Hoy se cumplen treinta años de la entrega del Informe Final de la Conadep, uno de los hitos del proceso de verdad y justicia en nuestro país. La solidez del conocimiento acumulado por la Conadep sobre el funcionamiento del terrorismo de Estado permitió fundar la acusación del Juicio a las Juntas y su aporte se extiende a los juicios que se desarrollan en la actualidad. Las tramas cívico-militares que hoy se investigan –integradas por miembros del clero, jueces y fiscales, funcionarios del Poder Ejecutivo y empresarios– están señaladas en el Nunca Más. La trayectoria expandida de la Conadep pone en evidencia el enlace entre las diferentes estrategias de construcción de verdad y de justicia en la Argentina y su impacto en la consolidación de una memoria social condenatoria de los crímenes. Al mismo tiempo, es una experiencia pionera que más tarde siguieron otros países del mundo en su intento por elaborar pasados traumáticos.

Cuando en abril de 1983, el entonces presidente de facto Reynaldo Bignone presentó el Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo, y unos meses después estampó su firma en la denominada Ley de Autoamnistía quedó claro que la estrategia elegida por las Fuerzas Armadas y sus cómplices civiles era la negación de todo lo ocurrido y la autoexculpación. En ese momento, un conjunto de organismos de derechos humanos, entre los que se encontraba el CELS, institucionalizó por primera vez la demanda por verdad y justicia: pidieron que se constituyera una Comisión Bicameral con facultades para investigar las violaciones masivas a los derechos humanos. Los organismos se proponían comprometer por anticipado a la clase política en general y al gobierno que sería electo en diciembre de ese año. En paralelo, constituyeron la Comisión Técnica de Recopilación de Datos con el objetivo de reunir y sistematizar toda la información que el movimiento de derechos humanos había acumulado. Ambas iniciativas están en el árbol genealógico de la Conadep.

Ya en democracia, la mayor parte de los organismos de derechos humanos mantuvimos el reclamo de una Comisión Bicameral capaz de garantizar mayor respaldo político y facultades más amplias para la investigación, pero acompañamos –aunque sin integrarnos– la labor de la Conadep: aportamos los archivos del CELS y de la APDH y la experiencia en el trabajo documental durante la dictadura, sumamos elementos probatorios, sugerimos a los familiares de detenidos-de-

saparecidos que hicieran lo mismo y buscamos incidir en la difusión, disponibilidad y destino de la información recopilada.

El trabajo inicial de la Conadep se organizó en torno de los testimonios y documentos que los sobrevivientes y familiares de las víctimas habían aportado a los organismos. En el transcurso de su labor, la Comisión amplió ese acervo, profundizó la investigación, abrió un espacio en el que más personas dieron sus testimonios y visitó los lugares de detención. Su trabajo permitió un pasaje fundamental: dio carácter de documento oficial a la información reunida con esfuerzo por las organizaciones de derechos humanos en plena dictadura y otorgó reconocimiento social y estatus jurídico a las víctimas. Este aporte resultó crucial para enjuiciar penalmente los crímenes, diseñar las políticas de reparación para las víctimas y reconstruir la verdad histórica sobre el terrorismo de Estado. Más allá de este reconocimiento indispensable, los organismos siempre sostuvimos la exigencia de reconstruir la verdad a partir de bases más amplias que no dependan sólo del testimonio de las víctimas ni de la buena voluntad de los perpetradores, sino de políticas activas orientadas a encontrar registros sobre el funcionamiento represivo. Acciones que requieren la decisión política del Estado en su conjunto, al que siempre consideramos responsable en primera instancia de proveer información a la sociedad sobre cada una de las personas desaparecidas.

El hecho de que la información recopilada por la Comisión siga siendo hoy una referencia fundamental, para el proceso de justicia y para las políticas públicas de derechos humanos, pone de manifiesto tanto el valor del trabajo realizado como la continuidad de un proceso histórico en el que las estrategias de verdad –como la Conadep– y las de justicia se fortalecieron mutuamente y dieron lugar a una experiencia colectiva única que es hoy un ejemplo para el mundo.

* Director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).