desnuda las contradicciones del sector industrial a la hora de defender sus intereses, y a la vez complementa el análisis de la falta de representatividad de las organizaciones que se erigen como voceras del mismo, formulado en la edición de ayer de Página/12 por Alfredo Zaiat en su Panorama Económico. A su vez, estas incoherencias proyectan una debilidad o, al menos, un riesgo de parte de las políticas públicas en favor de la industria, ya que la respuesta de los sectores a los que se busca beneficiar pareciera estar mediada por las especulaciones que puedan hacer en función de sus expectativas o las que les impongan los sectores dominantes, aun contra sus propios intereses.

En la respuesta que reciban las actuales políticas de estímulo de parte del empresariado se juega no sólo una chance de reactivación de la economía para lo que resta del año. En un plano más general pero en un mismo escenario, aparecen: la presión devaluatoria por parte de sectores que alientan la fuga hacia el dólar como “refugio”; la conflictividad social alimentada por suspensiones y despidos “preventivos” para preservar la continuidad de las unidades productivas; y el estancamiento económico por las decisiones de “no vender” y “no comprar” ante imprecisas “expectativas desfavorables”. El vínculo entre todos esos elementos es el mensaje de un núcleo de especuladores que buscan sacar provecho financiero del fracaso de la actual política y de un sector del establishment que busca el mismo resultado, apostando a una “restauración noventista” en el próximo período de gobierno.

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Axel Kicillof, ministro de Economía. Políticas de apoyo a la fabricación nacional que no siempre reciben las respuestas que se esperan.
Imagen: Joaquín Salguero
 
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